Cd. del Carmen, Campeche, a 19 de octubre de 2009.
Dirigido a:
•Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)
Dirección de Vinculación con Estados y Municipios
Director Leonel Maciel Ramírez
•Secretario de Cultura del Estado de Campeche
Carlos Augusto Vidal Angles
Quienes fuimos convocados el día 7 de agosto de 2009 por el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal de Carmen, Campeche, el cual tiene como coordinador a Julio César Moreno Vasconcelos y como tesorera a Mildred del Carmen Escalante Morcillo, tras la convocatoria del Programa de Desarrollo Cultural Municipal Carmen 2009, emitida el 15 de marzo y cerrada el 15 de abril de este año, pedimos a CONACULTA, se nos informe quiénes son los beneficiados de las becas, ya que, en dicha convocatoria no se menciona ni la fecha ni el medio en que se debe dar a conocer el fallo.
Así mismo dejamos constancia de no haber sido informados oficialmente de ninguna acción realizada por parte del Consejo Ciudadano, como tampoco haber recibido recursos económicos.
Tomando en cuenta la información proporcionada por una de las vocales, Aída Sanguino Kuri, quien es la única que ha mostrado preocupación por esclarecer y hacer valer los lineamientos del Consejo; las irregularidades en años anteriores, la falta de información en la convocatoria municipal y la dudosa capacitación del jurado calificador, también pedimos a CONACULTA nos dé a conocer el monto de los recursos económicos y de haber sido ya otorgados, a quiénes y cuándo, información que también hemos pedido al IFAI.
Sugerimos, para que realmente este Consejo Ciudadano cumpla con la finalidad por la cual ha sido integrado, se lleve a cabo una auditoría por parte de CONACULTA o por medio de la Secretaría de Cultura del Estado de Campeche, pretendiendo con esto, garanticen la correcta función del Consejo Ciudadano, el cual se regula bajo el Acuerdo Número 191, disponible en el sitio de internet:
http://www.carmen.gob.mx/umaip/Transparencia/T_Principal/Ayuntamiento/2008/marzo/ob10/Secretaria%20del%20Ayuntamiento/OBLI%20X--F%20SECRETARIA%20DEL%20AYUNTAMIENTO%20ACUERDOS%2009-1-2009/ACUERDO%20NUMERO%20191%20CONSEJO%20CIUDADANO%20DE%20DESARROLLO%20DE%20LA%20CULTURA.
Agradecemos se tomen en cuenta nuestras peticiones, pero sobre todo, su intervención para mediar en beneficio del desarrollo cultural del municipio.
Atentamente:
Artistas de diversas disciplinas de Cd. del Carmen, Campeche
y Red Cultural A.C.
-Adjuntamos hoja de firmas de los solicitantes.
-Copia del Acta correspondiente al día 16 de noviembre de 2006, proporcionada por la Vocal del
Consejo Aída Sanguino Kuri, para que puedan conocer la situación desorganizada e irregular bajo
la cual trabaja el Consejo.
-Copia de la Convocatoria: Programa de Desarrollo Cultural Municipal Carmen 2009.
C. c. p. Gobernador del Estado de Campeche, Fernando Ortega Bernés • Presidente del Municipio de Carmen, Aracely Escalante Jasso • Secretario de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Carmen, Francisco Hernández Ávalos • Coordinador del Consejo Ciudadano para el Desarrollo Cultural Municipal de Carmen, Campeche, Julio César Moreno Vasconcelos • Ex Directora de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Carmen, Mildred del Carmen Escalante Morcillo.
martes, 27 de octubre de 2009
Palabra de Antígona
Comando femenino en la Cámara
Por Sara Lovera
La diferencia que produce desigualdad contra las mujeres fue reconocida por la Asamblea de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1989, exactamente 14 años después de la Primera Conferencia de la ONU sobre la condición de más de la mitad de la población mundial celebrada en México durante el gobierno de Luis Echeverría.
La algarabía inunda al mundo en 2009, el próximo 18 de diciembre se cumplen 30 años de ésta declaración que es obligatoria en México y ley suprema de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución de la República, se trata de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW).
A la letra dice: “Que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de los estados”.
Por ejemplo, las mexicanas tienen el derecho y deber pleno de participar en política y en los órganos de toma de decisiones, en las elecciones y en todas las cuestiones económicas y culturales (artículos 7 y 14 de la CEDAW).
Incluso en 1999, la ONU también propuso un Protocolo Facultativo que hace posible que el Comité de la CEDAW reciba y analice casos individuales que signifiquen discriminación por ser mujer. Una chulada de fundamentación jurídica sin duda. Un mandato exigible y que debiera ser cumplido.
De ahí y no de las ocurrencias de un partido o un grupo, de una imitación extranjerizante, es de donde emana la demanda sistemática de muchas mujeres para ser tratadas sin discriminación y respetando en todo sus derechos humanos.
A pesar de ello en México autoridades de los tres niveles de gobierno –incluyendo al Congreso de la Unión- niegan éstos derechos. Hay quienes siguen tratando a las mujeres de un partido político o de una organización social, como base social maleable y manipulable.
En general hay una oposición ideológica que se extiende a una parte amplia de la sociedad. Se regatean los derechos, se venden éstos para captar votos, se obliga a las mujeres a actuar contra sí.
Eso me ha parecido que sucede nada más y nada menos que en la bancada del Partido Acción Nacional, grupo parlamentario encabezado por la ex secretaria de Educación Pública, Josefina Vásquez Mota, durante la toma tribuna contra la imposición de nuevos impuestos en la discusión de la Ley de Ingresos de 2010 y durante la comparecencia frustrada de Javier Lozano, administrador de la Secretaría del Trabajo, los días 22 y 23 de octubre.
Las diputadas panistas –según las crónicas publicadas de ambas sesiones- fueron enviadas a “rescatar” primero la tribuna, actuando no como legisladoras sino como una especie de abnegadas madres protectoras de la mesa directiva.
Aún peor, rodearon y protegieron al señor Lozano, ejecutando un acto antidemocrático y contra la naturaleza de la máxima tribuna de la nación, para evitar el acto republicano de rendir cuentas a los representantes del pueblo o sea a los diputados federales.
Nefastas las dos acciones que usan a las mujeres diputadas para evitar a Lozano explicar cómo, por qué y desde cuándo en México se anuló la Ley Federal del Trabajo y las garantías Constitucionales del artículo 123, pasando por encima del derecho al trabajo.
Es evidente que Lozano es el ejecutor porril de la política clasista antiobrera, defensor de los intereses trasnacionales, como en el caso de Industrial Minera México en los conflictos de Cananea y Pasta de Conchos y quien se atreve a denostar a las dirigencias -chuecas y derechas- que se han dado los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Lozano fue protegido por las diputadas panistas que no legislan, sino que ahora son simbólicamente muros de contención en el Congreso. Eso sólo puede ser posible en un ambiente político donde no ha entrado para nada la constitucionalidad de la no discriminación femenina.
La señora Vázquez Mota sabe muy bien, lo ha experimentado, que ninguna panista será obstruida por los diputados que protestan con razón frente al mal gobierno y usan la tribuna para intentar que no se ejecuten los acuerdos que se hacen contra el pueblo. No tienen de otra. Al menos quedan sus voces para expresar la negativa de muchos sectores de la población contra la intentona de robar nuestro trabajo, hasta más allá de lo justo y lo humanamente posible.
En cambio el panista Enrique Mercado, ese si, sin ambages empujó y maltrató a la diputada Laura Itzel Castillo. Este empresario zacatecano que como representante de los más nefastos intereses contra la libertad de expresión y favorable al duopolio televisivo y el control de las nuevas tecnologías de la comunicación, viola la CEDAW y también la otra Ley suprema expresada en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belem Do Pará, al violentar directamente a una legisladora.
Pero en los actos, la gritería, las acciones de quienes defienden el poder y no la democracia, ahí en la Cámara de Diputados, se ve que es la violencia, verbal, simbólica y física la que se exhibe sin la más mínima cordura. La violencia desatada en este sexenio de ignominia, ya ha llegado a límites inadmisibles. Y claro, aquí se olvida que está prohibida la discriminación y todas las formas de violencia contra las mujeres.
Es también violencia que se use a las diputadas, no para pensar y legislar sino para volverlas defensoras de las peores causas de esta hora.
No es sino una cara más del retroceso que hoy se vive contra las mujeres. Ahí está el PRI votando con el PAN en toda la República tratando de quitar derechos conseguidos con la sangre y la muerte de muchas mexicanas y mexicanos en la Revolución. Desgraciadamente, con en el PAN tras estos actos está la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, otrora aliada de la causa y el derecho de las mujeres.
Así estamos.
saralovera@yahoo.com.mx
Por Sara Lovera
La diferencia que produce desigualdad contra las mujeres fue reconocida por la Asamblea de las Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1989, exactamente 14 años después de la Primera Conferencia de la ONU sobre la condición de más de la mitad de la población mundial celebrada en México durante el gobierno de Luis Echeverría.
La algarabía inunda al mundo en 2009, el próximo 18 de diciembre se cumplen 30 años de ésta declaración que es obligatoria en México y ley suprema de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución de la República, se trata de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW).
A la letra dice: “Que las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las constituciones o leyes de los estados”.
Por ejemplo, las mexicanas tienen el derecho y deber pleno de participar en política y en los órganos de toma de decisiones, en las elecciones y en todas las cuestiones económicas y culturales (artículos 7 y 14 de la CEDAW).
Incluso en 1999, la ONU también propuso un Protocolo Facultativo que hace posible que el Comité de la CEDAW reciba y analice casos individuales que signifiquen discriminación por ser mujer. Una chulada de fundamentación jurídica sin duda. Un mandato exigible y que debiera ser cumplido.
De ahí y no de las ocurrencias de un partido o un grupo, de una imitación extranjerizante, es de donde emana la demanda sistemática de muchas mujeres para ser tratadas sin discriminación y respetando en todo sus derechos humanos.
A pesar de ello en México autoridades de los tres niveles de gobierno –incluyendo al Congreso de la Unión- niegan éstos derechos. Hay quienes siguen tratando a las mujeres de un partido político o de una organización social, como base social maleable y manipulable.
En general hay una oposición ideológica que se extiende a una parte amplia de la sociedad. Se regatean los derechos, se venden éstos para captar votos, se obliga a las mujeres a actuar contra sí.
Eso me ha parecido que sucede nada más y nada menos que en la bancada del Partido Acción Nacional, grupo parlamentario encabezado por la ex secretaria de Educación Pública, Josefina Vásquez Mota, durante la toma tribuna contra la imposición de nuevos impuestos en la discusión de la Ley de Ingresos de 2010 y durante la comparecencia frustrada de Javier Lozano, administrador de la Secretaría del Trabajo, los días 22 y 23 de octubre.
Las diputadas panistas –según las crónicas publicadas de ambas sesiones- fueron enviadas a “rescatar” primero la tribuna, actuando no como legisladoras sino como una especie de abnegadas madres protectoras de la mesa directiva.
Aún peor, rodearon y protegieron al señor Lozano, ejecutando un acto antidemocrático y contra la naturaleza de la máxima tribuna de la nación, para evitar el acto republicano de rendir cuentas a los representantes del pueblo o sea a los diputados federales.
Nefastas las dos acciones que usan a las mujeres diputadas para evitar a Lozano explicar cómo, por qué y desde cuándo en México se anuló la Ley Federal del Trabajo y las garantías Constitucionales del artículo 123, pasando por encima del derecho al trabajo.
Es evidente que Lozano es el ejecutor porril de la política clasista antiobrera, defensor de los intereses trasnacionales, como en el caso de Industrial Minera México en los conflictos de Cananea y Pasta de Conchos y quien se atreve a denostar a las dirigencias -chuecas y derechas- que se han dado los trabajadores de la compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Lozano fue protegido por las diputadas panistas que no legislan, sino que ahora son simbólicamente muros de contención en el Congreso. Eso sólo puede ser posible en un ambiente político donde no ha entrado para nada la constitucionalidad de la no discriminación femenina.
La señora Vázquez Mota sabe muy bien, lo ha experimentado, que ninguna panista será obstruida por los diputados que protestan con razón frente al mal gobierno y usan la tribuna para intentar que no se ejecuten los acuerdos que se hacen contra el pueblo. No tienen de otra. Al menos quedan sus voces para expresar la negativa de muchos sectores de la población contra la intentona de robar nuestro trabajo, hasta más allá de lo justo y lo humanamente posible.
En cambio el panista Enrique Mercado, ese si, sin ambages empujó y maltrató a la diputada Laura Itzel Castillo. Este empresario zacatecano que como representante de los más nefastos intereses contra la libertad de expresión y favorable al duopolio televisivo y el control de las nuevas tecnologías de la comunicación, viola la CEDAW y también la otra Ley suprema expresada en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Belem Do Pará, al violentar directamente a una legisladora.
Pero en los actos, la gritería, las acciones de quienes defienden el poder y no la democracia, ahí en la Cámara de Diputados, se ve que es la violencia, verbal, simbólica y física la que se exhibe sin la más mínima cordura. La violencia desatada en este sexenio de ignominia, ya ha llegado a límites inadmisibles. Y claro, aquí se olvida que está prohibida la discriminación y todas las formas de violencia contra las mujeres.
Es también violencia que se use a las diputadas, no para pensar y legislar sino para volverlas defensoras de las peores causas de esta hora.
No es sino una cara más del retroceso que hoy se vive contra las mujeres. Ahí está el PRI votando con el PAN en toda la República tratando de quitar derechos conseguidos con la sangre y la muerte de muchas mexicanas y mexicanos en la Revolución. Desgraciadamente, con en el PAN tras estos actos está la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, otrora aliada de la causa y el derecho de las mujeres.
Así estamos.
saralovera@yahoo.com.mx
lunes, 19 de octubre de 2009
Palabra de Antígona
Los verdaderos privilegios
Por Sara Lovera
Cuando planteamos que en el siglo XXI realmente existe la discriminación entre hombres y mujeres, estamos hablando de que en más de cinco mil años de historia la humanidad no ha conseguido reconocer que vivimos en comunidades dominadas por quienes ejercen autoritarismo y nos enajenamos a sus intereses económicos, políticos, sociales y culturales.
Todavía hay mucha gente que cree que así es. Que luchar por derechos y contra la impunidad es una equivocación. Esa gente permite, sin inmutarse, que a una mujer se le den golpes hasta poner en peligro su vida.
El autoritarismo, la competencia, la envidia los domina. Desde la formación más elemental de la pareja o los grupos familiares, pasando por míseras sociedades, grupos, empresas o comunidades hasta la cúpula del poder real.
Es contra la inteligencia reconocer semejante situación que produce este sistema donde una campaña mediática, llena de verdades a medias o de mentiras simples, funciona, al menos un tiempo precioso para que se ejecute la voluntad de nuestros verdugos.
Lo de la empresa Luz y Fuerza del Centro es una expresión nítida de ello. Lo que corroe todo intento real de vivir en equidad y desarrollo, estas nuevas palabras vacías en la voz de quienes las aplican tranquilamente, esperando sometimiento, acciones como las que hoy vivimos.
Hay grupos y personas que se resisten. Los electricistas van a resistir un buen tiempo. Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación lo sabemos se han formado comités en los barrios, grupos que se dan ánimo, personas capaces de llenar con su protesta el centro de la ciudad, clamando justicia, esperando ser oídos como sucedió con la fastuosa y emocionante marcha del 15 de octubre.
A la escandalosa revelación de los intereses desaforados por controlar el tendido de fibra óptica, se suma hoy el anuncio de nuevos privilegios fiscales, esos sí, al duopolio televisivo para dejar de pagar impuestos durante 5 años, porque los pobrecitos, van a invertir un poco de sus fortunas a ponernos al día en la telefonía celular y lo que sigue.
Son los negocios sin patria ni nombre ni principios. Eso los vamos comprendido a medida que pasa el tiempo. Mientras los dueños de todo manipulan la conciencia de millones de mexicanos aprovechado sus tentáculos, los medios, que lanzan falsos y permanentes mensajes.
No me asusta el discurso de quienes usan el micrófono o la pantalla televisiva para asegurar que los electricistas, obreros, ingenieros, dibujantes, empleados, secretarias, mujeres de intendencia y todas las personas que ahí laboraban son unos privilegiados. No me asusta que mucha gente repita la propaganda del verdugo, que manipula al interior de su conciencia, esa formada para odiar al otro o a la otra, lo que toca la fibra profunda de “nuestra idiosincrasia” competitiva y horrenda.
He escuchado y leído con cuidado los “análisis” de la intelectualidad traspasada por el pensamiento dominante; a políticos de los partidos, a empleadillos de publicaciones que ruegan por una plana de publicidad, a segundones de toda clase.
Me asusta que seamos tan pocas las personas con capacidad de verdadera indignación, tan pocas nuestras fuerzas y nuestras capacidades para remontar esa enajenación brutal que fue tan bien descrita por pensadores de todos los tiempos, cuyas biografías nos hablan de la desilusión, la amargura o la frustración con la que acabaron sus vidas.
Todas y todos sabemos que Ulises Ruiz ha sido un ruin, un cínico, que no quiere dejar su pedacito de reyezuelo oaxaqueño, responsable de la injusticia y de al menos 26 muertes durante el conflicto que buscaba mostrar el tamaño de la antidemocracia y el abandono de miles y miles de trabajadores e indígenas.
Todas y todos, estamos ciertos de que un puñado de capitalistas -así se llaman- son los realmente privilegiados en un sistema donde hablar de reparto de la riqueza que todas y todos construimos parezca un atentado a la paz y al futuro de la nación.
Hay quienes enajenados, pobres, empleados de tercera, todavía abren tamaños ojos cuando hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, esos son los mismos que confunden derechos con privilegios, los que están de acuerdo en que tener seguro social, préstamo para casa, vacaciones suficientes, derecho a una jubilación digna, es un atentado a la economía de los pobres.
Consentir el despido de 44 mil trabajadores, la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, los contratos colectivos que protegen a los trabajadores, es igualito que la inconciencia que sigue permitiendo el asesinato de mujeres por todo el territorio nacional, sólo por ser mujeres.
Constatar esto me revela contra mi humanidad.
No obstante siempre está la esperanza. Esa que nos permite todavía creer en la posibilidad de construir un camino diferente. Sin colores visibles, con una cosa tan deseada que se llama ciudadanía, principios, elemental sentido comunitario y generosidad.
Por fortuna todavía hay un periodismo que no se deja engañar, que documenta e investiga; todavía hay gremios sensibles y capaces; seguramente habrá algunas, pocas, voces en el Congreso y espero que los ministros de la Corte sean capaces de demostrar hasta dónde Felipe Calderón y su grupo se excedieron.
Y todavía hay mujeres que piensan que Margarita Zavala es buena persona e intercederá por sus familias, como sucedió en la semana con las señoras que la fueron a buscar a Los Pinos. Es esa la inocencia de la que se ríen los socios de Calderón, que esperan amasar muchos más recursos de los imaginables en el negocio que esconde la medida tan funesta que tomó el desgobierno mexicano.
De esas cualidades, por fortuna también humanas, pende el futuro inmediato. Eso a pesar del control del duopolio, de las voces de la radio, de los empleados a los que sus patrones les echan migajas, porque los locutores y presentadores de noticias no son los dueños, son simples sirvientes, bien pagados, sin discusión, pero dominados también.
Pobrecitos, ellos no lo saben porque su presupuesto es el de las próximas 24 horas, su casita bien puesta, sus vacaciones en Europa una vez al año. Pero de capital real, nada.
Yo los acuso, han estado creando condiciones, día a día, para el desarrollo de la dictadura, del desmantelamiento de la ley a la que acuden como pretexto, del uso de la bayoneta y el odio, todos recursos del Príncipe, ese al que aconsejó Nicolás Maquiavelo; son ellos contemporáneos Joseph Goebbels. Cuando las bayonetas lleguen a su casa, se van a arrepentir.
saralovera@yahoo.com.mx
Por Sara Lovera
Cuando planteamos que en el siglo XXI realmente existe la discriminación entre hombres y mujeres, estamos hablando de que en más de cinco mil años de historia la humanidad no ha conseguido reconocer que vivimos en comunidades dominadas por quienes ejercen autoritarismo y nos enajenamos a sus intereses económicos, políticos, sociales y culturales.
Todavía hay mucha gente que cree que así es. Que luchar por derechos y contra la impunidad es una equivocación. Esa gente permite, sin inmutarse, que a una mujer se le den golpes hasta poner en peligro su vida.
El autoritarismo, la competencia, la envidia los domina. Desde la formación más elemental de la pareja o los grupos familiares, pasando por míseras sociedades, grupos, empresas o comunidades hasta la cúpula del poder real.
Es contra la inteligencia reconocer semejante situación que produce este sistema donde una campaña mediática, llena de verdades a medias o de mentiras simples, funciona, al menos un tiempo precioso para que se ejecute la voluntad de nuestros verdugos.
Lo de la empresa Luz y Fuerza del Centro es una expresión nítida de ello. Lo que corroe todo intento real de vivir en equidad y desarrollo, estas nuevas palabras vacías en la voz de quienes las aplican tranquilamente, esperando sometimiento, acciones como las que hoy vivimos.
Hay grupos y personas que se resisten. Los electricistas van a resistir un buen tiempo. Gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación lo sabemos se han formado comités en los barrios, grupos que se dan ánimo, personas capaces de llenar con su protesta el centro de la ciudad, clamando justicia, esperando ser oídos como sucedió con la fastuosa y emocionante marcha del 15 de octubre.
A la escandalosa revelación de los intereses desaforados por controlar el tendido de fibra óptica, se suma hoy el anuncio de nuevos privilegios fiscales, esos sí, al duopolio televisivo para dejar de pagar impuestos durante 5 años, porque los pobrecitos, van a invertir un poco de sus fortunas a ponernos al día en la telefonía celular y lo que sigue.
Son los negocios sin patria ni nombre ni principios. Eso los vamos comprendido a medida que pasa el tiempo. Mientras los dueños de todo manipulan la conciencia de millones de mexicanos aprovechado sus tentáculos, los medios, que lanzan falsos y permanentes mensajes.
No me asusta el discurso de quienes usan el micrófono o la pantalla televisiva para asegurar que los electricistas, obreros, ingenieros, dibujantes, empleados, secretarias, mujeres de intendencia y todas las personas que ahí laboraban son unos privilegiados. No me asusta que mucha gente repita la propaganda del verdugo, que manipula al interior de su conciencia, esa formada para odiar al otro o a la otra, lo que toca la fibra profunda de “nuestra idiosincrasia” competitiva y horrenda.
He escuchado y leído con cuidado los “análisis” de la intelectualidad traspasada por el pensamiento dominante; a políticos de los partidos, a empleadillos de publicaciones que ruegan por una plana de publicidad, a segundones de toda clase.
Me asusta que seamos tan pocas las personas con capacidad de verdadera indignación, tan pocas nuestras fuerzas y nuestras capacidades para remontar esa enajenación brutal que fue tan bien descrita por pensadores de todos los tiempos, cuyas biografías nos hablan de la desilusión, la amargura o la frustración con la que acabaron sus vidas.
Todas y todos sabemos que Ulises Ruiz ha sido un ruin, un cínico, que no quiere dejar su pedacito de reyezuelo oaxaqueño, responsable de la injusticia y de al menos 26 muertes durante el conflicto que buscaba mostrar el tamaño de la antidemocracia y el abandono de miles y miles de trabajadores e indígenas.
Todas y todos, estamos ciertos de que un puñado de capitalistas -así se llaman- son los realmente privilegiados en un sistema donde hablar de reparto de la riqueza que todas y todos construimos parezca un atentado a la paz y al futuro de la nación.
Hay quienes enajenados, pobres, empleados de tercera, todavía abren tamaños ojos cuando hablamos de la igualdad entre hombres y mujeres, esos son los mismos que confunden derechos con privilegios, los que están de acuerdo en que tener seguro social, préstamo para casa, vacaciones suficientes, derecho a una jubilación digna, es un atentado a la economía de los pobres.
Consentir el despido de 44 mil trabajadores, la desaparición del Sindicato Mexicano de Electricistas, los contratos colectivos que protegen a los trabajadores, es igualito que la inconciencia que sigue permitiendo el asesinato de mujeres por todo el territorio nacional, sólo por ser mujeres.
Constatar esto me revela contra mi humanidad.
No obstante siempre está la esperanza. Esa que nos permite todavía creer en la posibilidad de construir un camino diferente. Sin colores visibles, con una cosa tan deseada que se llama ciudadanía, principios, elemental sentido comunitario y generosidad.
Por fortuna todavía hay un periodismo que no se deja engañar, que documenta e investiga; todavía hay gremios sensibles y capaces; seguramente habrá algunas, pocas, voces en el Congreso y espero que los ministros de la Corte sean capaces de demostrar hasta dónde Felipe Calderón y su grupo se excedieron.
Y todavía hay mujeres que piensan que Margarita Zavala es buena persona e intercederá por sus familias, como sucedió en la semana con las señoras que la fueron a buscar a Los Pinos. Es esa la inocencia de la que se ríen los socios de Calderón, que esperan amasar muchos más recursos de los imaginables en el negocio que esconde la medida tan funesta que tomó el desgobierno mexicano.
De esas cualidades, por fortuna también humanas, pende el futuro inmediato. Eso a pesar del control del duopolio, de las voces de la radio, de los empleados a los que sus patrones les echan migajas, porque los locutores y presentadores de noticias no son los dueños, son simples sirvientes, bien pagados, sin discusión, pero dominados también.
Pobrecitos, ellos no lo saben porque su presupuesto es el de las próximas 24 horas, su casita bien puesta, sus vacaciones en Europa una vez al año. Pero de capital real, nada.
Yo los acuso, han estado creando condiciones, día a día, para el desarrollo de la dictadura, del desmantelamiento de la ley a la que acuden como pretexto, del uso de la bayoneta y el odio, todos recursos del Príncipe, ese al que aconsejó Nicolás Maquiavelo; son ellos contemporáneos Joseph Goebbels. Cuando las bayonetas lleguen a su casa, se van a arrepentir.
saralovera@yahoo.com.mx
Letras violeta
Una tormenta está por venir
Soledad Jarquín Edgar
Soledad Jarquín Edgar
Al concluir 2009, se cumplirán 10 desde que organismos de la sociedad civil defensoras de los derechos humanos de mujeres llevan un recuento de las mujeres asesinadas en Oaxaca. El feminicidio, como se conoce a este fenómeno social desde 2004, ha cobrado la vida de cientos de mujeres que podrían alcanzar la fatídica cifra de 600 asesinadas este diciembre en los últimos 10 años.
En un reciente acto, el coordinador de Diversidades, Eduardo Liendro, recordó el hecho con las cifras que nos llevan a pensar en la larga lista de nombres de mujeres que se han ido acumulando desde 1999 en un conteo extraído de lo que aparece en los medios de comunicación, es decir, apenas un porcentaje de ellas, otras no alcanzaron a aparecer como noticia de la información policíaca, “ilustradas” con fotografías sangrientas y recreación de historias muchas veces falsas y llenas de calificativos.
El feminicidio, que como tal extrañamente no fue aceptado en Oaxaca en la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, nos lleva a pensar en muchas y lamentables hipótesis, ya que al aceptar la definición de este fenómeno las y los legisladores tendrían que admitir la responsabilidad de las instituciones a las que sirven, porque han demostrado en los hechos que están lejos de servir al pueblo. No reconocer que en Oaxaca existe un problema social grave llamado feminicidio es seguir dando permisos para asesinar.
Fue así como algunos de los responsables directos de la procuración de justicia y la seguridad pública en Oaxaca llegan a hasta mofarse de las denuncias hechas por las organizaciones sociales, argumentando que “eso no ocurre” y peor aún señalan “que no existe”, sin embargo, la realidad cotidiana nos dice otra cosa.
Con declaraciones y no con hechos, esas autoridades siguen negando lo innegable. Su actitud lleva a un plano de discusión mediática lo que no quieren reconocer en los hechos y que en la vida real enluta hogares, deja en la orfandad a cientos de niñas y niños y crea entre la sociedad, en especial entre las mujeres, inseguridad y miedo. Eso sin contar que al asesinar terminaron con una vida humana.
La falta de justicia, decía Liendro, apunta a que el Estado no previene ni atiende la violencia contra las mujeres, por lo que ese Estado se convierte en cómplice de los agresores. Y es que, hay que decir, sólo un porcentaje menor de los asesinos de esas mujeres son procesados y condenados, el resto siguen como fantasmas o como personas de carne y hueso con el añadido de una impunidad que les otorga el Estado.
El problema fundamental radica en los pésimos servicios de investigación de estos casos y de muchos otros delitos que se cometen en la entidad. Generalmente se apunta hacia lo que estas autoridades llaman “crímenes pasionales” y terminan por culpabilizar a las propias víctimas de sus asesinatos, pues se cuestiona sus relaciones personales, su trabajo y hasta su forma de vestir, como si en realidad de eso dependiera la seguridad de las mujeres y por ende sus vidas. Se lavan las manos en su patriarcado.
Lo cierto, es que en los últimos 10 años, porque sólo ese recuento se tiene, han sido asesinadas toda clase de mujeres, cuyas edades fluctúan en todas las que podemos imaginar, lo mismo que sus actividades. Esta violencia contra las mujeres, añadía Eduardo Liendro, no es un problema aislado, tampoco es un castigo ni un asunto de mala suerte. Está dentro de nuestra sociedad de manera transversal.
Lo que pasa en entidades como Oaxaca, que en el ámbito nacional ocupa el segundo lugar en homicidios de mujeres y violencia femicida, no es cosa menor. Por otra parte, la entidad también tiene otro deshonroso primer lugar en violencia contra mujeres y niñas, al ser el primero en la lista de entidades de México por el número de casos de violaciones sexuales.
Hay muchas historias que rayan en lo grotesco en Oaxaca. Un ejemplo es lo que sucede en la etnia Triqui, donde sólo mencionaré el asesinato de las locutoras Teresa Bautista y Felícitas Martínez, asesinadas en abril de 2008 cuyo caso fue atraído por la PGR. Unos meses antes, en la misma región fueron desaparecidas la maestra bilingüe Virginia Ortiz Ramírez y su pequeña hermana de 14 años Daniela. Nada se sabe sobre los avances, pero sí es claro que nadie investigó ni ha investigado a pesar de que existen testigos que señalan quiénes podrían ser los agresores de estas mujeres. El silencio de las instituciones de gobierno tanto estatales como federales me parece grotesco e inaudito. Un silencio que alcanza a la burocracia del género como el Instituto Nacional de las Mujeres, peor aún de las instituciones locales. Silencio, omisión, complicidad.
En abril de 2004, fue asesinada una mujer en su casa en la comunidad de San Francisco Lachigoló, a 20 minutos de esta capital oaxaqueña, el asesino era su pareja y el padre de sus dos hijos, la había matado a golpes. En enero de 2006, la sociedad oaxaqueña tenía un sabor amargo en la boca. Heriberto Vásquez Espinosa fue puesto en libertad mediante un programa de pre-liberación de Presos Indígenas que opera el gobierno estatal la noche del 23 de diciembre de 2005. El castigo por asesinar a golpes a María Luisa se había reducido a un año ocho meses de prisión.
Hay otros ejemplos como éste en Oaxaca, muchos más, en 2009 podemos contabilizar más de 50, recuerdo se trata de los casos expuestos a la luz pública por los medios locales impresos, habrá muchos otros, sin duda. Lo que imprimen los diarios locales son el más fiel testigo, ahí se quedaron por siempre en esas imágenes ensangrentadas y la mayoría de las veces inadmisibles.
Cuando no hay justicia, cuando se ignora lo que los testigos señalan sobre presuntos implicados, cuando nadie es castigado por estos horrendos crímenes, cuando se premia al asesino porque tiene un origen indígena, por buena conducta y se le reduce su castigo a un año ocho meses de prisión ¿qué es lo que pueden esperar la sociedad y las mujeres?
Hay funcionarios públicos a quienes hablar de feminicidio les incomoda, les parece mal por el sólo hecho de que la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia (por cierto aún sin reglamentos) no aprobó el término, otros consideran que el problema no es para tanto y sí una bandera “política” de los grupos, asociaciones o colectivos de mujeres. Un argumento para hacer una tormenta en un vaso de agua, escándalos, marchas, protestas, dicen los funcionarios y responsables de Justicia y Seguridad Pública.
Empero, la realidad empieza a desparramarse de su vaso de agua y lo que está por fuera no es sino el hedor de un sistema de seguridad pública y de justicia incompetente, un sistema de leyes que no evitan la violencia contra las mujeres, una sociedad que bajo el permiso institucional y el machismo sigue pensando que la vida las mujeres no vale nada.
Como está visto y las lecciones se deben aprender, el tiempo vendrá con la razón y sí algunos le apuestan al olvido, la tormenta en el vaso de agua podría ahogar a quienes en la anterior y esta administración dirigen Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el asunto del feminicidio no llegará la indiferencia.
miércoles, 14 de octubre de 2009
Sin Mujeres no hay maíz, ni país
“Nosotras, aunque tengamos manos, no tenemos donde agarrar, aunque tengamos tierra no tenemos dinero”
A los múltiples desafíos de su vida cotidiana y del campo, las mujeres rurales e indígenas de México enfrentan hoy un nuevo problema: la crisis alimentaria, por ello en el marco del 15 de octubre --Día Internacional de la Mujer Rural-- la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (Redpar) da a conocer los resultados del “Diagnóstico del Impacto de la Crisis alimentaria Mundial en las Mujeres Indígenas y Campesinas”.
Este diagnóstico se realizó, en 2008, para visibilizar las repercusiones de la crisis alimentaria en la vida cotidiana de las mujeres rurales, se realizaron entrevistas a 238 mujeres y a 38 informantes clave en diversos municipios de once entidades federativas de la República Mexicana, con población mestiza e indígena: otomíes, náhuatl, nahñu, totonacas, zapotecas, mixes, mixtecas, purépechas, tzotziles, choles, mayas, chujes, cajobales, mayo.
Los resultados más relevantes que arrojaron las realidades expresadas por las mujeres entrevistadas desde diversos ámbitos --producción, ingreso económico, migración, medio ambiente y políticas públicas-- colocaron sus preocupaciones y varias de sus demandas históricas:
• El alza de precios de los granos básicos, la liberación del mercado y la dependencia alimentaria, impiden que los pequeños productores nacionales puedan comercializar sus productos adecuadamente dentro y fuera del país, por lo que la agricultura de maíz y frijol persiste sólo para el autoconsumo.
• Ante el incremento de los precios mundiales de los granos, los beneficiaros de las ventas son los “coyotes”, comerciantes e intermediaros, quienes generalmente son hombres, así como comercializadoras de productos de consorcios transnacionales.
• Las mujeres rurales ven multiplicado cada vez más su trabajo ante la falta de ingresos dedicándose a: hogar, parcela, artesanías, ventas, hijas e hijos, pareja, salud, reuniones del programa “oportunidades”, administración del poco dinero o trabajo doméstico, entre otras.
• La crisis alimentaria ha generado que las mujeres participen menos en sus organizaciones y ha reforzado que se les considere como consumidoras y no como productoras, condicionando de forma distinta la participación de las mujeres y los hombres en los programas de desarrollo rural.
• Los programas sociales, que miran a las mujeres en su rol tradicional y como operadoras de las políticas públicas, han fomentado el individualismo y provocan rupturas en el tejido comunitario.
• El Estado no ve a las ve como sujetas de derechos en los programas sociales ni les proporciona una forma fácil de acceder a la información, para conocer los diferentes programas que ofrecen las instituciones así como las reglas de operación de los presupuestos.
• Se ha reducido el envío de remesas para ellas y se visualiza el regreso de los hombres migrantes a sus lugares de origen, sin tener una alternativa laboral local, agravando su condición de desigualdad en las comunidades.
• La afectación a los recursos naturales ha estado presente desde hace muchos años, pero con la crisis alimentaria se han agudizado los problemas como la falta de agua, la perdida de bosques y de la capacidad productiva de la tierra. A ello se suman aspectos como la contaminación del agua y la falta de leña que afectan directamente a las mujeres.
• La tierra de las familias rurales es cada vez más demandada por agroempresas y urbanizadores, lo cual afecta a las mujeres que al no ser las titulares de la tierra, no son consultadas para su venta.
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2005 la población indígena mexicana fue de 9 millones 533 mil 126 personas, lo que representa casi 10 por ciento de la población nacional, 51 por ciento mujeres y 49 por ciento hombres.
La mayor parte de esta población vive en la zona sur y sureste del territorio mexicano, donde se concentran los más altos niveles de pobreza y más municipios marginados del país. Otras entidades federativas de la República mexicana como Chihuahua, Nayarit, Durango, Puebla e Hidalgo también tienen presencia indígena, por lo que puede decirse que esta población se extiende a lo largo y ancho del territorio mexicano.
Se ha revelado que la población mexicana, en 2005, ascendía a 103 millones de personas, de las cuales 23.5 por ciento se encuentra situada en zonas rurales, donde de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo, 2000), poco más de la mitad de los indígenas reside en el medio rural (50.7 por ciento), tanto indígenas como mestizos comparten situaciones de rezago y casi siempre la población indígena es menos favorecida.
Los datos del “Diagnóstico del Impacto de la Crisis alimentaria Mundial en las Mujeres Indígenas y Campesinas” –que permiten visibilizar los pendientes históricos de la situación del campo y la afectación en la vida de las mujeres rurales— se darán a conocer en la presentación del video de "Vamos al Grano. Campaña por la agricultura en Mesoamérica" el próximo jueves 15 de octubre, a las 10:30 horas, en la sala 4 de la Cineteca Nacional, ubicada en Av. México-Coyoacán 389, Col. Xoco, Del. Benito Juárez.
La publicación del Diagnóstico en forma de libro, primera en su tipo, será presentada el próximo mes de noviembre. Se buscará que esta información llegue a manos de la comunidad legislativa de México, así como a los municipios de las entidades federativas en las que se hizo la investigación, para que los hallazgos se incorporen en las políticas públicas, presupuestos e iniciativas legislativas que orienten a un efectivo desarrollo rural con perspectiva de género --incluyendo la política social, alimentaria y económica del país-- siendo los gobiernos responsables de su diseño e implementación
De acuerdo con la académica Blanca Rubio, coordinadora de la publicación del diagnóstico, en nuestro país la crisis alimentaria se manifestó en el incremento hasta en un 70 por ciento de los precios de los alimentos básicos, así como el aumento en los costos de los insumos para el campo como fertilizantes y combustible, la elevación de las importaciones de granos y oleaginosas, el deterioro de los recursos naturales y de los ingresos de la población y la dificultad por asegurar el autoconsumo.
La Redpar es un espacio de coordinación, intercambio y apoyo de mujeres que trabajan en varias entidades federativas de la Republica Mexicana desde 1987. Impulsa y fortalece procesos de desarrollo local y regional con una visión feminista, hacia mujeres y organizaciones campesinas e indígenas, que promuevan la soberanía alimentaria y el empoderamiento de las organizaciones de mujeres.
La Red es integrante de la Campaña "Vamos al Grano. Campaña por la agricultura en Mesoamérica", en coordinación con Oxfam México, Rostros y Voces y otras organizaciones y redes campesinas que constituyan un proyecto colectivo para hacer patente la necesidad de un cambio profundo en las condiciones agroalimentarias mundiales y nacionales.
Para obtener mayor información sobre la RedPar o el diagnóstico, favor de contactarse con: blancaa@servidor.unam.mx / tonyperez75@hotmail o al teléfono 0445529006331
A los múltiples desafíos de su vida cotidiana y del campo, las mujeres rurales e indígenas de México enfrentan hoy un nuevo problema: la crisis alimentaria, por ello en el marco del 15 de octubre --Día Internacional de la Mujer Rural-- la Red Nacional de Promotoras y Asesoras Rurales (Redpar) da a conocer los resultados del “Diagnóstico del Impacto de la Crisis alimentaria Mundial en las Mujeres Indígenas y Campesinas”.
Este diagnóstico se realizó, en 2008, para visibilizar las repercusiones de la crisis alimentaria en la vida cotidiana de las mujeres rurales, se realizaron entrevistas a 238 mujeres y a 38 informantes clave en diversos municipios de once entidades federativas de la República Mexicana, con población mestiza e indígena: otomíes, náhuatl, nahñu, totonacas, zapotecas, mixes, mixtecas, purépechas, tzotziles, choles, mayas, chujes, cajobales, mayo.
Los resultados más relevantes que arrojaron las realidades expresadas por las mujeres entrevistadas desde diversos ámbitos --producción, ingreso económico, migración, medio ambiente y políticas públicas-- colocaron sus preocupaciones y varias de sus demandas históricas:
• El alza de precios de los granos básicos, la liberación del mercado y la dependencia alimentaria, impiden que los pequeños productores nacionales puedan comercializar sus productos adecuadamente dentro y fuera del país, por lo que la agricultura de maíz y frijol persiste sólo para el autoconsumo.
• Ante el incremento de los precios mundiales de los granos, los beneficiaros de las ventas son los “coyotes”, comerciantes e intermediaros, quienes generalmente son hombres, así como comercializadoras de productos de consorcios transnacionales.
• Las mujeres rurales ven multiplicado cada vez más su trabajo ante la falta de ingresos dedicándose a: hogar, parcela, artesanías, ventas, hijas e hijos, pareja, salud, reuniones del programa “oportunidades”, administración del poco dinero o trabajo doméstico, entre otras.
• La crisis alimentaria ha generado que las mujeres participen menos en sus organizaciones y ha reforzado que se les considere como consumidoras y no como productoras, condicionando de forma distinta la participación de las mujeres y los hombres en los programas de desarrollo rural.
• Los programas sociales, que miran a las mujeres en su rol tradicional y como operadoras de las políticas públicas, han fomentado el individualismo y provocan rupturas en el tejido comunitario.
• El Estado no ve a las ve como sujetas de derechos en los programas sociales ni les proporciona una forma fácil de acceder a la información, para conocer los diferentes programas que ofrecen las instituciones así como las reglas de operación de los presupuestos.
• Se ha reducido el envío de remesas para ellas y se visualiza el regreso de los hombres migrantes a sus lugares de origen, sin tener una alternativa laboral local, agravando su condición de desigualdad en las comunidades.
• La afectación a los recursos naturales ha estado presente desde hace muchos años, pero con la crisis alimentaria se han agudizado los problemas como la falta de agua, la perdida de bosques y de la capacidad productiva de la tierra. A ello se suman aspectos como la contaminación del agua y la falta de leña que afectan directamente a las mujeres.
• La tierra de las familias rurales es cada vez más demandada por agroempresas y urbanizadores, lo cual afecta a las mujeres que al no ser las titulares de la tierra, no son consultadas para su venta.
Según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en 2005 la población indígena mexicana fue de 9 millones 533 mil 126 personas, lo que representa casi 10 por ciento de la población nacional, 51 por ciento mujeres y 49 por ciento hombres.
La mayor parte de esta población vive en la zona sur y sureste del territorio mexicano, donde se concentran los más altos niveles de pobreza y más municipios marginados del país. Otras entidades federativas de la República mexicana como Chihuahua, Nayarit, Durango, Puebla e Hidalgo también tienen presencia indígena, por lo que puede decirse que esta población se extiende a lo largo y ancho del territorio mexicano.
Se ha revelado que la población mexicana, en 2005, ascendía a 103 millones de personas, de las cuales 23.5 por ciento se encuentra situada en zonas rurales, donde de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo, 2000), poco más de la mitad de los indígenas reside en el medio rural (50.7 por ciento), tanto indígenas como mestizos comparten situaciones de rezago y casi siempre la población indígena es menos favorecida.
Los datos del “Diagnóstico del Impacto de la Crisis alimentaria Mundial en las Mujeres Indígenas y Campesinas” –que permiten visibilizar los pendientes históricos de la situación del campo y la afectación en la vida de las mujeres rurales— se darán a conocer en la presentación del video de "Vamos al Grano. Campaña por la agricultura en Mesoamérica" el próximo jueves 15 de octubre, a las 10:30 horas, en la sala 4 de la Cineteca Nacional, ubicada en Av. México-Coyoacán 389, Col. Xoco, Del. Benito Juárez.
La publicación del Diagnóstico en forma de libro, primera en su tipo, será presentada el próximo mes de noviembre. Se buscará que esta información llegue a manos de la comunidad legislativa de México, así como a los municipios de las entidades federativas en las que se hizo la investigación, para que los hallazgos se incorporen en las políticas públicas, presupuestos e iniciativas legislativas que orienten a un efectivo desarrollo rural con perspectiva de género --incluyendo la política social, alimentaria y económica del país-- siendo los gobiernos responsables de su diseño e implementación
De acuerdo con la académica Blanca Rubio, coordinadora de la publicación del diagnóstico, en nuestro país la crisis alimentaria se manifestó en el incremento hasta en un 70 por ciento de los precios de los alimentos básicos, así como el aumento en los costos de los insumos para el campo como fertilizantes y combustible, la elevación de las importaciones de granos y oleaginosas, el deterioro de los recursos naturales y de los ingresos de la población y la dificultad por asegurar el autoconsumo.
La Redpar es un espacio de coordinación, intercambio y apoyo de mujeres que trabajan en varias entidades federativas de la Republica Mexicana desde 1987. Impulsa y fortalece procesos de desarrollo local y regional con una visión feminista, hacia mujeres y organizaciones campesinas e indígenas, que promuevan la soberanía alimentaria y el empoderamiento de las organizaciones de mujeres.
La Red es integrante de la Campaña "Vamos al Grano. Campaña por la agricultura en Mesoamérica", en coordinación con Oxfam México, Rostros y Voces y otras organizaciones y redes campesinas que constituyan un proyecto colectivo para hacer patente la necesidad de un cambio profundo en las condiciones agroalimentarias mundiales y nacionales.
Para obtener mayor información sobre la RedPar o el diagnóstico, favor de contactarse con: blancaa@servidor.unam.mx / tonyperez75@hotmail o al teléfono 0445529006331
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