Palabra de Antígona: El fracaso de la transición

Por Sara Lovera*

La encuesta que se acaba de publicar sobre la cultura política de las y los mexicanos es un indicador del tremendo fracaso de lo que un día consideramos la transición hacia la democracia y es caldo de cultivo para el autoritarismo impune que nos corroe y nos invade día a día.

La encuesta, realizada por el INEGI, órgano gubernamental, a petición de la Secretaría de Gobernación, muestra, además, que esa masa de ciudadanía inerte ante las medidas de autoridad es, al mismo tiempo, taimada, desconfiada, irreverente, no confía en las instituciones del populacho: partidos políticos ni en el Congreso.

Se antoja pensar que menos puede estar interesada en que haya paridad en las listas electorales y los órganos de representación popular. Da igual una política que un político. No se puede saber si hay alguna diferencia y no se puede saber si existe algún beneficio.

Dice esa encuesta, aplicada a sólo 4 mil personas mayores de 18 años en todas las entidades del país, que la gente sigue creyendo que el o los gobiernos deben resolverlo todo; creen más en la iglesia que en el Instituto Federal Electoral (IFE) y no le da valor a leyes y normas.

El trasfondo indica que no reconoce en las leyes la solución de sus problemas, por ello el valor a los diputados y los partidos políticos no existe en la cabeza de quienes han visto reducido su ingreso, perdido su empleo, lastimada su familia por un secuestro o por un fuego cruzado que le hizo perder un ser amado.

Digo, si lo que esa encuesta dice es verdadero, si acaso sólo el 4 por ciento cree que vale la pena el trabajo de los partidos políticos, el 96 por ciento no confía ni un ápice en esas formaciones que alguna vez significaron la palanca para la convivencia social y la democracia.

Se confía más en la iglesia (42 por ciento) o en el ejército (38 por ciento) e, incluso, en el IFE (31 por ciento) que en los y las políticas, y se espera (el 77 por ciento) que el gobierno resuelva todo. El gobierno es identificado como el que administra y decide: Felipe Calderón, los gobernantes locales y autoridades municipales.

Además, menos del 25 por ciento de las personas interrogadas, piensan que tiene algún valor participar en política. Eso hace bien claro que no les interesa y si participan es para conseguir empleo, como en las organizaciones sociales o no gubernamentales.

Con estas cifras pudiera suponerse que son muy pocas las personas que trabajan en la tarea colectiva o humanitaria, pro activa para defender los derechos humanos o construir ciudadanía. Y digo, puede suponerse, porque hasta ahora estas encuestas no se sabe si nos devuelven un retrato o mapa real. Funcionan con cierta cercanía en los casos electorales, pero no sabría que sucede en esto de medir la conciencia cívica y la cultura política.

Si esta encuesta tiene razón, habrá que esperar que el próximo 5 de julio, dé lo mismo quién o quiénes tendrán la mayoría, porque de todas maneras existe una profunda distancia entre las élites y la sociedad: la desconfianza; sin embargo, no me dice que habrá inmovilidad, pura contemplación.

Debiera preocuparles a los dirigentes partidarios saberse despreciados, inocuos en su tarea de despellejarse para llegar a ocupar las curules, si su paso por esta historia es simplemente despreciado. Si tuvieran ética y emoción política, alguna responsabilidad histórica, se preocuparían.

Pero como eso, estoy segura, no les importa, seguirán cobrando, haciendo leyes a la medida de la urgencia gubernamental y otras sin presupuesto ni efectividad. Como la Ley General de Igualdad entre mujeres y hombres, la de Acceso de las Mujeres a una Vida sin Violencia -en épocas de ejecuciones cotidianas y fuegos cruzados- donde el signo es la desigualdad, precisamente, porque a nadie le interesa el cambio, el diálogo, los homicidios, la persecución, evitar la impunidad y trabajar por la democracia, esa puerta siempre nombrada pero jamás abierta entre los demagogos y aprovechados que bien identifican a la población y la desprecian alegremente.

Me parece una perspectiva bien dolorosa. Mucho más después de leer relatos e historias verdaderas de lo puede significar y significa ya para muchas personas el caos y la ingobernabilidad, la barbarie y las armas.

No sé porque me parece que el testimonio de Clara Rojas, sobre su cautiverio de 6 años a manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que acaba de presentarse en Madrid, me hizo sentir que no tenemos remedio como humanos. Lo mismo dice la novela, La Multitud Errante, de la también colombiana Laura Restrepo sobre los desplazados en la historia de ese país.

En México todavía no hay narraciones suficientes sobre Michoacán o Sinaloa y nadie tampoco atiende los muchos que sí existen sobre Ciudad Juárez, las asesinadas y su entorno. Nadie se da por enterado.

Mujeres y Política: Ya van 563 ¿cuántas más?

Soledad JARQUÍN EDGAR

Una, dos, tres… la cuenta no se detuvo nunca. En la última década y hasta el día de hoy la suma de mujeres asesinadas indica que se trata de 563 mujeres de carne y hueso, con nombre y apellido, con vidas propias, con hijos e hijas, con familias, parejas o sin ella, con sueños, proyectos, ganas de vivir cada día. Mujeres de todas las edades a quienes la violencia feminicida y el feminicidio las alcanzó.
Hace unos cuantos años, menos de cinco, tal vez, aparecieron en el vocabulario las palabras feminicidio y violencia feminicida. Como sucedió en el país completo, Oaxaca no fue la excepción y resultó prácticamente inaceptable reconocer que el fenómeno de la violencia feminicida, como el feminicidio, existían y que cómo “autoridades” tenían responsabilidad.
Feminicidio, decían, pero por qué si Oaxaca no es Ciudad Juárez, allá si existe el feminicidio. Aquí no hay asesinos seriales, explicaban desde el gobernador hasta la entonces procuradora Libeth Caña Cadeza que iba así de desatino en desatino. Pero el destino pronto habría de alcanzarnos.
Al menos en el último lustro la cuenta de estos asesinatos, es decir, mujeres tiradas como basura en terrenos baldíos, acuchilladas afuera o dentro de su casa, camino al trabajo, en la carretera, mientras trabajaban o descansaban, mientras se divertían o estaban dormidas, señala que en promedio, una mujer es ultimada cada ocho días.
Ante la realidad poco o nada se hace. Frente a estos 563 casos, incluyendo los 14 cometidos en lo que va de esta año como señala el recuento hemerográfico de El Imparcial y Noticias, las únicas fuentes a la que tiene acceso hoy la ciudadanía frente al hermetismo de la Procuraduría General de Justicia del Estado, queda claro y debería quedarle claro a las autoridades que estamos frente a un hecho real de violencia feminicida y feminicidio.
El feminicidio, según la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia, conlleva la ruptura del estado de derecho porque las instituciones de gobierno son incapaces de garantizar la vida de las mujeres de actuar con legalidad y hacer respetar las leyes, procurar justicia, prevenir y erradicar la violencia que la ocasiona. El feminicidio es un crimen de estado.
Por eso llama la atención cuando Evencio Nicolás Martínez Ramírez, procurador de Justicia del Estado y al mismo tiempo catedrático de la UABJO, señala que él no tiene responsabilidad de prevenir la violencia feminicida, como lo indicó molesto y hasta alterado en una reciente reunión de trabajo con las organizaciones a la que fui invitada como reportera. Pero la ley es clara, sin vuelta de hoja.
El procurador quien utiliza, incluso, un término racista, cuando apunta que siempre “le pegan al negro”, lo cual se suma a su carrera de errores, no admite responsabilidad en la prevención de los delitos que se cometen contra las mujeres. Pero bastaría con hacer un recuento, que resultaría largo, de los hechos no investigados, no perseguidos a lo largo de estos años en la Procuraduría que él dirige.
Claro que no es el único responsable, tendremos que mirar un tanto a todas las corporaciones policiacas donde para muchos policías la violencia contra las mujeres es un asunto “aceptable” y por tanto invisible.
Y, el mayor de los cuellos de botella, el Poder Judicial. Donde los hechos, casi siempre mal investigados por policías, hablan de un escaso número de hombres castigados por la comisión de estos delitos. Porque igual, hay la sensación misógina y sexismo que a lo único que conducen es a actos de impunidad.
Grave es, por ejemplo, que en la investigación hecha por la Comisión de Feminicidio, hace unos dos o tres años, ni siquiera pudieran (las instituciones) determinar cuáles de los homicidios reportados eran dolosos y cuáles culposos. Pero, como entonces, hoy no pueden aún hacer esa separación, porque ni la Procuraduría ni el Tribunal de Justicia del Estado, no logran ni quieren transformar sus sistemas, así que para ellos todo seguirá siendo lo mismo. La llamada perspectiva de género no les entra ni con chochos.
Un trabajo realizado por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) revela que “las juristas opinan que el mayor problema está en la PGJE y en menor grado en el TSJE, los casos que llegan al Tribunal llegan con errores en la integración de las averiguaciones (corrupción y/o ignorancia, bajo nivel académico) y en el Tribunal se acaban de echar a perder (corrupción, sexismo), es decir, el problema de origen está en la Procuraduría. Los Ministerios Públicos alientan, presionan y en algunos casos amenazan a las mujeres víctimas para que otorguen el perdón a los victimarios o para que desistan de la denuncia contra sus victimarios (ahora lo hacen legalmente a través de la justicia restaurativa)”. Cuando la víctima puede contar este hecho, pero cuando no, podríamos pensar en la presión que se ejerce contra la familia de la víctima. Los testimonios sobran.
Además, no olvidemos a Frankenstein, me refiero a la ley que aprobaron los diputados y diputadas locales el pasado 26 de febrero, donde ni siquiera pudieron tipificar el delito de feminicidio con lo que, como han dicho las expertas, ayudaría a terminar con la impunidad de estos crímenes en México.
Por ejemplo, la abogada Bárbara Illán, integrante de Consejería y Consultoría Psicojurídica, criticó que más del 70 u 80 por ciento de las Leyes Generales no se aplican a favor de las mujeres y reconoció que con el feminicidio como tipo penal sería verdaderamente sancionado y seguido por las leyes y, además, se revelarían cifras alarmantes de estos crímenes por género en todo el país.
El problema, sin embargo, es la miopía institucional y los problemas personales que cada legislador o legisladora, cada funcionaria y funcionario asume cuando están frente a decisiones que tienen que ver con la vida de las mujeres. Su actuar, revela todas luces, que todavía les cuesta conceder a las mujeres todos sus derechos humanos.
Frente a estos hechos, tengo la sensación, la misma que tienen muchas otras ciudadanas de que los asesinatos de las mujeres es algo que no le quita el sueño a nadie, me refiero a quienes tendrían que actuar. Que como dice Norma Reyes Terán, titular del Instituto de las Mujeres de Oaxaca, los crímenes contra mujeres siguen siendo invisibles. Para sus comentarios: mujerypolitica@yahoo.com.mx

Prioriza Pemex atención a mujeres en su hospital

Cd. del Carmen, Camp.- Petróleos Mexicanos a través de la Subdirección de Servicios de Salud, en coordinación con la Fundación Mexicana de Fomento para la Prevención de Cáncer de Mama A.C. (FUCAM), informa que diariamente se atienden un promedio de 96 trabajadoras en la Unidad Médica Móvil para la Detección Oportuna de Cáncer Mamario, como parte de la campaña denominada “Proyecto Rosa”, que se lleva a cabo del 30 de marzo al 4 de abril en la Región Marina de Pemex Exploración y Producción.
De acuerdo a información proporcionada por al Hospital General de Pemex en esta ciudad, la Unidad Médica Móvil se encontrará este viernes 3 de abril, en el estacionamiento de la Ex Banca Promex, de 8:00 a 15 horas y de 16:30 a 18:30 horas, para dar el servicio a las trabajadoras que laboran en la Subdirección de la Coordinación de Servicios Marinos, así como de la Unidad de Asuntos Externos y Comunicación de la Región Marina Noreste de PEP.
La campaña concluirá el próximo sábado 4 de abril, en el estacionamiento de la calle 31 que ocupa la Subdirección de la Región Marina Noreste, y el horario de atención será de 8:00 a 15 horas.
Cabe destacar que durante el estudio, personal médico realiza el historial clínico para dar de alta en el sistema a la trabajadora, verifica peso, talla y finalmente se les obsequia el libro rosa “Cáncer de Mama” editada por la clínica Mayo en coordinación con Petróleos Mexicanos. El promedio de atención es de 8 minutos.
Pemex reitera que los estudios realizados son gratuitos y consisten en la exploración de los senos para detección oportuna de cáncer mamario a las trabajadoras petroleras de 40 años en adelante o con síntomas de la enfermedad.
Con estas acciones Petróleos Mexicanos ratifica su compromiso con la salud y la prevención médica.

Liberarían a Jacinta, acusada de secuestrar "Afis"

Procesada irregularmente y sentenciada a 20 años: Prodh

Por Sandra Torres Pastrana

México DF, 31marzo 09 (CIMAC).- En las próximas semanas se dará a conocer la resolución del magistrado Hanz Eduardo López Muñoz, del Tribunal Unitario de Circuito del estado de Querétaro, quien resolverá la apelación presentada el 22 de diciembre pasado por la sentencia de más de 20 años de cárcel a Jacinta Francisco Marcial, señora ñha-ñhú (otomí) acusada del secuestro de seis "Afis", informó el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).En entrevista con Cimacnoticias, Estela Hernández, hija de Jacinta, señala que desde hace tres años, cuando su madre fue detenida, ella y su familia viven un dolor que no se puede comparar con nada, "ahora nos preocupa mucho que la justicia no llegue en el caso de mi mamá", señala.La señora Jacinta fue acusada, junto con Alberta Alcántara y Teresa González, por el delito de secuestro contra seis integrantes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) condenadas a más de 20 años de prisión, luego de un operativo que esa corporación realizó el 26 de marzo de 2006 en Santiago Mexquititlán, Querétaro, en busca de vendedores de productos "pirata".Sin identificarse y sin uniforme, los "afis" despojaron de sus mercancías a comerciantes con lujo de violencia, alegando que se trataba de piratería.El incidente culminó cuando, el mismo día, al filo de las siete de la tarde, elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) que habían participado en los hechos dejaron la comunidad, después de haber acordado con las y los comerciantes la entrega de una cantidad correspondiente por los daños causados.Doña Jacinta, quien vendía aguas frescas, nieves y paletas en el tianguis y afuera de iglesias, fue detenida con engaños el 3 de agosto de 2006 y llevada a la ciudad de Querétaro, donde la presentaron ante los medios de comunicación al lado de Alberta Alcántara y Teresa González de haber secuestrado a los agentes, durante los hechos ocurridos en marzo.Entre las pruebas presentadas para inculpar a doña Jacinta, se encuentra una foto de un diario local y el reporte que rinden los AFIS el mismo día de los hechos, donde declaran que un grupo los rodeó y los secuestró.Estela señala que su madre es una mujer amorosa que ha apoyado a sus tres hijas e tres hijos "para salir adelante", de igual manera a sus dos nietas y tres nietos e incluso a su esposo, "un hombre débil (físicamente)".Estela es maestra, uno de sus hermanos terminó una carrera técnica, otra de hermanas es enfermera y otro cuenta con una beca; los demás siguen sus estudios.Es un calvario, señala Estela al referirse a su vida desde que su madre fue encarcelada, "hemos atravesado por muchas desesperaciones y angustias, ninguna de mis hermanas o hermanos, ni mi padre, hemos tenido un momento de tranquilidad desde que se llevaron a mi madre".Pero a pesar de las irregularidades en este proceso, dice el Centro Prodh, hoy en día se busca instaurar la pena de muerte por secuestro, sin considerar las fallas del actual sistema judicial, donde cualquiera puede ser inculpado por un delito con penas injustas como la de Jacinta y de ser víctima de procesos inequitativos sin ser culpable.