Mujeres con sentidos, lucha con derechos es la campaña que durante 16 días se realizará en distintos espacios de la Ciudad de México, en donde participan diferentes instancias del Gobierno del Distrito Federal y asociaciones civiles.
Patricia Patiño, directora general de Igualdad y Diversidad Social anunció que esta campaña es resultado de un trabajo colectivo que pretende hacer visible los distintos tipos de violencia que viven las mujeres en la familia, en la comunidad, en el trabajo y que en casos extremos las lleva a perder la vida.
La campaña hace referencia a los sentidos, porque se requiere el uso de éstos para que las mujeres sean conscientes de los distintos tipos de violencia que viven y a partir de ellos reconozcan los derechos que se tienen para una vida libre de violencia.
La inauguración formal de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres y las niñas tuvo lugar en el Zócalo capitalino, donde Marcelo Ebrard señaló que es inadmisible la violencia contra las mujeres y para eliminarla es indispensable la construcción de una sociedad nueva, en la que mujeres y hombres se relacionen sin violencia de ningún tipo, la cual ha sido tolerada durante años al haberse aceptado la discriminación y la exclusión, por ello el tema de la equidad es una de las prioridades de este gobierno.
Dentro del programa de actividades, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, anunció que este 27 de noviembre se realizará el Foro Mujeres Trabajadoras por la Equidad de Género en el Ámbito Laboral, donde se reflexionará sobre la violencia laboral encubierta, también conocida como mobbing.
Por otra parte, la asociación Tech Palewi dio a conocer que el 30 de noviembre se ha convocado a un grupo de niños, jóvenes y hombres destacados en distintas ámbitos, como el académico, el empresarial, el de la política y la administración pública y el artístico, participarán en un ejercicio de equidad, en el que se pronunciarán en “Un minuto contra la violencia, una vida por la equidad”, evento cuya estrategia pretende involucrar a otros hombres en la construcción de relaciones de género más sanas.
Y el 3 de diciembre se llevará a cabo el Foro Interactivo “Miradas Interdisciplinarias sobre el Maltrato e Intimidación entre Compañeras y Compañeros”, organizado por la Secretaría de Educación Pública capitalina, cuya intención es propiciar un espacio de reflexión entre especialistas en el tema y miembros de la comunidad educativa para identificar y abordar la violencia en las escuelas.
Dirección General de Igualdad y Diversidad Social
Más información: Sara Lovera 0445521095271
jueves, 27 de noviembre de 2008
Legislaciones en 7 países olvidan Belem Do Pará
AL: leyes sin voluntad política y presión social son papel mojado--
Por Sara Lovera
México DF, 26 nov 08 (CIMAC/SEMlac).- Mientras persista la tolerancia social, la impunidad y la inseguridad generalizada, en América Latina y El Caribe la normatividad para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres será sólo "papel mojado".Durante más de una década se legisló sobre violencia dentro o en el entorno familiar y se eliminó del centro a las mujeres, principales y sistemáticas víctimas del poder. La legislación ha estado obstaculizada por una cultura retrógrada, en la cual policías, jueces y funcionarios son omisos o ignorantes; la impunidad se yergue como premisa y al final queda una línea zigzagueante de papeleo, normas, reglamentos; sólo hay tres leyes integrales en toda la región.La demanda de una nueva legislación integral ha recibido portazos en la cara, como en Colombia, donde el presidente Álvaro Uribe no aceptó ley semejante, por oponerse a pagar la reparación del daño.En otros casos subsiste la insensibilidad e indiferencias diversas, como Costa Rica y Chile, donde los congresos no se han ocupado de una legislación que realmente prevenga y sancione la violencia contra las mujeres, sexual, física o psicológica, temas incluidos en la nueva corriente jurídica.En Cuba se reconoce de facto la violencia familiar, pero no se ha decretado una ley específica. Según una investigación, 90 por ciento de los 24 fiscales, abogados, instructores policiales y jueces entrevistados coincidió en la necesidad de promulgar una ley específica sobre violencia familiar, y 85 por ciento consideró como omisión grave que la legislación penal cubana resulte aplicable a situaciones reales de violencia familiar, solo cuando los hechos son constitutivos del delito de lesiones.IMPUNIDADEn algunos países, como México, sólo se resuelve tres por ciento de las denuncias de violencia; un panorama similar refieren expertas y entrevistadas de Perú, Uruguay y Colombia. "El marco legal es insuficiente y carece de instituciones coherentes y coordinadas", afirma la abogada argentina Susana Chiariti.Para Teresa Ulloa, experta mexicana, lo que hace falta es voluntad política de los gobiernos y conciencia entre las mujeres para reclamar sus derechos. Y agrega que, con frecuencia, ellas siguen siendo revictimizadas en los aparatos de justicia, mientras en la aplicación de las normas, como también sucede en Uruguay, el dictamen queda al libre albedrío de los jueces, a su subjetividad.La nueva directora de UNIFEM para América Latina y El Cribe, la abogada feminista Gladys Acosta, sostiene que la debilidad institucional hace inoperante la Convención contra todas las Formas de Violencia contra la Mujer, conocida como Belén Do Pará, que obliga a los estados a tomar todas las medidas necesarias para erradicar la violencia.Una investigación periodística del equipo de SEMlac constató que, en la última década, en Argentina, Uruguay, República Dominicana, México, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Brasil y El Salvador, se ha legislado sobre violencia familiar y, en virtud de esas leyes se crearon instituciones, mesas de trámite, programas y campañas, pero estas son inconexas, inaplicables, llenas de obstáculos y con muchas debilidades.El más grave de los resultados, como dijo Susana Chiarotti, es la impunidad, un aparato de justicia insensible y la falta de recursos económicos y de capacitación a policías, jueces y maestros.Algunos barruntos de efectividad y buenas prácticas encontró la encuesta que en 2006 realizó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para un informe evaluativo del estado de la violencia de género o contra las mujeres en América Latina, porque hay una inmensa difusión social sobre la violencia contra las mujeres.
ASUNTO DE DERECHOS HUMANOSHoy se sabe que la violencia contra las mujeres dejó de ser un asunto privado, que es un delito grave y se ha inscrito claramente en el glosario de los Derechos Humanos.Al firmar la Convención Belén Do Pará, los compromisos no se cumplen, coinciden Susana Chiarotti y Teresa Ulloa, la primera directiva del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y la segunda responsable regional de la Coalición Latinoamericana contra la Trata de niñas y mujeres.Las cifras de casos, denuncias y hechos, son, según informe de CEPAL, apenas la punta del iceberg de un fenómeno que impide el desarrollo de una vida plena y democrática en la región: la violencia contra la mitad de la población, con secuelas inenarrables, cicatrices profundas y miedo.Hoy, además, resume CEPAL, urge un cambio decidido, basado en el compromiso político, reformas institucionales en el ámbito de la justicia y la seguridad y políticas públicas que se enmarquen en la legislación internacional, con frecuencia desconocida por quienes tienen que aplicar la ley.LA LEY INTEGRALEn América Latina pocos países cuentan con leyes integrales en materia de violencia contra las mujeres: Venezuela, Guatemala y México. "En el resto contamos con marcos legales insuficientes para hacer frente a este grave problema", dijo Susana Chiarotti, también coordinadora del Comité de Expertas en Violencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CEVI- CIDH).En entrevista con SEMlac, la experta señala que hasta ahora, los Estados han cumplido sólo con parte de los compromisos internacionales que han asumido en la materia, con la firma de las convenciones sobre violencia: Belém Do Pará y CEDAW, por sus siglas en inglés.Agrega que casi todos tienen leyes que, en la mayoría de los casos, hablan de violencia doméstica o familiar, no de violencia contra las mujeres específicamente; tienen un lenguaje "neutro" en el que se desdibuja el fenómeno, como si todas las formas de violencia fueran iguales, y se abocaron solamente a la sanción, no a la prevención y erradicación.RESULTADOSPese a que la generalidad de los países reconoce la violencia contra las mujeres como una grave violación a los derechos humanos, todos los esfuerzos --que no son poca cosa-- se dirigen a la violencia familiar.Así, en dos lustros, se han creado instituciones, casas de acogida o refugios, normas específicas y algunos reglamentos que impiden al agresor volver al hogar donde perpetró las agresiones. En opinión de las expertas, estos son adelantos. Como lo es también la tipificación, en algunas legislaciones, de la agresión sexual en los centros laborales o en las cuales se ha considerado, por ley, la capacitación al personal de justicia.Los inaceptable es que, a 20 años de la aprobación de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Belém Do Pará), sólo en los últimos años Venezuela, Guatemala y México hayan aprobado leyes integrales que consideran tan importante la prevención y la erradicación, como la sanción a las conductas violentas contra las mujeres.Las indagatorias incluyen medidas importantes, como la tipificación del hostigamiento sexual en Uruguay; las cautelares o de alejamiento para el agresor, como sucede en Perú, Argentina y Venezuela; el esclarecimiento de las tipologías de la violencias en seis países o el feminicidio, único, en Guatemala, el primer país que define una norma sobre el significado del asesinato de mujeres por razones de género.En Bolivia sólo se atiende la violencia familiar, a pesar de que hace 20 años se lucha por incluir la violencia de género en los espacios públicos, como en el de la educación superior.La legislación, en siete países, es omisa a los mandatos de Belén do Pará, porque por ley o de facto se incluye la conciliación entre la víctima y el agresor, lo que diluye la gravedad del delito o impide que el agresor sea castigado, al abrirse la posibilidad de que la agredida lo perdone en ese proceso; lo que suma a la impunidad.La situación en República Dominicana hace saltar con claridad la banalización del fenómeno. Allí la norma crea hogares de acogida que establece que las víctimas se atenderán con el uno por ciento de los sorteos de lotería. Es decir, como señala el estudio de CEPAL, tampoco hay decisión política presupuestaria, ni coordinación entre los diferentes niveles del gobierno y del Estado.Para Margot Tapia, psicóloga que dirige AQUELARRE, un Centro de Atención a Mujeres Maltratadas "lo que falta a las leyes es su aplicación y que surtan el efecto de prevención, fundamental para evitar que siga reproduciéndose la violencia".Por su parte, Chiarotti detalló algunos cambios importantes: en Venezuela, a partir de noviembre de 2006, se tipificaron 19 formas de violencia contra las mujeres, incluyendo las que se ejercen en el ámbito público, desde lo comunitario, la calle y el Estado.Además, se tipifica el acoso sexual en el trabajo y la violencia contra las mujeres, ejercida desde los medios masivos de comunicación, lo cual es inédito en América Latina.En Guatemala fue aprobada una Ley de Femicidio en abril de este año y otra de Violencia contra las Mujeres. Es el primer país que establece un marco jurídico para definir y sancionar los asesinatos de mujeres, en el contexto de las "desiguales relaciones de poder" entre ambos sexos.México es el tercer país que cuenta con una ley integral en la materia, aprobada en febrero de 2007, que entre otros aspectos establece los lineamientos para decretar una alerta de violencia de género en un territorio determinado del país, a solicitud de ciudadanas u organizaciones civiles."Los Estados nos adeudan, para empezar, leyes integrales, para, a partir de ellas impulsar políticas públicas, presupuestos, capacitación de personal de justicia, cambios curriculares en las escuelas y fomento de cambios culturales", sostiene Chiarotti.
Por Sara Lovera
México DF, 26 nov 08 (CIMAC/SEMlac).- Mientras persista la tolerancia social, la impunidad y la inseguridad generalizada, en América Latina y El Caribe la normatividad para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres será sólo "papel mojado".Durante más de una década se legisló sobre violencia dentro o en el entorno familiar y se eliminó del centro a las mujeres, principales y sistemáticas víctimas del poder. La legislación ha estado obstaculizada por una cultura retrógrada, en la cual policías, jueces y funcionarios son omisos o ignorantes; la impunidad se yergue como premisa y al final queda una línea zigzagueante de papeleo, normas, reglamentos; sólo hay tres leyes integrales en toda la región.La demanda de una nueva legislación integral ha recibido portazos en la cara, como en Colombia, donde el presidente Álvaro Uribe no aceptó ley semejante, por oponerse a pagar la reparación del daño.En otros casos subsiste la insensibilidad e indiferencias diversas, como Costa Rica y Chile, donde los congresos no se han ocupado de una legislación que realmente prevenga y sancione la violencia contra las mujeres, sexual, física o psicológica, temas incluidos en la nueva corriente jurídica.En Cuba se reconoce de facto la violencia familiar, pero no se ha decretado una ley específica. Según una investigación, 90 por ciento de los 24 fiscales, abogados, instructores policiales y jueces entrevistados coincidió en la necesidad de promulgar una ley específica sobre violencia familiar, y 85 por ciento consideró como omisión grave que la legislación penal cubana resulte aplicable a situaciones reales de violencia familiar, solo cuando los hechos son constitutivos del delito de lesiones.IMPUNIDADEn algunos países, como México, sólo se resuelve tres por ciento de las denuncias de violencia; un panorama similar refieren expertas y entrevistadas de Perú, Uruguay y Colombia. "El marco legal es insuficiente y carece de instituciones coherentes y coordinadas", afirma la abogada argentina Susana Chiariti.Para Teresa Ulloa, experta mexicana, lo que hace falta es voluntad política de los gobiernos y conciencia entre las mujeres para reclamar sus derechos. Y agrega que, con frecuencia, ellas siguen siendo revictimizadas en los aparatos de justicia, mientras en la aplicación de las normas, como también sucede en Uruguay, el dictamen queda al libre albedrío de los jueces, a su subjetividad.La nueva directora de UNIFEM para América Latina y El Cribe, la abogada feminista Gladys Acosta, sostiene que la debilidad institucional hace inoperante la Convención contra todas las Formas de Violencia contra la Mujer, conocida como Belén Do Pará, que obliga a los estados a tomar todas las medidas necesarias para erradicar la violencia.Una investigación periodística del equipo de SEMlac constató que, en la última década, en Argentina, Uruguay, República Dominicana, México, Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Venezuela, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Brasil y El Salvador, se ha legislado sobre violencia familiar y, en virtud de esas leyes se crearon instituciones, mesas de trámite, programas y campañas, pero estas son inconexas, inaplicables, llenas de obstáculos y con muchas debilidades.El más grave de los resultados, como dijo Susana Chiarotti, es la impunidad, un aparato de justicia insensible y la falta de recursos económicos y de capacitación a policías, jueces y maestros.Algunos barruntos de efectividad y buenas prácticas encontró la encuesta que en 2006 realizó la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) para un informe evaluativo del estado de la violencia de género o contra las mujeres en América Latina, porque hay una inmensa difusión social sobre la violencia contra las mujeres.
ASUNTO DE DERECHOS HUMANOSHoy se sabe que la violencia contra las mujeres dejó de ser un asunto privado, que es un delito grave y se ha inscrito claramente en el glosario de los Derechos Humanos.Al firmar la Convención Belén Do Pará, los compromisos no se cumplen, coinciden Susana Chiarotti y Teresa Ulloa, la primera directiva del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y la segunda responsable regional de la Coalición Latinoamericana contra la Trata de niñas y mujeres.Las cifras de casos, denuncias y hechos, son, según informe de CEPAL, apenas la punta del iceberg de un fenómeno que impide el desarrollo de una vida plena y democrática en la región: la violencia contra la mitad de la población, con secuelas inenarrables, cicatrices profundas y miedo.Hoy, además, resume CEPAL, urge un cambio decidido, basado en el compromiso político, reformas institucionales en el ámbito de la justicia y la seguridad y políticas públicas que se enmarquen en la legislación internacional, con frecuencia desconocida por quienes tienen que aplicar la ley.LA LEY INTEGRALEn América Latina pocos países cuentan con leyes integrales en materia de violencia contra las mujeres: Venezuela, Guatemala y México. "En el resto contamos con marcos legales insuficientes para hacer frente a este grave problema", dijo Susana Chiarotti, también coordinadora del Comité de Expertas en Violencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CEVI- CIDH).En entrevista con SEMlac, la experta señala que hasta ahora, los Estados han cumplido sólo con parte de los compromisos internacionales que han asumido en la materia, con la firma de las convenciones sobre violencia: Belém Do Pará y CEDAW, por sus siglas en inglés.Agrega que casi todos tienen leyes que, en la mayoría de los casos, hablan de violencia doméstica o familiar, no de violencia contra las mujeres específicamente; tienen un lenguaje "neutro" en el que se desdibuja el fenómeno, como si todas las formas de violencia fueran iguales, y se abocaron solamente a la sanción, no a la prevención y erradicación.RESULTADOSPese a que la generalidad de los países reconoce la violencia contra las mujeres como una grave violación a los derechos humanos, todos los esfuerzos --que no son poca cosa-- se dirigen a la violencia familiar.Así, en dos lustros, se han creado instituciones, casas de acogida o refugios, normas específicas y algunos reglamentos que impiden al agresor volver al hogar donde perpetró las agresiones. En opinión de las expertas, estos son adelantos. Como lo es también la tipificación, en algunas legislaciones, de la agresión sexual en los centros laborales o en las cuales se ha considerado, por ley, la capacitación al personal de justicia.Los inaceptable es que, a 20 años de la aprobación de la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres (Belém Do Pará), sólo en los últimos años Venezuela, Guatemala y México hayan aprobado leyes integrales que consideran tan importante la prevención y la erradicación, como la sanción a las conductas violentas contra las mujeres.Las indagatorias incluyen medidas importantes, como la tipificación del hostigamiento sexual en Uruguay; las cautelares o de alejamiento para el agresor, como sucede en Perú, Argentina y Venezuela; el esclarecimiento de las tipologías de la violencias en seis países o el feminicidio, único, en Guatemala, el primer país que define una norma sobre el significado del asesinato de mujeres por razones de género.En Bolivia sólo se atiende la violencia familiar, a pesar de que hace 20 años se lucha por incluir la violencia de género en los espacios públicos, como en el de la educación superior.La legislación, en siete países, es omisa a los mandatos de Belén do Pará, porque por ley o de facto se incluye la conciliación entre la víctima y el agresor, lo que diluye la gravedad del delito o impide que el agresor sea castigado, al abrirse la posibilidad de que la agredida lo perdone en ese proceso; lo que suma a la impunidad.La situación en República Dominicana hace saltar con claridad la banalización del fenómeno. Allí la norma crea hogares de acogida que establece que las víctimas se atenderán con el uno por ciento de los sorteos de lotería. Es decir, como señala el estudio de CEPAL, tampoco hay decisión política presupuestaria, ni coordinación entre los diferentes niveles del gobierno y del Estado.Para Margot Tapia, psicóloga que dirige AQUELARRE, un Centro de Atención a Mujeres Maltratadas "lo que falta a las leyes es su aplicación y que surtan el efecto de prevención, fundamental para evitar que siga reproduciéndose la violencia".Por su parte, Chiarotti detalló algunos cambios importantes: en Venezuela, a partir de noviembre de 2006, se tipificaron 19 formas de violencia contra las mujeres, incluyendo las que se ejercen en el ámbito público, desde lo comunitario, la calle y el Estado.Además, se tipifica el acoso sexual en el trabajo y la violencia contra las mujeres, ejercida desde los medios masivos de comunicación, lo cual es inédito en América Latina.En Guatemala fue aprobada una Ley de Femicidio en abril de este año y otra de Violencia contra las Mujeres. Es el primer país que establece un marco jurídico para definir y sancionar los asesinatos de mujeres, en el contexto de las "desiguales relaciones de poder" entre ambos sexos.México es el tercer país que cuenta con una ley integral en la materia, aprobada en febrero de 2007, que entre otros aspectos establece los lineamientos para decretar una alerta de violencia de género en un territorio determinado del país, a solicitud de ciudadanas u organizaciones civiles."Los Estados nos adeudan, para empezar, leyes integrales, para, a partir de ellas impulsar políticas públicas, presupuestos, capacitación de personal de justicia, cambios curriculares en las escuelas y fomento de cambios culturales", sostiene Chiarotti.
lunes, 10 de noviembre de 2008
Empresarias deben vencer prejuicios
La mujer empresaria aún se enfrentan con limitantes de prejuicios y discriminación para llevar a cabo su participación en las actividades empresariales, ya que su inserción real en el poder económico requiere de profundos cambios sociales, políticos y culturales que apenas empiezan a cristalizarse, aseguró Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).
Durante la inauguración del IV Encuentro Nacional de Mujeres Empresarias, la funcionaria federal señaló que ser mujer y tener poder económico, aunque sea sólo con una microempresa, significa para 87 mil empresarias una lucha cotidiana contra prejuicios y discriminación, a lo que se suma su obligación social de tener que conciliar el trabajo y la familia.
Sin embargo, reconoció que la participación de las mujeres en el ámbito empresarial ha tenido un paulatino crecimiento en las últimas décadas: “Hoy en día ya no está más en tela de juicio la capacidad de las mujeres para dirigir una empresa, por el contrario, se ha demostrado que no sólo puede con ello, sino también llevar una casa, educar a hijos e hijas y a veces hasta ser activista de su propia asociación”.
Las mujeres, en los últimos treinta años, hemos duplicado nuestra presencia en el mercado de trabajo, hemos mejorado nuestra escolaridad y, con ello, las posiciones en el mercado laboral respecto a nuestras madres y abuelas, destacó.
La titular del INMUJERES apuntó que aun cuando se ha aumentado la presencia en el ámbito laboral, las mujeres tienen mayores desventajas que los hombres porque muchas veces se incumple el derecho a la seguridad social e impuestos; se cree que el ingreso de las mujeres en el hogar es secundario, siendo que la realidad indica que en México un tercio de los hogares está encabezado por una mujer; y se considera que los hombres son los principales proveedores en el hogar, lo que descalifica a las mujeres de este papel.
En el caso de México, precisó, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el segundo semestre de 2008 muestra que las mujeres empleadoras representan sólo el 18.6 por ciento, que se centran básicamente en microempresas relacionadas con la prestación de servicios, el comercio y en un rango muy reducido en las manufacturas y el transporte.
García Gaytán manifestó que otro aspecto que no es menor ante la necesidad de liderazgos femeninos en las empresas es el de la migración y la fuga de cerebros.
En el mundo, indicó, actualmente existen 100 millones de mujeres migrantes, lo que representa casi la mitad del total de personas que emigran y en estas oleadas de personas, ellas tienen mayores niveles de escolaridad que los varones, lo que está propiciando una feminización de la fuga de cerebros en todo el mundo.
Asimismo, la presidenta del INMUJERES anunció que el Modelo de Equidad de Género se renovará en 2009, donde se buscarán estímulos e incentivos para quienes capaciten y promuevan a más mujeres a mandos de liderazgo en las empresas como una medida positiva para aumentar el número de mujeres en puestos gerenciales en el sector privado.
Además, agregó, se buscarán mecanismos para alentar mayormente las empresas lideradas por mujeres, con incentivos que otorguen créditos, capacitación y asistencia técnica.
“Queremos proponer formas para que eliminen de su publicidad cualquier rasgo sexista y promuevan las tareas domésticas por igual en el ámbito familiar; tengan prácticas de eliminación del acoso y hostigamiento laboral y sexual en sus empresas y una política de conciliación vida familiar y vida laboral”, especificó.
Los retos de las mujeres empresarias, concluyó, son muchos, pero conjuntando la voluntad del gobierno federal, empresarias y sociedad civil a través de sus diversas instituciones que apoyan los proyectos económicos de mujeres se tendrá el mejor escenario para lograr la meta de la igualdad de género en un futuro no muy lejano.
Durante la inauguración del IV Encuentro Nacional de Mujeres Empresarias, la funcionaria federal señaló que ser mujer y tener poder económico, aunque sea sólo con una microempresa, significa para 87 mil empresarias una lucha cotidiana contra prejuicios y discriminación, a lo que se suma su obligación social de tener que conciliar el trabajo y la familia.
Sin embargo, reconoció que la participación de las mujeres en el ámbito empresarial ha tenido un paulatino crecimiento en las últimas décadas: “Hoy en día ya no está más en tela de juicio la capacidad de las mujeres para dirigir una empresa, por el contrario, se ha demostrado que no sólo puede con ello, sino también llevar una casa, educar a hijos e hijas y a veces hasta ser activista de su propia asociación”.
Las mujeres, en los últimos treinta años, hemos duplicado nuestra presencia en el mercado de trabajo, hemos mejorado nuestra escolaridad y, con ello, las posiciones en el mercado laboral respecto a nuestras madres y abuelas, destacó.
La titular del INMUJERES apuntó que aun cuando se ha aumentado la presencia en el ámbito laboral, las mujeres tienen mayores desventajas que los hombres porque muchas veces se incumple el derecho a la seguridad social e impuestos; se cree que el ingreso de las mujeres en el hogar es secundario, siendo que la realidad indica que en México un tercio de los hogares está encabezado por una mujer; y se considera que los hombres son los principales proveedores en el hogar, lo que descalifica a las mujeres de este papel.
En el caso de México, precisó, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en el segundo semestre de 2008 muestra que las mujeres empleadoras representan sólo el 18.6 por ciento, que se centran básicamente en microempresas relacionadas con la prestación de servicios, el comercio y en un rango muy reducido en las manufacturas y el transporte.
García Gaytán manifestó que otro aspecto que no es menor ante la necesidad de liderazgos femeninos en las empresas es el de la migración y la fuga de cerebros.
En el mundo, indicó, actualmente existen 100 millones de mujeres migrantes, lo que representa casi la mitad del total de personas que emigran y en estas oleadas de personas, ellas tienen mayores niveles de escolaridad que los varones, lo que está propiciando una feminización de la fuga de cerebros en todo el mundo.
Asimismo, la presidenta del INMUJERES anunció que el Modelo de Equidad de Género se renovará en 2009, donde se buscarán estímulos e incentivos para quienes capaciten y promuevan a más mujeres a mandos de liderazgo en las empresas como una medida positiva para aumentar el número de mujeres en puestos gerenciales en el sector privado.
Además, agregó, se buscarán mecanismos para alentar mayormente las empresas lideradas por mujeres, con incentivos que otorguen créditos, capacitación y asistencia técnica.
“Queremos proponer formas para que eliminen de su publicidad cualquier rasgo sexista y promuevan las tareas domésticas por igual en el ámbito familiar; tengan prácticas de eliminación del acoso y hostigamiento laboral y sexual en sus empresas y una política de conciliación vida familiar y vida laboral”, especificó.
Los retos de las mujeres empresarias, concluyó, son muchos, pero conjuntando la voluntad del gobierno federal, empresarias y sociedad civil a través de sus diversas instituciones que apoyan los proyectos económicos de mujeres se tendrá el mejor escenario para lograr la meta de la igualdad de género en un futuro no muy lejano.
viernes, 7 de noviembre de 2008
Realizan simposium para evaluar juicios orales
A fin de conocer los avances y dificultades a los que otras entidades de la República se han enfrentado ante la implementación de un sistema de justicia oral, el próximo viernes 14 de noviembre se llevará a cabo el Simposium “La implementación de los juicios orales”, Experiencias, Retos y Oportunidades para Campeche.
Informó lo anterior la diputada Gloria Aguilar de Ita, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Atención a Grupos Vulnerables y Etnias Indígenas del Congreso del Estado, quien señaló que el evento se realizará en el Salón de Actos Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá y en el Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado de Campeche.
En conferencia de prensa efectuada en la sala de juntas “María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo, dijo que la inauguración del simposium será a las nueve de la mañana, en la que estarán el Gobernador del Estado, Jorge Carlos Hurtado Valdez, y los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, diputado Carlos Felipe Ortega Rubio y magistrado José Ángel Paredes Echavarría, respectivamente, así como un representante del Gobernador del Estado de Chihuahua.
Las actividades concluirán a las ocho de la noche de ese mismo día.
Explicó que otros objetivos del simposium son conocer y analizar la metodología jurídica utilizada en un juicio oral, las reglas para la presentación de evidencia y para la elaboración de la teoría del caso; conocer la forma de aplicación de las reglas para la elaboración y presentación de alegatos de apertura y clausura, interrogatorios y contra-interrogatorios.
Asimismo, desarrollar y poner en práctica las técnicas y habilidades de litigio oral en un juicio adversarial acusatorio; y valorar la posibilidad real de implementar la justicia oral en nuestro Estado, los requerimientos, adecuaciones jurídicas, estructurales, económicas y posible impacto social.
Informó lo anterior la diputada Gloria Aguilar de Ita, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Atención a Grupos Vulnerables y Etnias Indígenas del Congreso del Estado, quien señaló que el evento se realizará en el Salón de Actos Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá y en el Centro de Capacitación y Actualización del Poder Judicial del Estado de Campeche.
En conferencia de prensa efectuada en la sala de juntas “María Lavalle Urbina” del Palacio Legislativo, dijo que la inauguración del simposium será a las nueve de la mañana, en la que estarán el Gobernador del Estado, Jorge Carlos Hurtado Valdez, y los titulares de los Poderes Ejecutivo y Judicial, diputado Carlos Felipe Ortega Rubio y magistrado José Ángel Paredes Echavarría, respectivamente, así como un representante del Gobernador del Estado de Chihuahua.
Las actividades concluirán a las ocho de la noche de ese mismo día.
Explicó que otros objetivos del simposium son conocer y analizar la metodología jurídica utilizada en un juicio oral, las reglas para la presentación de evidencia y para la elaboración de la teoría del caso; conocer la forma de aplicación de las reglas para la elaboración y presentación de alegatos de apertura y clausura, interrogatorios y contra-interrogatorios.
Asimismo, desarrollar y poner en práctica las técnicas y habilidades de litigio oral en un juicio adversarial acusatorio; y valorar la posibilidad real de implementar la justicia oral en nuestro Estado, los requerimientos, adecuaciones jurídicas, estructurales, económicas y posible impacto social.
lunes, 3 de noviembre de 2008
Crisis, marea roja y violencia afecta a Mujeres
Salen a trabajar en hogares o hasta en cantinas
Por Sandra Torres P. y Maricruz Cruz M./enviadas
Por Sandra Torres P. y Maricruz Cruz M./enviadas
Pto. Progreso, Yuc., 3 nov 08 (CIMAC).- Las mujeres del municipio de Progreso, Yucatán, son las más afectadas por la marea roja que afecta a la industria pesquera, principal actividad económica del puerto, pues además de la falta de trabajo, tienen que soportar la violencia, violación de sus derechos humanos y la crisis económica mundial.Desierta luce la playa de Progreso. Mujeres, principalmente niñas y adolescentes, pasean por la playa ofreciendo collares a los pocos visitantes, sin tener éxito en su venta. La economía está paralizada a causa del mal tiempo, "no hay mucho que hacer" señala una locataria.Pero ante la falta de recursos, las mujeres yucatecas son de carácter fuerte, han sacado adelante a sus familias, "las mujeres no dejan que se les mueran sus hijos de hambre" asegura en entrevista para Cimacnoticias la antropóloga Rosa Cuevas, quien explica que ante la falta de pulpo y pepino de mar, productos que venden a buen precio al mercado europeo y oriental, los pescadores han quedado prácticamente sin ningún recurso para sostener a sus familias.En ello coincide el empresario pesquero Ceferino Gutiérrez Aguilar, quien aseguró al Esto de Mérida que ante la crisis económica que se vive en Estados Unidos sus exportaciones, que representan buena parte de sus ganancias, ha disminuido un 50 por ciento.Por otro lado, Gutiérrez añade que países europeos y principalmente Japón siguen visitando el puerto para abastecerse de pulpo, producto que se vende a muy buen precio, pero la marea roja hace que este molusco cefálopodo no suba a la superficie y haya una escasez del producto.Debido a esta crisis de la industria pesquera, la antropóloga Cuevas destaca que "las mujeres salen a trabajar de lo sea, a ellas no les importa trabajar en las cantinas, si no hay trabajo en el servicio doméstico, buscan cualquier cosa con tal de que no falte la comida en la casa".La falta de empleo ha hecho que haya una desesperación en las familias de los pescadores, resalta Cuevas, "no solo falta el trabajo sino el acceso a la salud y medicamentos para las mujeres, niñas y niños y adolescentes que integran las familias de los pescadores".Al respecto, la gobernadora del estado Ivonne Ortega, en entrevista con Cimacnoticias, asegura que se está trabajando con los pescadores en la realización de empleos temporales, mientras no tienen la posibilidad de ir a pescar, se están trabajando en alternativas diferentes, en materia de turismo y en el rescate de áreas que son protegidas.Indica Ortega que aunque los hombres no tengan trabajo en la pesca, se están creando oportunidad para las familias de los pescadores, particularmente las mujeres para que puedan atender y crear un negocio propio.Pero a pesar de la entereza y las oportunidades que tienen las mujeres de Progreso, resulta difícil para ellas lidiar con otro problema, puntualiza la antropóloga Cuevas, "el alcoholismo y drogadicción que afecta de sobremanera a los hombres de la localidad".VIOLENCIAConsidera Cuevas los dos tipos de pescadores: el rivereño, que sale a la mar a pescar a diario, y el de flota mayor, que se echa a la mar alrededor de 25 días, solo pasa de 4 a 5 días al mes con sus familias y llegan a puerto para emborracharse y desquitar sus frustraciones, por lo que las mujeres del lugar enfrentan violencia además de la problemática diaria, con las y los niños y el gasto familiar.Este problema está alcanzando a gran parte de las mujeres, sostiene la antropóloga Rosa Cuevas. Ejemplo de esto es el que se dio hace algunos días en una de las Comisarías de Progreso, donde una niña de once años fue golpeada por su madre y padre alcoholizados y se encuentra internada en un hospital de la ciudad debatiéndose entre la vida y la muerte.Todos estos problemas a los que se enfrentan las mujeres de Puerto Progreso, hicieron que la antropóloga Rosa Cuevas, Rosita como la conocen los lugareños, desde hace más de tres meses, por intuición y amor a su pueblo diera inicio a una red ciudadana.El objetivo principal es ayudar a las mujeres que lo requieran, proporcionándoles medicinas gratuitas, ropa, y otros insumos. En la calle 31 número 129 se encuentra dicha organización, en la que se concentra todas las donaciones que la misma comunidad hace y se otorga a las familias que lo solicitan.Como dice Rosita, hay que apostarle a la ciudadanía al amor y a la solidaridad humana, es como se pueden salvar vidas humanas ante este "severo panorama mundial" y después ver cómo las autoridades dan respuesta real a la problemática que se enfrenta.
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