Especiales

viernes, 25 de junio de 2010

Rezago en participación política de las mujeres

1 México acusa un rezago importante a nivel internacional en materia de participación política de las mujeres. Tanto a nivel legislativo como a nivel de gabinetes locales y federal México se encuentra a la zaga no sólo de los promedios europeos, de los países integrantes de la OCDE, y de nuestros principales socios comerciales, lo que es ya lamentable, sino también por debajo de la media latinoamericana. Este rezago nos coloca atrás, en ocasiones muy atrás de los avances registrados por las mujeres en Costa Rica, Chile, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, Perú, Argentina, Guatemala, Honduras, Colombia y Panamá, entre otros.

2 A fin de remontar este rezago el Consejo Ciudadano para la Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres ha solicitado formalmente a todas las candidatas y candidatos que compiten por cada una de las doce gubernaturas que se disputarán en los comicios del próximo 4 de julio, a suscribir compromisos públicos con las organizaciones de mujeres de sus entidades y con la ciudadanía en general, para garantizar que de llegar al poder instituirían gabinetes con un perfil de género 60/40, es decir, gabinetes en que ningún género pueda ocupar más del 60% de los cargos a primer nivel de gobierno (se anexa copia de esta solicitud).

3 Esta acción se enmarca en el contexto de un deteriorado escenario político para la participación de las mujeres en el espacio público. A nivel local, en niveles aún más graves que a nivel federal, los partidos políticos han venido traicionado el espíritu y en ocasiones la letra de reformas legales que buscan garantizar una mayor equidad de género en la integración de las legislaturas. Sólo un muy pequeño porcentaje de lo/as candidato/as a los congresos locales en la próxima elección son mujeres a pesar de más de quince años de reformas normativas y compromisos discursivos al más alto nivel que tienen como objetivo alentar la paridad.

4 Se debe pasar de las promesas a los hechos. Reiteramos nuestra solicitud a todas y todos los candidato/as a gobernador/a de las doce entidades en disputa electoral; que en ningún nuevo gabinete género alguno pueda detentar más del 60% de los cargos.






5 No podemos seguir haciendo política a contracorriente de la historia. No podemos continuar aislados de las tendencias internacionales en la integración de género de nuestras instituciones. No podemos ignorar el derecho elemental de las mujeres para participar como iguales en la escena pública, pues es este un reclamo que se funda en la ley, en compromisos internacionales suscritos por el estado mexicano, y en la voluntad ciudadana de construir gobiernos a la altura del siglo XXI.


Alejandra Latapí Renner, Ana Vásquez Colmeranes, Blanca Gámez Gutiérrez, Blanca Olivia Peña Molina, Flor de María Zamora, Guadalupe Arellano, Itzá Castañeda Camey, Laura Inés López Padilla, Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, María de la Paz López Barajas, Martha Sánchez Néstor, Mercedes Barquet Montane, Mónica Zárate Martínez. Natividad Cárdenas Morales, Rebeca Matos Garza.

RESPONSABLE: Natividad Cárdenas Morales
Contacto: 5522726917 consejociudadanomujeres@gmail.com

miércoles, 23 de junio de 2010

PREMIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO

PREMIO INTERNACIONAL DE PERIODISMO 2010 PARA DANIELA ARBEX

Washington.- La periodista brasileña, Daniela Arbex, quien trabaja para el periódico Tribuna de Minas en la ciudad de Juiz de Fora, fue galardonada con el Premio Internacional de Periodismo 2010, del Centro Internacional para Periodistas (ICFJ).

La distinción es por su trabajo de investigación, así como por su serie sobre víctimas de violaciones a las que se le negó el medicamento contra el sida, y la denuncia de las deficiencias en un hospital psiquiátrico, donde fallecieron 30 pacientes, según lo informa el Portal Periodismo en las Américas.

LA OPS PROMUEVE CAMPAÑA

LA OPS PROMUEVE CAMPAÑA SOBRE LECHE MATERNA

Washington.- Con el lema "La leche materna: ¡Primer alimento para campeones!", la Organización Panamericana de la Salud (OPS) promueve una campaña donde la leche materna es primordial para el desarrollo de los bebés, ello con motivo del Mundial de fútbol en Sudáfrica.

Para la promoción de la campaña se usa una tabla o cártel que los aficionados pueden bajar de la página Web del organismo, en él pueden arrojar los resultados de los partidos de fútbol. El título que tiene es "Dos grandes pasiones de mi vida: Fútbol y pecho" con información relevante acerca de la lactancia materna.

CONFERENCIA

CONFERENCIA REGIONAL SOBRE LA MUJER DEL 13 AL 16 DE JULIO EN BRASIL.

México.- Con el objetivo de analizar las políticas públicas desde una perspectiva de género, en los países latinoamericanos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) llevará a cabo la XI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina, y el Caribe, del 13 al 16 de julio, en Brasilia, Brasil.

Durante el foro representantes de organismos internacionales, autoridades ministeriales, Jefes
de Estado y sociedad civil debatirán temas sobre género y darán recomendaciones de política
pública, así como evaluarán el cumplimiento de los acuerdos y planes regionales con las necesidades y prioridades de las mujeres.

PENSION ALIMENTICIA

APOYO A MUJERES PARA PENSION ALIMENTICIA EN LA CNDH

México.- Con el fin de promover el pago y aseguramiento de la pensión alimenticia a favor de mujeres, niñas y niños, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), ofrece el trámite gratuito a través de pasantes de la carrera de Derecho en coordinación con licenciados de ese organismo. Las personas interesadas en el servicio pueden acudir al Programa sobre Asuntos de la Familia, la Niñez, Personas Adultas Mayores y Discapacidad ubicada en Carretera Picacho - Ajusco No 238, colonia Jardines de la Montaña, Delegación Tlalpan.

Redactó Gabriela Mendoza Vázquez
POLITICA


"SIN DINERO PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE LA CoIDH: SG AUSENCIA DE FERNANDO GOMEZ MONTT, EN REUNION CON LEGISLADORAS"

Por Gladis Torres

México, D.F, 22 jun 10 (CIMAC).- Durante tres horas, funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG), trataron de explicar a las diputadas que integran la Comisión Especial de Feminicidios, cuál es el mecanismo implementado por el Estado mexicano, para cumplir con la sentencia de "Campo Algodonero", sin que los argumentos fueran suficientes y convincentes para las legisladoras. En la primera audiencia pública realizada hoy en San Lázaro, mientras el fútbol distraía a los capitalinos, algunas invitadas e invitados llegaron con 30 minutos de retraso, a rendir cuentas ante la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento Puntual y Exhaustivo a las Acciones emprendidas por las autoridades competentes en relación a los Feminicidios registrados en México. Luego de que la legisladora del PRD y presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, recordó los resolutivos que impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y los plazos de la sentencia para que el Estado mexicano cumpla con la misma, vino la respuesta del gobierno mexicano: Visiblemente nervioso, José Antonio Guevara Bermúdez, titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), informó en 5 minutos que el cumplimiento y ejecución de la sentencia involucra la responsabilidad y participación coordinada de los tres poderes del "Estado de Chihuahua apoyados por el gobierno federal". Ante las diputadas Teresa Guadalupe Reyes del Partido del Trabajo (PT) y Adriana Terrazas Porras del Partido Revolucionario Institucional (PRI), legisladoras de la Comisión, el funcionario explicó que el Ejecutivo federal tiene la obligación de velar por el cumplimiento de las sentencias que emita la (CoIDH). Explicó que la tarea de la SG es coordinar a las autoridades a nivel local y a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), área sustantiva y motor real de los temas relativos a la sentencia. SIN DINERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS Uno de los grandes retos para cumplir resolución de la CoIDH es que en el país "no existe un fondo para cumplimiento de sentencias", cada vez que llega una, se realiza una negociación para ver qué le toca a quién, lo que resolvería temas como la realización de memoriales y el pago de seguros médicos privados sería un fondo de esta naturaleza que ayudaría a sufragar estos gastos sin necesidad mayor que acudir a él, sostuvo el funcionario. Ante la mirada atenta de mujeres representantes de organizaciones de la sociedad civil, y de institutos estatales de mujeres, se dijo convencido de que es necesario contar con "una ley de coordinación de las autoridades con el sistema interamericano, ya que actualmente trabajamos en base a la buena fe, y del compromiso político de los diferentes niveles de gobierno para dar cumplimiento a la sentencia". Al ceder la palabra a la titular de la Conavim, Laura Carrera Lugo, la Comisionada enumeró las diferentes reuniones que se han realizado para la ejecución de cada uno de los resolutivos de la sentencia. Dijo que ya se cumplió con la publicación en diferentes medios de comunicación y la página Web de instancias gubernamentales. Relató que se han establecido mesas de trabajo de seguimiento al cumplimiento y que se han realizado 4 reuniones en Ciudad Juárez con la participación del Gobierno Federal, el estatal y el municipal, y una en el Distrito Federal. La funcionaria de la SG dijo que sobre el mandato de la CoIDH para construir un monumento en memoria de las víctimas, que se tendrá que levantar en el Campo Algodonero, el lugar donde se encontraron los cuerpos, "ya se está trabajando". Se ha consultado a las madres y familiares de las víctimas, para acordar el diseño y tamaño de la construcción y próximamente se llevará a cabo una consultará pública en línea sobre el concepto del monumento, además de que se está hablando con expertos internacionales para el mismo fin, indicó. Ante el asombro las presentes, como la diputada Teresa Guadalupe Reyes, agregó "estamos en el proceso de ver lo que está relacionado con el terreno" tenemos la gran ventaja de que, una parte del predio, 'la famosa sequía', es propiedad del gobierno federal, y estamos en el proceso de des-incorporación". Respecto al resolutivo que indica que México debe estandarizar todos los protocolos y manuales de investigación con perspectiva de género, de delitos relacionados con las desapariciones, violencia sexual y homicidios de mujeres, informó que también se han realizado reuniones con diferentes dependencias para trabajar en ello y que "se contratarán expertos internacionales para que realicen la estandarización de los protocolos". ESTALLA LEGISLADORA En la audiencia, que forma parte de una serie de reuniones en las que participarán diferentes funcionarias y funcionarios estatales involucrados en el cumplimiento de la sentencia, para informar a la Comisión Especial, sobre los trabajos realizados hasta el momento, se reiteró, una y otra vez, sobre la necesidad de una ley y dinero para cumplirla. Muy molesta, la legisladora del Partido del Trabajo (PT), Guadalupe Reyes, reclamó a los funcionarios de la SG que sus argumentos para no cumplir con la sentencia, sólo hablan de la falta de interés del gobierno federal para darle cumplimiento. "La primera demostración, es la ausencia del titular de la SG Fernando Gómez-Mont, quien no acudió hoy a la cita, porque seguramente tenía asuntos más importantes "como el partido", abundó. Acerca de las respuestas de la SG sobre las intensas reuniones entre Secretarías del Gobierno de Chihuahua y la Procuraduría General de la República, la estatal, el Instituto Chihuahuense de la Mujer y el Gobierno municipal, su resolución es que "van a contratar expertos". "Es interesante, dijo, que se tengan que reunir tantos funcionarios de tan importante nivel, para atender un caso tan grave que viene arrastrándose durante 10 años, para llegar a la conclusión de que requieren de la concertación de lo expertos. Si es interesante la agilidad con que trabajan los funcionarios". "Y después de seis meses, se enteran que parte del terreno es propiedad del gobierno federal, de veras que sí vamos avanzando", indicó la legisladora del PT. "Discúlpenme pero sus respuestas son francamente ridículas e insuficientes, que me digan que no han podido hacer los pagos de las indemnizaciones, porque no saben de qué partida pueden sacar el dinero. En seis meses no han descubierto de dónde van a sacar los recursos, de verdad en todo el gobierno federal, no tienen un sólo contador que pueda trabajar en los gastos y costas que han tenido esas familias" EVADEN CUESTIONAMIENTOS La y el funcionario de la SG esquivaron todas y cada una de las preguntas que les hicieron las legisladoras; las cuales estuvieron centradas en las acciones concretas que se realizan para el cumplimiento de la sentencia. Uno de ellos fue el vencimiento del plazo-10 junio--, para la publicación de una página electrónica con la información de las mujeres desaparecidas de 1993 a la fecha, en Chihuahua, sobre la atención psicológica para las y los familiares de Esmeralda, Laura Berenice y Claudia Ivette, 3 de los 8 casos de feminicidio, cometido en Ciudad Juárez en noviembre de 2001. Respecto al proceso penal para identificar, procesar y en su caso sancionar, a los responsables materiales e intelectuales de los asesinatos de mujeres, a los responsables de acoso a las víctimas y sanciones a los funcionarios que incurrieron en irregularidades, Carrera Lugo y Guevara Bermúdez, sostuvieron que a ellos no les corresponde y no manejan esa información. A la pregunta expresa sobre si hay una funcionaria, funcionario o dependencia de alto nivel encargada del cumplimiento de la sentencia tampoco respondieron. Luego de asegurar que la página Web si está publicada y de referir diferentes direcciones electrónicas dado que Guevara Bermúdez, no contaba con "la buena", remitió al sitio web: www.pgjechihuahua.com , sitio no oficial de la PGJE, toda vez que el oficial es www.pgje.chihuahua.gob.mx Respecto al monto por concepto de indemnizaciones y compensaciones por daños materiales e inmateriales, y el reintegro de costas y gastos para las y los familiares de las víctimasy sus abogadas, después de varios titubeos se aclaró que era de 851 mil dólares, sin embargo no han llegado a un acuerdo sobre a quién le corresponde realizar el pago.

10/GTR/LR/LGL

martes, 15 de junio de 2010

JUSTICIA MILITAR

DERECHOS HUMANOS

Suma justicia militar 5 casos de violación a mujeres indígenas-- Delitos impunes, a pesar de que la CIDH pidió enviarlos a la vía civil.

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 14 jun 10 (CIMAC).- Desde hace nueve años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al Estado mexicano que fuera la justicia civil quien investigara la violación sexual ejercida por militares en perjuicio de tres mujeres indígenas, no obstante, hoy dicha recomendación no se ha cumplido y a ella se han sumado dos casos similares en la jurisprudencia militar. El 4 de abril de 2001, fue la primera vez que la CIDH exhortó al gobierno mexicano trasladar a la Procuraduría General de la República (PGR) un caso de violación sexual ejercida por soldados, esto con el objetivo de juzgar con mayor efectividad a los miembros de las fuerzas armadas que incurrieran en violaciones contra los derechos humanos. Dicha recomendación del organismo internacional fue por el caso de Ana, Beatriz y Celia González Pérez (nombres ficticios), de tres indígenas tzeltales, que el 4 de junio de 1994 fueron detenidas en un retén militar, instalado tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas. Cabe recordar que las hermanas González Pérez y su madre, Delia Pérez de González fueron interrogadas y privadas de su libertad durante dos horas. En tanto, las tres hermanas fueron golpeadas y violadas en reiteradas ocasiones por los militares. Después de lo ocurrido, el 30 de junio de 1994, las jóvenes agredidas -de 20, 18 y 16 años de edad- presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Federal. SIN JUSTICIA EXPEDITA Sin embargo, el 2 de septiembre de 1994, el expediente de dicha denuncia fue trasladado a la Procuraduría General de Justicia Militar, quién dos años después, en febrero de 1996, decidió archivar el expediente con el argumento de: "la falta de comparecencia de las víctimas a declarar nuevamente y a someterse a pericias ginecológicas". Cabe mencionar que el 17 de septiembre de ese año, la defensa de las víctimas presentó un amparo para evitar que la justicia militar investigara el caso, pero éste fue negado. Este hecho permitió que el caso permaneciera en la impunidad, ya que a decir de la defensa de las tres indígenas, era inaceptable la pretensión de que estas mujeres, que fueron torturadas por miembros de la institución castrense, se sintieran seguras declarando (por tercera vez) ante este organismo. En reiteradas ocasiones los peticionarios hicieron del conocimiento de la Fiscalía civil, que debido al temor y trauma que las víctimas sufrieron, se les dificultaba trasladarse a los juzgados civiles, ya que tenían que atravesar retenes militares, lo cual dificultó su declaración ante la autoridad militar. En este contexto, el 25 de noviembre de 1994, Antonio Riviello Bazán, entonces secretario de la Defensa Nacional, dijo a los medios de comunicación que la PGR se deslindó y obstaculizó la investigación, al trasladarla a la justicia militar, ya que -afirmó- el Ejército nunca reclamó la jurisdicción del asunto. También aclaró que existían mecanismos jurídicos para que el expediente volviera a la justicia civil, destacando que los militares "no queremos ser cómplices de esto; no vamos a solapar actos que estén fuera de la disciplina. Si algo se cometió, que se castigue". A pesar de que cinco días después dejaría el cargo, agregó: "…y si la ley dice que se debe devolver, lo acataremos". A pesar de estas declaraciones y de que han transcurrido 16 años, la investigación permanece en la justicia militar y en la impunidad.

NOTIFICAN A LA COIDH

DERECHOS HUMANOS

Notifican a CoIDH desacato de Estado mexicano a disposiciones de sentencia-- ONG denuncian falta de voluntad y compromiso por Campo Algodonero

Por Gladis Torres Ruiz México, DF, 14 junio 10 (CIMAC).- Organizaciones de la sociedad civil enviaron un informe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), para notificarle de manera formal que el Estado mexicano no está cumpliendo la sentencia emitida por este organismo internacional. Hasta el momento de las 16 disposiciones que estableció sólo ha cumplido con la de publicar la sentencia en algunos medios impresos. Lo anterior lo informó la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana, el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CDIM) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quienes precisaron que las y los familiares de las víctimas y sus representantes enviaron este día a la CoIDH este primer informe. En entrevista telefónica David Peña Rodríguez, abogado de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), indicó que si bien es cierto la Corte establece a México el plazo de un año para entregar el primer informe de cumplimiento; el enviado hoy responde a que el pasado 10 de junio se cumplió el plazo de seis meses establecidos para la publicación de la página electrónica con información de mujeres, jóvenes y niñas desparecidas de 1993 a la fecha en Chihuahua. "Disposición que no se cumplió". Además de que busca sentar precedentes visibilizando la falta de voluntad política del Gobierno para acatar el fallo, sabemos que aún faltan seis meses para que el Estado entregue su primer informe, sin embargo con esta iniciativa propia ponemos en antecedentes a la CoIDH. "Si en diciembre el Estado presenta un informe donde indique que sí está cumpliendo con las disposiciones de la sentencia, con el que nosotros presentamos hoy quedará claro que no se está haciendo en tiempo y forma", enfatizó Peña Rodríguez. Agregó que de las 16 disposiciones, y en concreto, de las 2 acciones que tenía que haber cumplido dentro del primer semestre posterior a la publicación de la sentencia (emitida el 10 de diciembre de 2009), sólo ha cumplido con la publicación de la misma. En este primer informe se expone la falta de voluntad para dar puntual cumplimiento a los resolutivos que ya se vencieron para ser acatados, y los que tendrían que estar en proceso de construcción e implementación. Lo anterior, rumbo al primer aniversario de la publicación de la sentencia, fecha en que se vence el segundo grupo de obligaciones para todas las instancias del gobierno mexicano. En el documento enviado hoy a la CoIDH, se informa de manera particular sobre el incumplimiento de cuatro disposiciones, las cuales deberían encontrarse en proceso o haberse cumplido ya. Las organizaciones señalan que una de ellas, es la que se refiere a la atención médica, psicológica gratuita a las y los familiares de las víctimas. El gobierno se ha negado a garantizar estos servicios más allá de los propios servicios universales públicos que ofrece para toda la población en general, sus argumentos son la "falta de presupuesto". Sobre la página Web de niñas y mujeres desaparecidas, afirman que ésta es inexistente, ya que no hay ningún portal de internet de dependencia estatal o federal que consigne dicha información. Sobre el proceso penal para identificar, procesar y en su caso sancionar a los responsables materiales e intelectuales de la desaparición, maltratos y privación de la vida de las jóvenes Gonzáles, Herrera y Ramos, el Estado mexicano se ha negado a reiniciarlas. 10/GTR/LGL

lunes, 14 de junio de 2010

Explotación infantil

Niñas, niños y adolescentes centroamericanos son explotados laboralmente en México

* Se calcula 4 mil niñas y niños guatemaltecos que trabajan en Chiapas, las niñas como trabajadoras domésticas
* En Chiapas, hay 1.4 millones de personas de 5 a 17 años de edad trabajando

Miles de niñas, niños y adolescentes migran permanentemente por la frontera sur de México desde hace varias décadas, salen de su país por diversos motivos: para trabajar y contribuir a la economía familiar, o para escapar de la violencia familiar. Migran con un adulto, con familiares, con un coyote o viajan solos.La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que en Chiapas se encuentran cerca de 4 mil niñas y niños guatemaltecos, que se dedican a la venta callejera, la mendicidad, a la carga y descarga, recolección de basura y fierro, lanzallamas, limpiavidrios y trabajos en bares.

Investigaciones de Infancia en Movimiento calculan que al menos, son 5 mil los niñas y niños que cruzan la frontera al año; pero son invisibles... unos están con sus familias viviendo sobre la basura, otros pizcando granos en los cafetales, otros viendo como sus mamás limpian casas ajenas o quizá en el centro de la ciudad vendiendo cigarrillos por las calles. Se acompañan con un familiar tan niño como él. O con un pollero. Con un traficante. En grupo. Con papá o mamá. O van solitos.

Con respecto al número de niñas y niños trabajadores migrantes centroamericanos, sólo se tiene estimaciones. Ubaldo Villatoro, de la Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala señaló que la migración hacia México con fines laborales se ha mantenido, y se calcula que anualmente regresan de México entre mil y mil 500 personas menores de edad, la mayoría se traslada por temporadas cortas.

Modalidades de trabajo de niñas y niños centroamericanos que migran a Chiapas

Trabajadoras domésticas: En general provienen de localidades ubicadas en los departamentos de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Por mujeres extranjeras, ilegales, indígenas y campesinas, son altamente discriminadas. Son en su mayoría son de entre 12 y 25 años.

Basureros de Tapachula: El municipio de Tapachula cuenta con un basurero municipal, en el cual el 90% de las y los trabajadores son indígenas originarios de Guatemala, sin documentos. Se encuentran mujeres embarazadas, niñas y niños que trabajan pepenando basura e ingiriendo alimentos que se obtienen del mismo lugar. A partir de la recomendación que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en julio de 2007, se prohíbe ingresar a los basureros a niñas y niños.

Trabajo en la calle: En este grupo se ubican a boleros quienes se dedican a limpiar zapatos; vendedores ambulantes. Se desconocen cuántos hay, pero principalmente, son de Guatemala, El Salvador y Honduras. Las edades oscilan entre 6 y 17 años y no han concluido la primaria.

Fincas Agrícolas: La mayor parte de niñas y niños llegan a las fincas con su familia, pero son invisibles, pues no aparecen en ningún registro. La infancia y adolescencia se incorporan al trabajo de las fincas, con el objetivo de aumentar la producción familiar, aunque no reciben remuneración económica.

Contexto de la frontera sur

La frontera sur de México, está constituida por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. De los cuatro estados fronterizos, Chipas concentra el mayor número tránsito de personas, tiene mayor movilidad migratoria debido a su extensión fronteriza, y a su gran diversidad ecológica, étnica y cultural.

La frontera sur se ha convertido en una zona de tránsito de crecientes flujos migratorios que tienen como destino Estados Unidos, solamente entre enero y octubre de 2009 fueron devueltos más de 54 mil centroamericanos a sus países de origen. Esta dinámica obedece a tres factores: las crisis económicas, la inestabilidad política sostenida y la reversión de las brechas del desarrollo que producen la pobreza.

De acuerdo con el Módulo de Trabajo infantil 2007, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Chiapas, hay 1.4 millones de personas de 5 a 17 años de edad trabajando, cifra que representa 32.1 por ciento de la población total. 49.6 por ciento eran niñas y 50.4 por ciento eran niños.


Para ampliar la información, consultar a las siguientes especialistas:

* Nashieli Ramírez, directora de Ririki Intervención Social. Oficina 56353751 Móvil: 04455 16509031 Correo: nashieliramirez@gmail.com

* Patricia Figueroa Fuentes, directora de Melel Xojobal, A.C. (Chiapas)

Teléfono: (01967) 678 55 98 Fax: (01967) 678 19 58 Correo: melel@prodigy.net.mx

Fuentes

Instituto Nacional de Migración, Boletín mensual de estadísticas migratorias, México 2009.

Infancia en Movimiento, Migraciones vemos…infancia no sabemos, México, 2008

Ririki, Intervención Social, Del Matatero tero lá al Matarile rile ro: Infancia migrante en Tapachula, México, 2009.

jueves, 3 de junio de 2010

Inicia campaña Por el derecho a Decidir de Católicas

Con la participación de la Red de Jóvenes por el Derecho a Decidir y el colectivo Ama-Gi, inició hoy la campaña “Otra mirada católica del aborto” realizada por Católicas por el Derecho a Decidir y la Red Nacional de jóvenes, y otras organizaciones. La campaña se desarrolla de manera simultánea en otros estados de la República.
Encabezó la reunión el teólogo por la Universidad Pontificia de México y Asesor de Católicas por el Derecho a Decidir, José Guadalupe Sánchez, así como el licenciado José Matos Enríquez, coordinador de la Red Nacional en Campeche; Antonio Maldonado Rodríguez, coordinador del colectivo Ama-Gi; Estefani López Martínez, de la Red Nacional en Tabasco. Así como promotoras de los derechos de las Mujeres.
La campaña incluye la difusión de un espectacular y un espot de radio, la información de la página web de Católicas por el Derecho a Decidir, folletos y postales informativas, así como atención a través de la línea telefónica.
En Campeche la campaña se difundirá a través de las estaciones de radio, y los anuncios espectaculares serán colocados en la Avenida Gobernadores, en Santa Lucía, en la Francisco I. Madero (La Ría), la Avenida Colosio y el libramiento carretero Campeche-Champotón.
Los objetivos de la campaña son dar a conocer a la población católica la existencia de excluyentes a la pena de excomunión inmediata a las mujeres que abortan, establecidas en el Código de Derecho Canónico, normatividad interna de la Iglesia Católica.
Además de compartir los argumentos de la tradición católica que reconocen la autoridad moral de las mujeres para tomar decisiones basadas en su libertad de conciencia. Difundir los argumentos de la tradición católica que permiten a la feligresía disentir de las enseñanzas morales de la jerarquía eclesiástica.
Destacaron brevemente que la iglesia católica no puede excomulgar en caso de aborto cuando la mujer es menor de 16 años, cuando actuó presionada por miedo, si lo hizo por necesidad, si actuó para evitar un grave daño, cuando ignoraba que infringía una ley, si actuó en legítima defensa, si actuó por violencia o de manera accidental o carecía de razón o sufre alguna deficiencia mental.

miércoles, 2 de junio de 2010

Aumenta violencia hacia mujeres y niñas

Tecnologías de la información y comunicación (TIC) incrementan

Especialistas en tecnologías de la información y comunicación (TIC) alertaron del uso de éstas para violentar a las mujeres; mientras las redes sociales son utilizadas por hombres para acosar y violentar a mujeres y niñas; en otras se compra y vende abiertamente sexo con niñas menores de 12 años, sin que exista una legislación que sancione estos delitos.



Durante una reunión realizada esta mañana en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), donde expertas y especialistas en el tema e integrantes de instituciones gubernamentales, debatieron sobre la necesidad de crear políticas públicas para combatir estos delitos, se informó que la pornografía infantil en México es una de las más buscadas por los usuarios de las TIC, “existen 100 mil portales del ilícito”, afirmó la activista Olinka Marino.



Agregó que Internet es un medio peligroso para las mujeres y las niñas por la gran posibilidad de producción y reproducción no sólo de violencia, sino de violencia extrema.



En su participación, Tania Jiménez de la organización Modemmujer, señaló que investigaciones realizadas en el país comprueban que las TIC, están siendo utilizadas para violentar de diversas maneras a las mujeres.



“Existen programas invisibles que son colocados en las computadoras, los cuales registran cada tecleo, guardan direcciones de páginas consultadas, conversaciones por chat, y lo envía a una dirección de correo electrónico predeterminada”.



Agregó que también el sistema satelital de posicionamiento conocido como GPS, es utilizado por los “abusadores” para monitorear y controlar la movilidad de sus parejas.



Destacó el uso de las redes sociales para acosar y violentar a mujeres y niñas; mientras que en otras se compra y vende abiertamente sexo con niñas menores de 12 años.



En materia legislativa, Olinka Marino precisó que no existe en el país ninguna ley en contra de la violencia mediática hacia las mujeres y las niñas, “hemos revisado las leyes existentes sobre el tema y ninguna tiene perspectiva de género”, afirmó.



La única ley que en su Programa Integral se acerca al combate de este flagelo es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero en general, tampoco visibiliza el ámbito de las TIC como un espacio donde se vive o ejerce violencia contra las mujeres y las niñas, afirmó.



Agregó que en la pasada legislatura el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa que tenía como objetivo proteger a las mujeres y niñas de este tipo de violencia, sin embargo no prosperó.



De acuerdo con información de la investigación, el 97 por ciento de las y los usuarios “navega” todos los días; 43 por ciento pasa más de 4 horas diarias en la red y 49 millones comparte videos en línea, colocando a México junto con brasil en los grandes consumidores de la red You Tube. Se calcula que para junio de este año, 350 mil personas de México serán usuarias de twiter.



La reunión fue convocada por las organizaciones Modemmujer y La Neta, organizaciones que trabajan hace más de 14 años como impulsoras y capacitadoras de las TIC a favor de las mujeres y en contra de la violencia de género, en el marco del proyecto: “Fortalecimiento de las mujeres en el uso estratégico de las tecnologías de la información y comunicación para erradicar la violencia contra hacia las mujeres y las niñas”.



Participaron organizaciones de la sociedad civil y representantes de la CDHDF, del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género de la Cámara de Diputados; de la Procuraduría General de la República (PGR), del Instituto de las .



También participó la experta en el tema de trata Teresa Ulloa, de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños en América Latina y el Caribe.