Se espera que los suplentes varones puedan ocupar en breve sus curules
Por Gladis Torres RuizMéxico DF, 11 nov 09 (CIMAC).- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emplazó a la Cámara de Diputados para que tome una decisión respecto a la solicitud de licencia de las diputadas electas Olga Luz Espinosa Morales, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Ana María Rojas Ruiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) la cual deberá ser notificada de manera pronta a sus suplentes, Carlos Enrique Esquinca Cancino y Julián Nazar Morales, para que puedan tomar protesta y "ocupar su curul".
Dichas licencias forman parte de un paquete de ocho diputadas federales que, a menos de 72 horas de iniciados los trabajos de la LXI legislatura, solicitaron ante el pleno licencia para "separarse del cargo indefinidamente", de forma que sean sus suplentes, todos hombres, quienes ocupen las curules: cuatro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dos del PRI, una del Partido del Trabajo (PT) y una del PRD.Hasta el momento, de estas ocho licencias sólo ha sido aprobada una; esto durante la sesión del 29 de octubre donde, por mayoría económica, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de licencia de las legisladora Kattia Garza Romo, del PVEM, para separarse de sus funciones "por motivos de salud" y que su lugar sea ocupado por su marido, Guillermo Cueva Sada, quien, además, es empresario en Nuevo León.
El mismo día se aprobó la solicitud de licencia de la diputada Karla Daniela Villarreal Benassini, del Partido Nueva Alianza (Panal), para separarse de sus funciones, también por "motivos de salud"; en su lugar dejó a Gerardo del Mazo Morales, sobrino del ex gobernador del estado de México Alfredo del Mazo.Durante la Sesión Publica de Resolución de la Sala Superior del TEPJF, efectuada hoy, la y los magistrados resolvieron de manera unánime solicitar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que tomen una decisión con respecto a las solicitudes de las dos legisladoras y para que en un plazo de tres días hábiles se notifique a sus suplentes para que puedan tomar protesta.Lo anterior se da luego de que Carlos Enrique Esquinca Cancino y Julián Nazar Morales interpusieran -cada uno por separado- una demanda ante el TEPJF para "denunciar" que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, no los ha convocado a tomar posesión como legisladores federales a pesar de las ausencias de sus compañeras de fórmula, Olga Luz Espinosa Morales y Ana María Rojas RuizAl respecto, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso señala: "Requerir a los diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones y comunicar al pleno las sanciones que correspondan, con fundamento en los artículos 63 y 64 constitucionales." El primero estipula que los legisladores que falten 10 días consecutivos sin causa justificada se darán por licenciados, llamándose a los suplentes. El segundo, habla de suspender las dietas (salarios).Cabe destacar que en su momento la diputada del PRD, Enoé Uranga denunció en este medio de comunicación que los partidos políticos cuyas diputadas pidieron licencia para separarse de sus cargos estaban dejando pasar el tiempo para que por "ausentismo" el pleno de San Lázaro las diera de baja ante la falta de discusión sobre el tema por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucop). La última vez que en la Jucop se tocó el tema de las solicitudes de licencias fue el 5 de octubre de 2009.En su denuncia, Carlos Enrique Esquinca Cancino señala que Olga Luz Espinosa Morales, ya rebasó las inasistencias en San Lázaro, acumulando 12 hasta el momento en que se redactó el documento, por lo que solicita una constancia de faltas de la legisladoras para proceder a realizar los tramites legales y ocupar su cargo; mientras que Julián Nazar Morales demandó ante el TEPJF al presidente de la Cámara de Diputados porque su compañera Ana María Rojas Ruiz acumuló 17 faltas.Al respecto, en la sesión de hoy, en la que se encontraban presentes los seis magistrados, la magistrada presidenta María del Carmen Alanís Figueroa, manifestó en tres ocasiones que con el resolutivo tomado hoy "no nos estamos pronunciando de la procedencia o no de las licencias", solamente estamos solicitado que se "dé respuesta y tome una determinación y notifique de inmediato al suplente ya que se podrían estar violentando sus derechos políticos".Con las dos licencias aprobadas el 29 de octubre y las que solicitó el TEPJF se les diera tramite, quedan pendientes de discusión las solicitudes de tres diputadas del PVEM: Laura Elena Ledesma Romo, Mariana Ivette Ezeta Salcedo y Carolina García; por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), la de Yulma Rocha Aguilar, y por el Partido del Trabajo (PT), la de Anel Patricia Nava Pérez.
jueves, 12 de noviembre de 2009
lunes, 2 de noviembre de 2009
Palabra de Antígona
Mujeres y Paramilitares en Oaxaca
Sara Lovera
Sara Lovera
Foto/Mayte Cruz
La madrugada del pasado 28 de octubre “encapuchados” y usando armas de alto poder asaltaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, (UABJO) llevándose equipo por 2 millones de pesos, luego de someter a los guardias. Una acción conectada con la existencia en la entidad de “ex mercenarios” que incluso han amenazado a empresarios de la entidad.
Dos días después del asalto, documentos clasificados del archivo de George W. Bush ex presidente de los Estados Unidos revelaron que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, utilizó mercenarios para perseguir y someter a líderes y a la sociedad durante el conflicto de 2006, donde califican al gobernante de incapaz de dar una salida pacífica y negociada al conflicto que cobró al menos 26 muertes y provocó un conflicto que según la opinión del gobierno Estadounidense, “pudo incendiar al país”.
Ambos hechos sucedieron dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró culpable a Ulises Ruiz de violaciones graves a las garantías individuales en Oaxaca durante el conflicto magisterial de 2006.
El gobernador de Oaxaca fue responsable de violaciones graves ocurridas en Oaxaca como los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a las garantías, a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad, a la paz, y al acceso a la información.
Los mercenarios y las fuerzas federales atacaron un 19 de noviembre a una marcha de mujeres con el uso de gases “picantes” y detuvo a 44 mujeres que fueron llevadas inopinadamente a una cárcel especial en el estado de Nayarit, donde algunas declararon abusos sexuales y maltratos; durante meses maestras, mujeres de la sociedad y de los pueblos indígenas fueron y son todavía, hostigadas por ese gobierno.
A pesar de todo ello Ulises Ruiz se niega a renunciar y los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo protegen y cobijan, ante la posibilidad de un juicio político al que es acreedor, ello como un signo funesto en esta hora del país, donde menudean las denuncias de que los gobiernos mexicanos han fomentado la creación de grupos paramilitares, que hoy actúan en nombre de la persecución al crimen organizado.
En Oaxaca adicionalmente se libra una acometida social contra las modificaciones constitucionales en 16 entidades, incluida Oaxaca, para impedir la libertad de las mujeres a realizarse abortos legales y previstos en nuestras leyes desde el triunfo de la Revolución, cuyas fiestas centenarias se anuncian con bombos y platillos.
El panorama es inseguro y fatal. Hay una relación de hechos que no puede obviarse: gobierno autoritario, persecución de la protesta social que en Oaxaca escenificó algo cercano a una guerra civil; existen secuelas políticas y emocionales. Así recuerdan las mujeres de la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca (COMO); hay militantes que emigraron por temor a ser apresadas; otras no han podido equilibrar su vida y ahora está ahí la funesta beligerancia contra las libertades femeninas, como es la de la legal interrupción del embarazo.
Y Ulises Ruiz y sus protectores, bien gracias. De ello no es inocente el gobierno federal, presidido en 2006 por Vicente Fox, hoy a cargo de Felipe Calderón, que parece no estar implicado y tiene oídos sordos.
Mientas la declaración de la SCJN dice textual que la resolución sólo tiene carácter de recomendación, se le notificó al ejecutivo y a la Procuraduría General de la República, las autoridades federales podrán ignorarla o no. Inaudito.
.
DOCUEMTNSO DESCLASIFICADOS
De acuerdo con la información del diario Milenio los documentos desclasificados –sin conocer aquéllos que están en manos de la CIA- establecen que el gobierno de los Estados Unidos estuvo alerta y dio seguimiento a la crisis social de Oaxaca en 2006.
Los cables obtenidos por la casa editorial de Milenio dejan en claro cuál fue la opinión del gobierno de Washington: Ulises Ruiz “usó mercenarios” para sostenerse en el poder; Elba Esther Gordillo quiso aprovechar el conflicto para su beneficio político personal y el gobierno federal se atemorizó ante el riesgo de un “estallido más amplio”.
Relatan que en las primeras horas del 30 de octubre de 2006 un mensaje urgente fue enviado por la embajada de Estados Unidos a distintas oficinas en Washington, entre ellas la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, el Departamento de Seguridad Interna y los Comandos del Norte y el Sur del Pentágono.
El motivo de la comunicación: el inicio del fin de la revuelta oaxaqueña, la entrada de la Policía Federal Preventiva para retomar el control de Oaxaca y aplastar a la Asamblea Popular de los Pueblos (APPO).
“La crisis en Oaxaca ha alcanzado un nuevo nivel”, se leía en el mensaje, marcado como “sensible” y con “prioridad 3959”, argot empleado para definir documentos que sólo pueden ser vistos por los funcionarios de más alto nivel, dice la información publicada.
Los detalles de las comunicaciones diplomáticas hacen notar los intereses de la Casa Blanca, no obstante señalan que “… Vicente Fox realmente nunca consideró remover a Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca y señala que muchos en el gobierno federal temen que remover al gobernador sentaría un mal precedente. No quieren dar un enemigo común a los distintos grupos radicales de México”.
Para pensar cómo nos ven, la nota periodística añade que una de las reflexiones establece que la llegada de la PFP literalmente salvó el pellejo al gobernador oaxaqueño. “Por el momento no queda claro qué tanta presión pueda ejercer todavía la APPO (…) pero queda claro que la intervención federal ha salvado a Ruiz, al limitar la autonomía de la APPO en Oaxaca”, es decir la intervención a favor de Vicente Fox, al que dejó a salvo, también, la recomendación de la Suprema Corte de Justicia.
Por lo visto las secuelas serían aun graves el día de hoy. Empresarios de Oaxaca, han confiado a periodistas locales, cómo los “mercenarios” están actuando como “zetas” amenazándolos y cobrándoles “rentas para darles seguridad”.
Podría no estar lejos de estas versiones de la vida cotidiana la incursión en las instalaciones universitarias por “encapuchados” armados que siguen haciendo de las suyas. No se trata de la primera vez, según versiones de los grupos de mujeres y fuentes periodísticas. Lo grave es lo que sucede en la vida cotidiana, aún hoy, se viven momentos de temor, por un simple robo.
Una situación como ésta, a la que se niegan los prianistas a discutir y resolver, mientras asestan el golpe económico a la población trabajadora -los que pagan el ISR-, vuelven a poner en el centro la grave situación de confusión e ingobernabilidad que se vive en importantes sectores de la población mexicana.
Las revelaciones de los documentos desclasificados y las recomendaciones de la SCJN, en un país civilizado, en éste donde se habla del estado de Derecho, obligaría a juzgar a Ulises Ruiz, pero no, hoy los partidos políticos -todos- y como diría una amiga, los políticos de siempre, están ya enfrascados en el asunto de la sucesión gubernamental que en Oaxaca habrá de desarrollarse a partir de febrero de 2010, mientras los ojos y las palabras temerosas de las mujeres crecen.
Los cambios de la Constitución para darle derechos al feto, ya amenazan con encarcelar –como en Guanajuato- a las mujeres, verdaderas presas de conciencia, por interrumpirse un embarazo.
Hoy, nadie puede transitar tranquilamente por las calles y las plazas de Oaxaca, donde se recrudece el recuerdo de días aciagos, que se cerraron y permanecen sin justicia.
saralovera@yahoo.com.mx
La madrugada del pasado 28 de octubre “encapuchados” y usando armas de alto poder asaltaron las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, (UABJO) llevándose equipo por 2 millones de pesos, luego de someter a los guardias. Una acción conectada con la existencia en la entidad de “ex mercenarios” que incluso han amenazado a empresarios de la entidad.
Dos días después del asalto, documentos clasificados del archivo de George W. Bush ex presidente de los Estados Unidos revelaron que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, utilizó mercenarios para perseguir y someter a líderes y a la sociedad durante el conflicto de 2006, donde califican al gobernante de incapaz de dar una salida pacífica y negociada al conflicto que cobró al menos 26 muertes y provocó un conflicto que según la opinión del gobierno Estadounidense, “pudo incendiar al país”.
Ambos hechos sucedieron dos semanas después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró culpable a Ulises Ruiz de violaciones graves a las garantías individuales en Oaxaca durante el conflicto magisterial de 2006.
El gobernador de Oaxaca fue responsable de violaciones graves ocurridas en Oaxaca como los derechos al acceso a la justicia, a la integridad personal, a la vida, a las garantías, a la libertad y a las libertades de tránsito, de trabajo, de pensamiento y expresión, de educación, de propiedad, a la paz, y al acceso a la información.
Los mercenarios y las fuerzas federales atacaron un 19 de noviembre a una marcha de mujeres con el uso de gases “picantes” y detuvo a 44 mujeres que fueron llevadas inopinadamente a una cárcel especial en el estado de Nayarit, donde algunas declararon abusos sexuales y maltratos; durante meses maestras, mujeres de la sociedad y de los pueblos indígenas fueron y son todavía, hostigadas por ese gobierno.
A pesar de todo ello Ulises Ruiz se niega a renunciar y los dirigentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo protegen y cobijan, ante la posibilidad de un juicio político al que es acreedor, ello como un signo funesto en esta hora del país, donde menudean las denuncias de que los gobiernos mexicanos han fomentado la creación de grupos paramilitares, que hoy actúan en nombre de la persecución al crimen organizado.
En Oaxaca adicionalmente se libra una acometida social contra las modificaciones constitucionales en 16 entidades, incluida Oaxaca, para impedir la libertad de las mujeres a realizarse abortos legales y previstos en nuestras leyes desde el triunfo de la Revolución, cuyas fiestas centenarias se anuncian con bombos y platillos.
El panorama es inseguro y fatal. Hay una relación de hechos que no puede obviarse: gobierno autoritario, persecución de la protesta social que en Oaxaca escenificó algo cercano a una guerra civil; existen secuelas políticas y emocionales. Así recuerdan las mujeres de la Coordinadora de Mujeres de Oaxaca (COMO); hay militantes que emigraron por temor a ser apresadas; otras no han podido equilibrar su vida y ahora está ahí la funesta beligerancia contra las libertades femeninas, como es la de la legal interrupción del embarazo.
Y Ulises Ruiz y sus protectores, bien gracias. De ello no es inocente el gobierno federal, presidido en 2006 por Vicente Fox, hoy a cargo de Felipe Calderón, que parece no estar implicado y tiene oídos sordos.
Mientas la declaración de la SCJN dice textual que la resolución sólo tiene carácter de recomendación, se le notificó al ejecutivo y a la Procuraduría General de la República, las autoridades federales podrán ignorarla o no. Inaudito.
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DOCUEMTNSO DESCLASIFICADOS
De acuerdo con la información del diario Milenio los documentos desclasificados –sin conocer aquéllos que están en manos de la CIA- establecen que el gobierno de los Estados Unidos estuvo alerta y dio seguimiento a la crisis social de Oaxaca en 2006.
Los cables obtenidos por la casa editorial de Milenio dejan en claro cuál fue la opinión del gobierno de Washington: Ulises Ruiz “usó mercenarios” para sostenerse en el poder; Elba Esther Gordillo quiso aprovechar el conflicto para su beneficio político personal y el gobierno federal se atemorizó ante el riesgo de un “estallido más amplio”.
Relatan que en las primeras horas del 30 de octubre de 2006 un mensaje urgente fue enviado por la embajada de Estados Unidos a distintas oficinas en Washington, entre ellas la Casa Blanca, el Consejo de Seguridad Nacional, la CIA, el Departamento de Seguridad Interna y los Comandos del Norte y el Sur del Pentágono.
El motivo de la comunicación: el inicio del fin de la revuelta oaxaqueña, la entrada de la Policía Federal Preventiva para retomar el control de Oaxaca y aplastar a la Asamblea Popular de los Pueblos (APPO).
“La crisis en Oaxaca ha alcanzado un nuevo nivel”, se leía en el mensaje, marcado como “sensible” y con “prioridad 3959”, argot empleado para definir documentos que sólo pueden ser vistos por los funcionarios de más alto nivel, dice la información publicada.
Los detalles de las comunicaciones diplomáticas hacen notar los intereses de la Casa Blanca, no obstante señalan que “… Vicente Fox realmente nunca consideró remover a Ulises Ruiz del gobierno de Oaxaca y señala que muchos en el gobierno federal temen que remover al gobernador sentaría un mal precedente. No quieren dar un enemigo común a los distintos grupos radicales de México”.
Para pensar cómo nos ven, la nota periodística añade que una de las reflexiones establece que la llegada de la PFP literalmente salvó el pellejo al gobernador oaxaqueño. “Por el momento no queda claro qué tanta presión pueda ejercer todavía la APPO (…) pero queda claro que la intervención federal ha salvado a Ruiz, al limitar la autonomía de la APPO en Oaxaca”, es decir la intervención a favor de Vicente Fox, al que dejó a salvo, también, la recomendación de la Suprema Corte de Justicia.
Por lo visto las secuelas serían aun graves el día de hoy. Empresarios de Oaxaca, han confiado a periodistas locales, cómo los “mercenarios” están actuando como “zetas” amenazándolos y cobrándoles “rentas para darles seguridad”.
Podría no estar lejos de estas versiones de la vida cotidiana la incursión en las instalaciones universitarias por “encapuchados” armados que siguen haciendo de las suyas. No se trata de la primera vez, según versiones de los grupos de mujeres y fuentes periodísticas. Lo grave es lo que sucede en la vida cotidiana, aún hoy, se viven momentos de temor, por un simple robo.
Una situación como ésta, a la que se niegan los prianistas a discutir y resolver, mientras asestan el golpe económico a la población trabajadora -los que pagan el ISR-, vuelven a poner en el centro la grave situación de confusión e ingobernabilidad que se vive en importantes sectores de la población mexicana.
Las revelaciones de los documentos desclasificados y las recomendaciones de la SCJN, en un país civilizado, en éste donde se habla del estado de Derecho, obligaría a juzgar a Ulises Ruiz, pero no, hoy los partidos políticos -todos- y como diría una amiga, los políticos de siempre, están ya enfrascados en el asunto de la sucesión gubernamental que en Oaxaca habrá de desarrollarse a partir de febrero de 2010, mientras los ojos y las palabras temerosas de las mujeres crecen.
Los cambios de la Constitución para darle derechos al feto, ya amenazan con encarcelar –como en Guanajuato- a las mujeres, verdaderas presas de conciencia, por interrumpirse un embarazo.
Hoy, nadie puede transitar tranquilamente por las calles y las plazas de Oaxaca, donde se recrudece el recuerdo de días aciagos, que se cerraron y permanecen sin justicia.
saralovera@yahoo.com.mx
Colombia: Las muñecas de la mafia
Por Ángela Castellanos Aranguren
Bogotá, noviembre (Especial de SEMlac).- Las mujeres son las protagonistas de la nueva serie de televisión colombiana Las muñecas de la mafia que, con menos de un mes en pantalla, ya abrió el debate sobre el papel de los medios en los patrones de femineidad vigentes.
Aunque el tema del narcotráfico no es nuevo en la pantalla chica, esta vez es enfocado desde el ángulo de las mujeres de los narcotraficantes.
El director de esta serie, Luis Alberto Restrepo, ya había dirigido los dramatizados El Capo, sobre Pablo Escobar, y Sin tetas no hay paraíso, basada en la novela del escritor Gustavo Bolívar y que trata de las adolescentes que, para ayudar económicamente a sus familias, se venden a los mafiosos.
En esta oportunidad, Restrepo vuelve con una serie por capítulos diarios que trata de las relaciones de seis mujeres con hombres involucrados en diverso grado con el tráfico de droga. Una es "presa" de su novio "narco", otra no quiere divorciarse de un capo para no perder poder y riqueza, una tercera es la esposa del contador del capo, y otras escalan amoríos en la jerarquía de la mafia, mientras que la protagonista acepta el dinero "sucio", al tiempo que dice no querer involucrarse en el negocio. En fin, se trata de mujeres sin escrúpulos que buscan riqueza, protección y poder, convirtiéndose en amantes de un narcotraficante o "traqueto", como los llaman coloquialmente en Colombia. Adicionalmente, no hay mujeres gorditas, ni morenas, ni de pechos pequeños. Tampoco las hay de clase baja, a excepción de la protagonista, que se supone que es de bajos ingresos, pero que ni el maquillaje, ni el vestuario, ni la actuación lo reflejan. Física y socialmente, los personajes no representan a la generalidad de las colombianas, sino a una minoría de ellas, después de haber pasado por varias cirugías estéticas. Para complementar, el marco escenográfico es de opulencia, derroche y placer, incluso para aquella de bajos ingresos. La publicidad de la serie anuncia, manifiestamente, que se trata de ilustrar a las mujeres que buscan acceder a bienes materiales mediante sus relaciones con varones de la droga. Su título expresa que ellas son objeto de diversión para ellos. Surge, pues, la interrogante sobre si estas historias están reforzando un modelo de mujer en la sociedad colombiana, o si simplemente la televisión lo está reflejando. Para el crítico de televisión y director del posgrado en periodismo de la Universidad de los Andes, Omar Rincón, el estereotipo de mujer que presenta esta serie, tristemente, sí responde a la realidad de las involucradas en el narcotráfico, y la televisión no lo crea, sino que lo confirma. "Basta salir a la calle, en cualquier ciudad colombiana, para verlo. Habitamos la narco estética, el narco cuerpo, la narco mujer. Y todo esto es exitoso, en la vida real y en la ficción", aseveró Rincón a SEMlac. ¿Será que, en la realidad, la vida de estas mujeres es tan buena como la pintan en Las muñecas de la mafia?, preguntó SEMlac a Florence Thomas, feminista y estudiosa de la representación femenina en los medios. "Cuando las jóvenes no tienen un proyecto de vida, el narcotráfico es una opción que les puede cambiar la existencia (económicamente), pero no sin esfuerzo: se vuelven mujeres objeto de consumo". En diálogo con Radio Nederland, la directora y productora de televisión Susana Silva comentó el estereotipo de mujer de esta dramatización. "El lado positivo puede ser que, al cumplir la televisión un papel de espejo, nos vemos reflejados en el (momento) inmediato. Antes se veían series sobre sucesos del pasado, pero estas son un espejo del presente y para quien las ve reflexivamente, pueden suscitar miradas críticas interesantes". "El lado negativo -agregó Silva- es que están generando patrones de identificación en los que lo único que cuenta es el objetivo del dinero a cualquier precio. No importa si hay que traicionar al papá, a los amigos o romper cualquier regla. Sólo cuenta el dinero y la fama plástica que, a su vez, alimenta el estereotipo de la mujer boba (tonta), poco reflexiva, ambiciosa, con el que estoy segura no nos identificamos el 95 por ciento de la colombianas". Según expresó a SEMlac Nancy Prada, directora del programa radial de la Escuela de Género de la Universidad Nacional, "si bien los medios de comunicación cumplen una función de poder, privilegiando ciertos discursos y poniéndolos a circular, no podemos entender el modelo comunicativo como unidireccional y pensar que quienes reciben los mensajes son actores pasivos", señaló. "Los y las espectadoras hacen cosas con ese estereotipo que reproduce la serie, lo reelaboran a partir de su propia experiencia y sus propios saberes", abundó. Desde el ángulo masculino, el retrato del varón del narcotráfico muestra el machismo y el uso de la violencia como formas de subyugación de la mujer. Sobre los dos personajes que encarnan al celoso violento y al infiel y también violento, el canal que transmite la serie abrió un foro en su sitio Web. La mayoría de las respuestas, firmadas en lo fundamental por mujeres, repudia a los dos personajes y califica a ambos comportamientos de machistas. Estas opiniones demuestran que puede haber una visión reflexiva en los adultos. No obstante, la serie se transmite en horario familiar, es decir, al alcance de niños, niñas y adolescentes. En Colombia, un país donde hay más televisores que estufas para cocinar -según reciente encuesta-, el contenido de la programación no es un tema menor. Para vigilarlo, existe la Comisión Nacional de Televisión, pero no hay antecedente de que esta haya solicitado cambio de horario de los dramatizados de los canales privados. El horario familiar es, indudablemente, el que más rentabilidad aporta, a través de la publicidad, mientras las transmisiones después de las 10 de la noche captan muy poca audiencia y, por tanto, tienen menos anunciantes. Probablemente, la productora y el canal apuestan a obtener el mismo éxito que tuvo Sin tetas no hay paraíso, y para ello se han asegurado de que las actrices cautiven a los hombres, quienes son los que manejan el control del televisor.
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