La Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C. CONDENA EL ATAQUE del día 27 de abril A LA MISIÓN CIVIL HUMANITARIA que se dirigía a la Agencia Municipal de San Juan Cópala
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., manifiesta su condena al ataque que sufrió la Misión Civil Humanitaria conformada por defensoras y defensores de derechos humanos nacionales e internacionales así como reporteras y reporteros de diferentes medios de comunicación en la Sábana San Juan Cópala, Oaxaca el día 27 de abril aproximadamente a las 14:50 horas, esta Misión se dirigía al Municipio Autónomo de San Juan Cópala y fue emboscada en el paraje conocido como la Sabana a un Kilometro del Municipio Autónomo de San Juan Cópala.
Desde la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C.;
Manifestamos
Ø Nuestra total preocupación por las compañeras y compañeros defensores de derechos humanos nacionales e internacionales así como de las reporteras y reporteros y demás personas que acompañaban esta Misión de Observación, ya que queda manifestado que ser defensora y/o defensor de derechos humanos así como reportera o reportero en México representa un gran riesgo físico y sicológico.
Exigimos
Ø Que es Estado Mexicano actué de forma inmediata ante este contexto de violencia e impunidad en contra de defensoras y defensores de derechos humanos así como a reportas y reporteros nacionales e internacionales.
Ø Que el Estado Mexicano en comunicado a nivel nacional e internacional informe cuantas personas heridas hay hasta este momento.
Ø Que el Estado Mexicano investigue, actué y presente con vida a las defensoras y defensores de derechos humanos así como a las reporteras y reporteros nacionales e internacionales y demás personas que acompañaban la Misión de Observación y que hasta este momento se encuentran en calidad de desaparecidos.
Ø Que el Estado Mexicano de forma inmediata garantice la salida de las defensoras y los defensores, de las reporteras y de los reporteros así como de las demás personas que acompañaban la Misión de Observación.
Ø Que el estado Mexicano sea garante de los derechos humanos de la Población de San Juan Cópala.
Ø Que el Estado Mexicano garantice el cumplimiento irrestricto de la Declaración de los Defensores.
Nos Solidarizamos
Ø Con nuestras y nuestros colegas defensores de derechos humanos, así como con las reporteras y reporteros y demás personas que se encuentran desaparecidos.
Ø Con las familias de las defensoras y defensores asesinados.
Ø Con las organizaciones de derechos humanos que encabezaban esta Misión.
RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD A.C.
Ernesto Rodríguez Cabrera
Responsable área jurídica
jurídico_decada@yahoo.com.mx
jueves, 29 de abril de 2010
miércoles, 28 de abril de 2010
Encuentro Feminista
La participación es personal y podrán intervenir todas las mujeres que estén de acuerdo con tres principios básicos del feminismo:
· Los derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo el aborto;
· El derecho a una vida libre de violencia;
· El derecho a la libre preferencia sexual.
En Zacatecas, Zacatecas
Del 27 al 29 de agosto de 2010
Regístrate en
www.encuentrofeminista.org.mx
1. Deposita tu cuota de inscripción en la cuenta bancaria: 00104363531 de Scotiabank Inverlat a nombre de CIEDIS AC. Centro de Investigación y Estudios para el Desarrollo y la Igualdad Social AC .
Para depósito interbancario el no. CLABE es: 044180001043635317
La cuota de recuperación hasta el 15 de junio es de: $200.00 M/N
Del 16 de junio al 22 de agosto: $300.00 M/N
2. Realiza tu registro:
-Colocando tus datos en los campos del cuerpo de éste mensaje (Ver abajo)
No olvides pulsar "Submit"para que tus datos sean registrados en nuestra base de datos. Si tienes problemas para ver o enviar este formulario, pulsa:
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFNwT2dSLUluVnBLQmZMM3pTVFBrSEE6MQ
3. Una vez hecha tu aportación envía el comprobante de depósito por correo electrónico a: finanzas@encuentrofeminista2010.org.mx
Paso 2.
Una vez generado el pago bancario, te solicitamos puedas brindar los siguientes datos para realizar tu registro al ENF2010:
NOMBRE * Nombre y apellidos
EDAD *
PROCEDENCIA * Estado de la República Mexicana
TELÉFONO (S) * Fijo: Clave lada + número local. /Tel. Cel.:
CORREO ELECTRÓNICO *
¿PORQUÉ TE INTERESA ASISTIR AL ENCUENTRO FEMINISTA 2010? *
¿A QUÉ AGRUPACIÓN PERTENECES? * Brinda el nombre del espacio en que participas:
TEMAS DE INTERÉS Y DE TRABAJO * Puedes colocar todas las opciones que consideres.
PARTICULARES ¿Tienes algún requerimiento especial para poder asistir al ENF2010?
DATOS DE COMPROBANTE BANCARIO * Coloca aquí el número de folio electrónico de tu depósito:
COMUNICACIÓN INTEGRAL EN DERECHOS HUMANOS
"Por una sociedad del conocimiento crítico"
http://rosa-salazar.blogspot.com/
msn:rose_free7
gtalk:rosa.salazar@gmail.com
ENCUENTRO NACIONAL FEMINISTA MEXICANO
Próxima reunión: 2a Reunión Preparatoria
Lugar: viernes 11 y sábado 12 de junio 11:00hrs., Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las Capanas.
Blog: http://enfmx.blogspot.com/
Mail: feministas28defebrero@gmail.com
http://twiter.com/ENF2010
http://constituyentefeminista.org.mx
http://constituyentefeminista.blogspot.com/
http://seguridadporlavidadelasmujeres.blogspot.com/
Adjunto formato de la convocatoria e inscripción al Encuentro Feminista 2010
· Los derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo el aborto;
· El derecho a una vida libre de violencia;
· El derecho a la libre preferencia sexual.
En Zacatecas, Zacatecas
Del 27 al 29 de agosto de 2010
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La cuota de recuperación hasta el 15 de junio es de: $200.00 M/N
Del 16 de junio al 22 de agosto: $300.00 M/N
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Lugar: viernes 11 y sábado 12 de junio 11:00hrs., Auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Universidad Autónoma de Querétaro, Cerro de las Capanas.
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Adjunto formato de la convocatoria e inscripción al Encuentro Feminista 2010
martes, 20 de abril de 2010
Palabra de Antígona
Qué respondan las legisladoras
Por Sara Lovera
En México, como en los tiempos de los regímenes autoritarios y de facto, crece la idea de controlar el cuerpo de las mujeres a través de legislaciones que criminalizan el aborto. Además de 18 entidades que aprobaron dar derechos jurídicos al feto, en otros 8 existen iniciativas similares que están pendientes de resolución y en la Cámara de Diputados federal permanece la iniciativa impulsada por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para modificar en ese sentido la Constitución General de la República.
Se trata de una ofensiva orquestada desde la derecha, la jerarquía Católica, las direcciones del PRI y el PAN, que avanzan gracias a la vergonzosa colaboración de diputados de todos los partidos, incluso de izquierdas, dependiendo del Congreso local que se trate.
Por ello, en diciembre pasado cuando mujeres de muchas entidades del país se habían movilizado, desgarrando su piel para contener la ofensiva, se firmó un Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, con participación de grupos civiles de 16 entidades del país, de mujeres feministas militantes y otras libres. La iniciativa fue vista con buenos ojos por algunas legisladoras federales que provienen del movimiento.
El 4 de febrero, las mujeres del Pacto acudieron a la Cámara de Diputados a solicitar la intervención de las legisladoras para pedir que detuvieran la ofensiva. Esa es la tarea de las legisladoras, actuar en los Congresos, donde sus similares de todos los partidos políticos se sumaron, por ignorancia o por militancia, al embate contra los derechos de las mujeres.
Las integrantes del Pacto han investigado. Encontraron que no sólo hay la modificación constitucional retrograda sino que muchas mujeres son perseguidas, procesadas, encarceladas y castigadas.
Ahora las legisladoras podrían averiguar, vía su investidura, entre las procuradurías y la instancia nacional de Procuradores ¿Cuántas mujeres están en la cárcel? ¿De qué se les acusa? ¿Cómo hacer su tarea para liberarlas? No admitir la injusticia ni la muerte por omisión debido al aborto clandestino.
No obstante, las legisladoras no han dado una respuesta. Es como si su investidura no sirviera. Las dirigencias, como la del PRI se han tratado de justificar incluso hablando de democracia, olvidan otorgar un derecho no obliga y sí salvaría vidas.
Sin duda, estas representantes populares tienen problemas con sus partidos, la ignorancia de sus compañeros y muchas de sus compañeras para entender los derechos de las mujeres, la urgencia de ampliar el aborto legal o de plano permitirlo -como en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de la gestación- derecho definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Constitucional y apegado al Artículo 4º. de la Carta Magna.
Lo más curioso, cosa que sucede también entre las funcionarias de los Institutos de las Mujeres a lo largo y ancho del país, es que se desmarcan de su responsabilidad principal y se mimetizan como ciudadanas libres, sin reconocer sus capacidades de integrantes del gobierno y del Estado.
Por respuesta y seguramente como acción ligada a los tiempos electorales, las mujeres del Partido de la Revolución Democrática llaman a formar una Red de mujeres “para que luchen”, como si se tratara de ciudadanas demandantes. Lo grave es que esa Red se llama igual que el Pacto y confunde, pude hacer invisible la demanda de las mujeres; como el otrora partido de Estado, pretenden engullir a la organización de las ciudadanas libres a sus partidos o sus programas, sobre todo electorales.
Lo más complicado es que las legisladoras que pretenden actuar como ciudadanas comunes, de acuerdo a sus usos y costumbres, invitaron al gobernador de Chiapas a atestiguar su conformación. Y llamaron a que las feministas atestigüen su sesuda solución.
Pero resulta que el gobernador Juan Sabines Guerrero admitió una modificación en ese estado que es mucho más profunda que las otras, abarca mandatos en otras leyes y reglamentos que profundizan la ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la entidad donde existe el mayor número de muertes maternas, entre otras razones por abortos clandestinos ¿se las va a acusar? ¿Esta es la izquierda gobernante?
Además, lo mismo está sucediendo en Baja California Sur. Al menos una docena de legisladores de izquierdas lo han aprobado, es decir, integrantes del pacto político PRD/PT/Convergencia, sin considerar las nuevas alianzas electorales del PRD con el PRI en algunos casos y con el PAN, como en Oaxaca, donde las cifras de muertes maternas también rebasan nuestra inteligencia y la pobreza es enorme. ¿Cómo estar todas juntas con estos desatinos electoreros y partidarios?
Las Pactantes llamaron a las legisladoras a hacer el trabajo que les corresponde; se niegan a ser testigas o partícipes de otro entramado de voluntades demandante, que además, lleva el mismo nombre que el Pacto.
La carta que está circulando, probablemente cuando esto se publique estará en manos de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Leticia Quezada, reitera las demandas para que en su ámbito las legisladoras actúen.
Reconocen las pactantes que “en esta lucha podemos y necesitamos ser aliadas contra la ofensiva derechista, pero requerimos mantener también la independencia que facilite que otros sectores se pronuncien desde sus propios espacios sin sentirse obligados a ser parte de una representación única”.
Ahora, se pide a las legisladoras, dirigentes políticas, gobernadoras que el gobernador perredista de Chiapas si no puede vetar la retrógrada ley aprobada de manera espuria a finales de diciembre del año pasado, hacer otra inicistiva; aprobar la iniciativa de despenalización del aborto en Baja California Sur y exigir al gobernador el respeto por el carácter laico del Estado mexicano; sancionar a los legisladores que han obstaculizado la aprobación de esta reforma y a quienes han secundado las iniciativas que contravienen el derecho a la autodeterminación reproductiva.
También llaman a estas mujeres, aliadas indispensables a que trabajen por el avance en Michoacán -única entidad donde fueron derrotados los intentos regresivos- Guerrero y Zacatecas en el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos y despenalizar el aborto en el tenor que lo ha hecho el D.F.
Dicen además que en Michoacán, Zacatecas y Guerrero -de izquierdas- ni siquiera existen lineamientos claros para acceder al aborto legal en los casos en que lo precisa el código penal.
Ello permitirá conjuntar los esfuerzos necesarios para realizar un diagnóstico nacional sobre la criminalización a las mujeres por abortar, por medio de las instancias encargadas, donde podrían trabajar las diversas comisiones camerales como Equidad y Género, Feminicidio, Salud y Presupuesto, para destinar recursos no para “consejería” sino para la defensa y liberación de mujeres presas por aborto u otros delitos imputados que se vinculan con esta situación especialmente en Guanajuato, Puebla y Veracruz, donde se tiene información precisa de encarceladas, procesadas, en juicio y perseguidas.
Lo que sería, esa sí una venturosa actuación de uno de los poderes del Estado, como es el Legislativo.
saralovera@yahoo.com.mx
Por Sara Lovera
En México, como en los tiempos de los regímenes autoritarios y de facto, crece la idea de controlar el cuerpo de las mujeres a través de legislaciones que criminalizan el aborto. Además de 18 entidades que aprobaron dar derechos jurídicos al feto, en otros 8 existen iniciativas similares que están pendientes de resolución y en la Cámara de Diputados federal permanece la iniciativa impulsada por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, para modificar en ese sentido la Constitución General de la República.
Se trata de una ofensiva orquestada desde la derecha, la jerarquía Católica, las direcciones del PRI y el PAN, que avanzan gracias a la vergonzosa colaboración de diputados de todos los partidos, incluso de izquierdas, dependiendo del Congreso local que se trate.
Por ello, en diciembre pasado cuando mujeres de muchas entidades del país se habían movilizado, desgarrando su piel para contener la ofensiva, se firmó un Pacto por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres, con participación de grupos civiles de 16 entidades del país, de mujeres feministas militantes y otras libres. La iniciativa fue vista con buenos ojos por algunas legisladoras federales que provienen del movimiento.
El 4 de febrero, las mujeres del Pacto acudieron a la Cámara de Diputados a solicitar la intervención de las legisladoras para pedir que detuvieran la ofensiva. Esa es la tarea de las legisladoras, actuar en los Congresos, donde sus similares de todos los partidos políticos se sumaron, por ignorancia o por militancia, al embate contra los derechos de las mujeres.
Las integrantes del Pacto han investigado. Encontraron que no sólo hay la modificación constitucional retrograda sino que muchas mujeres son perseguidas, procesadas, encarceladas y castigadas.
Ahora las legisladoras podrían averiguar, vía su investidura, entre las procuradurías y la instancia nacional de Procuradores ¿Cuántas mujeres están en la cárcel? ¿De qué se les acusa? ¿Cómo hacer su tarea para liberarlas? No admitir la injusticia ni la muerte por omisión debido al aborto clandestino.
No obstante, las legisladoras no han dado una respuesta. Es como si su investidura no sirviera. Las dirigencias, como la del PRI se han tratado de justificar incluso hablando de democracia, olvidan otorgar un derecho no obliga y sí salvaría vidas.
Sin duda, estas representantes populares tienen problemas con sus partidos, la ignorancia de sus compañeros y muchas de sus compañeras para entender los derechos de las mujeres, la urgencia de ampliar el aborto legal o de plano permitirlo -como en el Distrito Federal hasta las 12 semanas de la gestación- derecho definido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Constitucional y apegado al Artículo 4º. de la Carta Magna.
Lo más curioso, cosa que sucede también entre las funcionarias de los Institutos de las Mujeres a lo largo y ancho del país, es que se desmarcan de su responsabilidad principal y se mimetizan como ciudadanas libres, sin reconocer sus capacidades de integrantes del gobierno y del Estado.
Por respuesta y seguramente como acción ligada a los tiempos electorales, las mujeres del Partido de la Revolución Democrática llaman a formar una Red de mujeres “para que luchen”, como si se tratara de ciudadanas demandantes. Lo grave es que esa Red se llama igual que el Pacto y confunde, pude hacer invisible la demanda de las mujeres; como el otrora partido de Estado, pretenden engullir a la organización de las ciudadanas libres a sus partidos o sus programas, sobre todo electorales.
Lo más complicado es que las legisladoras que pretenden actuar como ciudadanas comunes, de acuerdo a sus usos y costumbres, invitaron al gobernador de Chiapas a atestiguar su conformación. Y llamaron a que las feministas atestigüen su sesuda solución.
Pero resulta que el gobernador Juan Sabines Guerrero admitió una modificación en ese estado que es mucho más profunda que las otras, abarca mandatos en otras leyes y reglamentos que profundizan la ofensiva contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en la entidad donde existe el mayor número de muertes maternas, entre otras razones por abortos clandestinos ¿se las va a acusar? ¿Esta es la izquierda gobernante?
Además, lo mismo está sucediendo en Baja California Sur. Al menos una docena de legisladores de izquierdas lo han aprobado, es decir, integrantes del pacto político PRD/PT/Convergencia, sin considerar las nuevas alianzas electorales del PRD con el PRI en algunos casos y con el PAN, como en Oaxaca, donde las cifras de muertes maternas también rebasan nuestra inteligencia y la pobreza es enorme. ¿Cómo estar todas juntas con estos desatinos electoreros y partidarios?
Las Pactantes llamaron a las legisladoras a hacer el trabajo que les corresponde; se niegan a ser testigas o partícipes de otro entramado de voluntades demandante, que además, lleva el mismo nombre que el Pacto.
La carta que está circulando, probablemente cuando esto se publique estará en manos de la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Leticia Quezada, reitera las demandas para que en su ámbito las legisladoras actúen.
Reconocen las pactantes que “en esta lucha podemos y necesitamos ser aliadas contra la ofensiva derechista, pero requerimos mantener también la independencia que facilite que otros sectores se pronuncien desde sus propios espacios sin sentirse obligados a ser parte de una representación única”.
Ahora, se pide a las legisladoras, dirigentes políticas, gobernadoras que el gobernador perredista de Chiapas si no puede vetar la retrógrada ley aprobada de manera espuria a finales de diciembre del año pasado, hacer otra inicistiva; aprobar la iniciativa de despenalización del aborto en Baja California Sur y exigir al gobernador el respeto por el carácter laico del Estado mexicano; sancionar a los legisladores que han obstaculizado la aprobación de esta reforma y a quienes han secundado las iniciativas que contravienen el derecho a la autodeterminación reproductiva.
También llaman a estas mujeres, aliadas indispensables a que trabajen por el avance en Michoacán -única entidad donde fueron derrotados los intentos regresivos- Guerrero y Zacatecas en el reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos y despenalizar el aborto en el tenor que lo ha hecho el D.F.
Dicen además que en Michoacán, Zacatecas y Guerrero -de izquierdas- ni siquiera existen lineamientos claros para acceder al aborto legal en los casos en que lo precisa el código penal.
Ello permitirá conjuntar los esfuerzos necesarios para realizar un diagnóstico nacional sobre la criminalización a las mujeres por abortar, por medio de las instancias encargadas, donde podrían trabajar las diversas comisiones camerales como Equidad y Género, Feminicidio, Salud y Presupuesto, para destinar recursos no para “consejería” sino para la defensa y liberación de mujeres presas por aborto u otros delitos imputados que se vinculan con esta situación especialmente en Guanajuato, Puebla y Veracruz, donde se tiene información precisa de encarceladas, procesadas, en juicio y perseguidas.
Lo que sería, esa sí una venturosa actuación de uno de los poderes del Estado, como es el Legislativo.
saralovera@yahoo.com.mx
jueves, 8 de abril de 2010
Retrasan por “elecciones” iniciativa para normar aborto por violación
En Oaxaca
Por Nadia Altamirano Díaz
Corresponsal Oaxaca, Oax,
8 abr 10 (CIMAC).-
Ninguna mujer en Oaxaca tiene la posibilidad de ejercer su derecho, a la interrupción de un embarazo producto de una violación, porque la Ley no dice cuál autoridad debe responder a una petición de este tipo, y la iniciativa enviada al Congreso local para resolver esta laguna, es obstaculizada por “ser tiempos electorales”. El pasado 18 de febrero, el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz envió al congreso local, la iniciativa para que en caso de aborto por violación, sea el Ministerio Público (MP) el encargado de ordenar a las autoridades de salud la interrupción del embarazo, así como los requisitos y los plazos para hacer efectivo ese derecho. No obstante, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, la diputada Perla Woorlich Fernández, dijo que “pensábamos someter a votación del pleno el dictamen antes de que el 31 de marzo entráramos en receso, pero desgraciadamente por ser tiempos electorales, las compañeras que hacen mayoría, no se presentan”. Cabe recordar que precisamente por iniciativa de la diputada Woorlich, de extracción panista, el 9 de septiembre pasado el Congreso del Estado aprobó modificar el párrafo sexto del artículo 12 de la constitución Política del estado para proteger y garantizar el derecho a la vida “desde el momento de la fecundación”, con lo que se negó cualquier posibilidad de despenalizar el aborto en Oaxaca. La iniciativa de Ulises Ruiz, presentada por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) el 25 de febrero pasado, busca “establecer la participación del MP como la autoridad competente para resolver, en tiempo y forma, la petición de las mujeres que demuestren embarazo por violación y ordenar a las autoridades de salud estatales la práctica del aborto”. Ni organizaciones civiles ni los Servicios de Salud en Oaxaca, reportan un solo caso de mujeres con embarazos producto de una violación porque ninguna autoridad se siente respaldada por la Ley para otorgar la autorización, lo mismo ocurre con el médico que no actúa sin una orden de la procuraduría o de un juez. Ante esta laguna legal, todo el mundo “se lava las manos”, detalló Ana María Hernández, representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. La también integrante del Colectivo Huaxyacac aseguró que el 100 por ciento de las mujeres que deciden abortar “recurren al aborto clandestino o a provocárselo ellas mismas para llegar con un aborto incompleto a los servicios de salud”, pues en Oaxaca esta práctica es criminalizada y sólo se penaliza a las mujeres. El jefe del departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva de los Servicios de Salud de Oaxaca, José Ramón Pintor, informó que durante 2009 se atendieron 754 abortos, en mujeres menores de 20 años de edad. El 80 por ciento de ellas llegaron a las clínicas con abortos incompletos e inducidos. Entre las 12 mil 263 mujeres menores de 20 años de edad, que fueron atendidas en 2009 por un embarazo, se detectó que cinco de ellas habían sido violadas pero ninguna ejerció su derecho de interrumpir su embarazo. Cabe recordar que Oaxaca se encuentra entre los cinco primeros lugares con altos índices de muerte materna. A 2008 la Razón de Muerte Materna fue de 98.7 por cada 100 mil nacidos vivos, lo que significa que 62 mujeres murieron por complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio.
Por Nadia Altamirano Díaz
Corresponsal Oaxaca, Oax,
8 abr 10 (CIMAC).-
Ninguna mujer en Oaxaca tiene la posibilidad de ejercer su derecho, a la interrupción de un embarazo producto de una violación, porque la Ley no dice cuál autoridad debe responder a una petición de este tipo, y la iniciativa enviada al Congreso local para resolver esta laguna, es obstaculizada por “ser tiempos electorales”. El pasado 18 de febrero, el gobernador de la entidad, Ulises Ruiz envió al congreso local, la iniciativa para que en caso de aborto por violación, sea el Ministerio Público (MP) el encargado de ordenar a las autoridades de salud la interrupción del embarazo, así como los requisitos y los plazos para hacer efectivo ese derecho. No obstante, la presidenta de la Comisión de Equidad de Género, la diputada Perla Woorlich Fernández, dijo que “pensábamos someter a votación del pleno el dictamen antes de que el 31 de marzo entráramos en receso, pero desgraciadamente por ser tiempos electorales, las compañeras que hacen mayoría, no se presentan”. Cabe recordar que precisamente por iniciativa de la diputada Woorlich, de extracción panista, el 9 de septiembre pasado el Congreso del Estado aprobó modificar el párrafo sexto del artículo 12 de la constitución Política del estado para proteger y garantizar el derecho a la vida “desde el momento de la fecundación”, con lo que se negó cualquier posibilidad de despenalizar el aborto en Oaxaca. La iniciativa de Ulises Ruiz, presentada por el Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO) el 25 de febrero pasado, busca “establecer la participación del MP como la autoridad competente para resolver, en tiempo y forma, la petición de las mujeres que demuestren embarazo por violación y ordenar a las autoridades de salud estatales la práctica del aborto”. Ni organizaciones civiles ni los Servicios de Salud en Oaxaca, reportan un solo caso de mujeres con embarazos producto de una violación porque ninguna autoridad se siente respaldada por la Ley para otorgar la autorización, lo mismo ocurre con el médico que no actúa sin una orden de la procuraduría o de un juez. Ante esta laguna legal, todo el mundo “se lava las manos”, detalló Ana María Hernández, representante de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca. La también integrante del Colectivo Huaxyacac aseguró que el 100 por ciento de las mujeres que deciden abortar “recurren al aborto clandestino o a provocárselo ellas mismas para llegar con un aborto incompleto a los servicios de salud”, pues en Oaxaca esta práctica es criminalizada y sólo se penaliza a las mujeres. El jefe del departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva de los Servicios de Salud de Oaxaca, José Ramón Pintor, informó que durante 2009 se atendieron 754 abortos, en mujeres menores de 20 años de edad. El 80 por ciento de ellas llegaron a las clínicas con abortos incompletos e inducidos. Entre las 12 mil 263 mujeres menores de 20 años de edad, que fueron atendidas en 2009 por un embarazo, se detectó que cinco de ellas habían sido violadas pero ninguna ejerció su derecho de interrumpir su embarazo. Cabe recordar que Oaxaca se encuentra entre los cinco primeros lugares con altos índices de muerte materna. A 2008 la Razón de Muerte Materna fue de 98.7 por cada 100 mil nacidos vivos, lo que significa que 62 mujeres murieron por complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio.
martes, 6 de abril de 2010
Crea la UNAM Comisión especial de Equidad de Género
Para avanzar en la incorporación de la perspectiva de género
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 6 abr 10 (CIMAC).-
Con el fin de promover medidas y políticas en favor de la igualdad de género en las diversas estructuras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Consejo Universitario (CU) aprobó crear la Comisión Especial de Equidad de Género de ese órgano colegiado. La máxima casa de estudios señaló que las atribuciones de la Comisión serán las de solicitar información y estudios a las distintas instancias universitarias o a las autoridades competentes en la institución; formular recomendaciones y/o diseñar lineamientos necesarios para lograr la equidad de género en todos los ámbitos de la Universidad. Además de difundir el papel, significado, prácticas, estructuras y normatividad de la equidad de género en la vida diaria institucional, toda vez que la equidad de género es un tema de carácter transversal. La Comisión estará conformada por 21 integrantes: 18 consejeros universitarios --cinco directores, tres profesores, tres investigadores, seis alumnos y un empleado administrativo--, una profesora o investigadora emérita y dos representantes de Rectoría, uno de ellos del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG). La equidad entre mujeres y hombres es una preocupación internacional asociada con el bienestar, el desarrollo, la justicia y la paz mundial. En la Constitución Política mexicana se garantiza este derecho en el título primero, capítulo I, artículo 4 que establece: “El varón y la mujer son iguales ante a ley”, señala el texto editado por el PUEG: “Presencia de mujeres y hombres en la UNAM 2006: una radiografía”. EQUIDAD DE GÉNERO EN LA UNAM En la UNAM, el liderazgo, el compromiso y la participación activa de las autoridades y sus funcionarios han sido decisivos para impulsar, durante más de una década, varias iniciativas a favor de la incorporación de la perspectiva de género en su estructura institucional. Una de estas iniciativas es el proyecto Equidad de Género en la UNAM, que se enmarca en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que reconoce la necesidad de impulsar en México la transversalización de género. Definida como “...el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas…”. De igual manera en el Título IV, Capítulo Tercero, el artículo 36 inciso II menciona que será necesario “Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación”. A decir del PUEG, la incorporación de la perspectiva de género en la institución ha ido avanzando de manera paulatina, se inició en la reforma al Estatuto General de la UNAM con la adición de un segundo párrafo al artículo segundo. En él se establece que en todos los casos las mujeres y los hombres de la Universidad gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, reconocidos y garantizados por las normas y disposiciones que integran la legislación universitaria. A raíz de esta reforma, precisa el PUEG en su portal, el Consejo Universitario acordó constituir una Comisión de Seguimiento al cambio estatutario, conformada por cinco consejeras y consejeros, la Secretaria de Desarrollo Institucional como representante del Rector y presidida por la directora del PUEG Marisa Belausteguigoitia. Por lo que la iniciativa no sólo se vio plasmada en la Legislación Universitaria, sino que cuenta además con un cuerpo colegiado para dar seguimiento a las medidas impulsadas por las distintas entidades universitarias para la promoción de la equidad de género dentro de la Universidad. Asimismo, el Plan de Desarrollo 2008-2011 de la máxima casa de estudios de México, plantea que “se impulsará la perspectiva de género en la normatividad del desempeño tanto del cuerpo directivo y de la administración central de la Universidad como en el ámbito académico, de manera que esté presente en todas las relaciones entre universitarios”. Además de que se buscará extender el concepto de equidad no sólo como instrumento para lograr la igualdad entre mujeres y hombres de la comunidad universitaria sino también entre los individuos en su especificidad. De igual manera reconoce que el planteamiento de políticas dirigidas a lograr la equidad entre géneros, poblaciones indígenas y grupos sociales diversos” es una tendencia en la educación superior a nivel mundial. Por lo que las universidades, sobre todo las públicas, deben conocer y analizar estas tendencias y tenerlas como referentes para normar su acción en el marco de su autonomía, asumiendo su función de ser la conciencia crítica de la sociedad
Por Gladis Torres Ruiz
México, DF, 6 abr 10 (CIMAC).-
Con el fin de promover medidas y políticas en favor de la igualdad de género en las diversas estructuras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Consejo Universitario (CU) aprobó crear la Comisión Especial de Equidad de Género de ese órgano colegiado. La máxima casa de estudios señaló que las atribuciones de la Comisión serán las de solicitar información y estudios a las distintas instancias universitarias o a las autoridades competentes en la institución; formular recomendaciones y/o diseñar lineamientos necesarios para lograr la equidad de género en todos los ámbitos de la Universidad. Además de difundir el papel, significado, prácticas, estructuras y normatividad de la equidad de género en la vida diaria institucional, toda vez que la equidad de género es un tema de carácter transversal. La Comisión estará conformada por 21 integrantes: 18 consejeros universitarios --cinco directores, tres profesores, tres investigadores, seis alumnos y un empleado administrativo--, una profesora o investigadora emérita y dos representantes de Rectoría, uno de ellos del Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG). La equidad entre mujeres y hombres es una preocupación internacional asociada con el bienestar, el desarrollo, la justicia y la paz mundial. En la Constitución Política mexicana se garantiza este derecho en el título primero, capítulo I, artículo 4 que establece: “El varón y la mujer son iguales ante a ley”, señala el texto editado por el PUEG: “Presencia de mujeres y hombres en la UNAM 2006: una radiografía”. EQUIDAD DE GÉNERO EN LA UNAM En la UNAM, el liderazgo, el compromiso y la participación activa de las autoridades y sus funcionarios han sido decisivos para impulsar, durante más de una década, varias iniciativas a favor de la incorporación de la perspectiva de género en su estructura institucional. Una de estas iniciativas es el proyecto Equidad de Género en la UNAM, que se enmarca en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que reconoce la necesidad de impulsar en México la transversalización de género. Definida como “...el proceso que permite garantizar la incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe, tratándose de legislación, políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales en las instituciones públicas y privadas…”. De igual manera en el Título IV, Capítulo Tercero, el artículo 36 inciso II menciona que será necesario “Garantizar que la educación en todos sus niveles se realice en el marco de la igualdad entre mujeres y hombres y se cree conciencia de la necesidad de eliminar toda forma de discriminación”. A decir del PUEG, la incorporación de la perspectiva de género en la institución ha ido avanzando de manera paulatina, se inició en la reforma al Estatuto General de la UNAM con la adición de un segundo párrafo al artículo segundo. En él se establece que en todos los casos las mujeres y los hombres de la Universidad gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, reconocidos y garantizados por las normas y disposiciones que integran la legislación universitaria. A raíz de esta reforma, precisa el PUEG en su portal, el Consejo Universitario acordó constituir una Comisión de Seguimiento al cambio estatutario, conformada por cinco consejeras y consejeros, la Secretaria de Desarrollo Institucional como representante del Rector y presidida por la directora del PUEG Marisa Belausteguigoitia. Por lo que la iniciativa no sólo se vio plasmada en la Legislación Universitaria, sino que cuenta además con un cuerpo colegiado para dar seguimiento a las medidas impulsadas por las distintas entidades universitarias para la promoción de la equidad de género dentro de la Universidad. Asimismo, el Plan de Desarrollo 2008-2011 de la máxima casa de estudios de México, plantea que “se impulsará la perspectiva de género en la normatividad del desempeño tanto del cuerpo directivo y de la administración central de la Universidad como en el ámbito académico, de manera que esté presente en todas las relaciones entre universitarios”. Además de que se buscará extender el concepto de equidad no sólo como instrumento para lograr la igualdad entre mujeres y hombres de la comunidad universitaria sino también entre los individuos en su especificidad. De igual manera reconoce que el planteamiento de políticas dirigidas a lograr la equidad entre géneros, poblaciones indígenas y grupos sociales diversos” es una tendencia en la educación superior a nivel mundial. Por lo que las universidades, sobre todo las públicas, deben conocer y analizar estas tendencias y tenerlas como referentes para normar su acción en el marco de su autonomía, asumiendo su función de ser la conciencia crítica de la sociedad
lunes, 5 de abril de 2010
Cuba: Mujeres se abren espacios en la agricultura
Por Sara Más
La Habana, abril (SEMlac).- Aunque se ha ido incrementando la presencia y participación de las cubanas en la agricultura, no siempre se reconocen sus esfuerzos, de acuerdo con indagaciones periodísticas en varias zonas del país.
Un sondeo realizado por la revista Bohemia, de circulación nacional, en fincas familiares, cooperativas de producción y de servicios en cinco provincias del occidente, centro y oriente del país, reveló que todavía la cultura patriarcal limita la incorporación femenina a las labores agrícolas y recarga a las mujeres.
"Muchas de las entrevistadas en estos espacios sí desempeñan labores agrícolas, pero no se les reconocen", precisó la periodista Dixie Edith Trinquete, al comentar los resultados de varias entrevistas realizadas el pasado año en las provincias de Granma, Holguín, Matanzas, La Habana y Ciudad de La Habana.
"En cinco de los casos visitados, los esposos son miembros de la Asociación Cubana de Producción Animal, porque en sus patios familiares y fincas crían, sobre todo, ganado menor", expuso de ejemplo.
"Sin embargo, cuando intentamos profundizar, resulta que quienes se encargaban de los animales eran las mujeres, y lo hacían sin dejar de ocuparse de las labores domésticas y los hijos", agregó Edith al presentar la ponencia "Eva sale a buscar semillas", durante el encuentro de medios nacionales sobre Género y Comunicación, el pasado 31 de marzo.
En su opinión, ese resultado está en línea con los obtenidos por una investigación precedente de la Oficina Nacional de Estadísticas sobre el empleo del tiempo de cubanas y cubanos, realizado a inicios de esta década en municipios seleccionados de la Isla.
Dicho estudio reveló que, como norma, las mujeres trabajan más que los hombres cuando se suman las llamadas labores "no remuneradas", fundamentalmente realizadas puertas adentro del hogar. En particular en las zonas rurales, se estimó que por cada 100 horas de trabajo de los hombres, las mujeres sumaban poco más de 110.
De acuerdo con la información recogida por Bohemia, la falta de información clasifica como la primera causa para que se mantenga esta situación, unida a la sobrecarga de las labores domésticas y el cuidado casi exclusivo de los hijos e hijas, que sigue recayendo sobre las mujeres.
"A menor edad, la situación cambia, pero emerge un peligro potencial para los campos cubanos: sin ser todavía una generalidad, tras alcanzar estudios superiores, incluso vinculados al agro, las mujeres tienden a emigrar", agregó Edith.
La periodista dijo que, por obra y gracia de la persistente herencia patriarcal que predomina en los campos de la isla, aún son pocas las cubanas incorporadas formalmente a las labores agrícolas, en contraste con el peso que la fuerza femenina ha alcanzado en otros sectores de la vida nacional.
Las mujeres suman alrededor del 47 por ciento de las personas que habitan en áreas rurales de la nación caribeña. Sin embargo, en julio de 2009 apenas llegaban al 19,2 por ciento de la fuerza agrícola en el país, según datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la ONE y el Ministerio de la Agricultura.
Un estudio realizado a mediados de la actual década por las investigadoras Niurka Pérez Rojas y Miriam García Aguiar, integrantes del Equipo de Estudios Rurales de la Universidad de La Habana, encontró que, sobre todo al interior de las cooperativas de créditos y servicios, había un marcado desacuerdo de los hombres ante la posibilidad de que sus esposas se incorporaran a tareas productivas. Además, ninguno de los campesinos entrevistados declaró consultar con esposas o hijas sus decisiones laborales.
Entre las mujeres, la razón más mencionada para explicar por qué no se acercaban al surco fue que tenían "que atender la casa y a los hijos". Pero las estudiosas confirmaron, además, un motivo indirecto: en la mayoría de los casos, estas amas de casa no tenían una imperiosa necesidad económica ni social.
No obstante, una vía "que tienen las cubanas para encontrar su sitio en el surco, por encima de tradiciones, tozudeces y prejuicios, es el conocimiento", asegura Edith.
Ellas se han convertido, sin discusión, en avanzada de la fuerza laboral calificada de la isla, al representar más del 60 por ciento de sus profesionales y técnicos.
"El campo cubano está apostando a una paulatina introducción de técnicas de la agricultura intensiva, junto a otras tecnologías que requieren de mano de obra especializada, lo cual resulta, por transición, una oportunidad para ellas", acotó.
En julio de 2009 laboraban en el agro más de un millón 340.000 personas, sumados el sector estatal y cooperativo. Las mujeres representaban apenas el 19,2 por ciento de esa cifra. Sin embargo, de los 101.846 trabajadores considerados fuerza calificada, representaban casi el 39 por ciento.
Por otra parte, datos recogidos por la Federación de Mujeres Cubanas, única organización femenina que agrupa a unos cuatro millones de cubanas, dan cuenta de que las campesinas dirigentes en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños aumentaron de 12 a 32 por ciento entre 2000 y 2007.
En la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), una de las organizaciones del campo cubano con mejor definición de sus objetivos en función de la equidad de género, 38 por ciento de los órganos de base son dirigidos por mujeres, precisó.
La Habana, abril (SEMlac).- Aunque se ha ido incrementando la presencia y participación de las cubanas en la agricultura, no siempre se reconocen sus esfuerzos, de acuerdo con indagaciones periodísticas en varias zonas del país.
Un sondeo realizado por la revista Bohemia, de circulación nacional, en fincas familiares, cooperativas de producción y de servicios en cinco provincias del occidente, centro y oriente del país, reveló que todavía la cultura patriarcal limita la incorporación femenina a las labores agrícolas y recarga a las mujeres.
"Muchas de las entrevistadas en estos espacios sí desempeñan labores agrícolas, pero no se les reconocen", precisó la periodista Dixie Edith Trinquete, al comentar los resultados de varias entrevistas realizadas el pasado año en las provincias de Granma, Holguín, Matanzas, La Habana y Ciudad de La Habana.
"En cinco de los casos visitados, los esposos son miembros de la Asociación Cubana de Producción Animal, porque en sus patios familiares y fincas crían, sobre todo, ganado menor", expuso de ejemplo.
"Sin embargo, cuando intentamos profundizar, resulta que quienes se encargaban de los animales eran las mujeres, y lo hacían sin dejar de ocuparse de las labores domésticas y los hijos", agregó Edith al presentar la ponencia "Eva sale a buscar semillas", durante el encuentro de medios nacionales sobre Género y Comunicación, el pasado 31 de marzo.
En su opinión, ese resultado está en línea con los obtenidos por una investigación precedente de la Oficina Nacional de Estadísticas sobre el empleo del tiempo de cubanas y cubanos, realizado a inicios de esta década en municipios seleccionados de la Isla.
Dicho estudio reveló que, como norma, las mujeres trabajan más que los hombres cuando se suman las llamadas labores "no remuneradas", fundamentalmente realizadas puertas adentro del hogar. En particular en las zonas rurales, se estimó que por cada 100 horas de trabajo de los hombres, las mujeres sumaban poco más de 110.
De acuerdo con la información recogida por Bohemia, la falta de información clasifica como la primera causa para que se mantenga esta situación, unida a la sobrecarga de las labores domésticas y el cuidado casi exclusivo de los hijos e hijas, que sigue recayendo sobre las mujeres.
"A menor edad, la situación cambia, pero emerge un peligro potencial para los campos cubanos: sin ser todavía una generalidad, tras alcanzar estudios superiores, incluso vinculados al agro, las mujeres tienden a emigrar", agregó Edith.
La periodista dijo que, por obra y gracia de la persistente herencia patriarcal que predomina en los campos de la isla, aún son pocas las cubanas incorporadas formalmente a las labores agrícolas, en contraste con el peso que la fuerza femenina ha alcanzado en otros sectores de la vida nacional.
Las mujeres suman alrededor del 47 por ciento de las personas que habitan en áreas rurales de la nación caribeña. Sin embargo, en julio de 2009 apenas llegaban al 19,2 por ciento de la fuerza agrícola en el país, según datos del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la ONE y el Ministerio de la Agricultura.
Un estudio realizado a mediados de la actual década por las investigadoras Niurka Pérez Rojas y Miriam García Aguiar, integrantes del Equipo de Estudios Rurales de la Universidad de La Habana, encontró que, sobre todo al interior de las cooperativas de créditos y servicios, había un marcado desacuerdo de los hombres ante la posibilidad de que sus esposas se incorporaran a tareas productivas. Además, ninguno de los campesinos entrevistados declaró consultar con esposas o hijas sus decisiones laborales.
Entre las mujeres, la razón más mencionada para explicar por qué no se acercaban al surco fue que tenían "que atender la casa y a los hijos". Pero las estudiosas confirmaron, además, un motivo indirecto: en la mayoría de los casos, estas amas de casa no tenían una imperiosa necesidad económica ni social.
No obstante, una vía "que tienen las cubanas para encontrar su sitio en el surco, por encima de tradiciones, tozudeces y prejuicios, es el conocimiento", asegura Edith.
Ellas se han convertido, sin discusión, en avanzada de la fuerza laboral calificada de la isla, al representar más del 60 por ciento de sus profesionales y técnicos.
"El campo cubano está apostando a una paulatina introducción de técnicas de la agricultura intensiva, junto a otras tecnologías que requieren de mano de obra especializada, lo cual resulta, por transición, una oportunidad para ellas", acotó.
En julio de 2009 laboraban en el agro más de un millón 340.000 personas, sumados el sector estatal y cooperativo. Las mujeres representaban apenas el 19,2 por ciento de esa cifra. Sin embargo, de los 101.846 trabajadores considerados fuerza calificada, representaban casi el 39 por ciento.
Por otra parte, datos recogidos por la Federación de Mujeres Cubanas, única organización femenina que agrupa a unos cuatro millones de cubanas, dan cuenta de que las campesinas dirigentes en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños aumentaron de 12 a 32 por ciento entre 2000 y 2007.
En la Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA), una de las organizaciones del campo cubano con mejor definición de sus objetivos en función de la equidad de género, 38 por ciento de los órganos de base son dirigidos por mujeres, precisó.
Colombia: Internet, una amenaza y un aliado de las mujeres
Por Ángela Castellanos Aranguren
Bogotá, abril (SEMlac).- Con el taller de formación en el uso de herramientas de Internet para 30 colombianas de organizaciones que trabajan contra la violencia hacia las mujeres y niñas, realizado en esta capital del 18 al 21 de marzo, avanza el proyecto de Objetivos de Desarrollo del Milenio No 3 (ODM).
Ese programa, que busca impulsar el cumplimiento del ODM de "promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer" en Argentina, Brasil, Colombia y México, está a cargo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC).
El énfasis está en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.
Entre las estrategias se encuentran los informes nacionales sobre la interrelación de TIC y violencia contra las mujeres y los talleres de Intercambio Tecnológico, de los cuales el tercero se realizó en Bogotá, y los dos primeros en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Cuernavaca (México), respectivamente.
El socio de APC en Colombia es Colnodo, pero dado que esta entidad no trabaja el tema de violencia contra la mujer, delegó la elaboración del informe sobre la situación en este país a la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE).
El acceso a Internet en Colombia, como en el resto de la región, ha crecido notoriamente en la última década. De hecho, su uso pasó de menos del cinco por ciento registrado en el año 2000 a 38 por ciento en 2008, según datos oficiales citados en el informe de CIASE.
En cuanto a la telefonía celular, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística indicó que en 2009 el 83,8 por ciento de los hogares colombianos tenía acceso a telefonía celular.
"Llama la atención que, entre la población joven y la adulta, el porcentaje de mujeres que usa Internet es mayor al de hombres", dice el estudio de CIASE.
"Esto se debe en parte a que las mujeres somos más que los hombres y a que las colombianas hemos hecho grandes avances en el acceso a la educación", afirmó a SEMlac Lida Núñez, coautora del informe. Sin embargo, habría que realizar un estudio a profundidad para establecer las causas por las cuales las mujeres registran mayores porcentajes de acceso a Internet.
Menos favorable es el balance sobre el uso de las TIC para combatir la violencia hacia las mujeres, ya que las herramientas virtuales se limitan prácticamente a la difusión de informes, videos o programas radiales, tanto en el sector público como el privado.
Dos excepciones destacadas en la investigación colombiana son el sitio Web de la Fundación Esperanza, ONG que lucha contra la trata de personas, el cual tiene un chat para responder a las inquietudes de la ciudadanía, y el de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, que utiliza este medio para facilitar el acceso de las mujeres a las Comisarías de Familia y realizar consultas en línea.
Lucy Niño, la coautora del informe, subraya que las TIC también son utilizadas en Colombia para promover la violencia contra las mujeres. De hecho, las páginas de Internet son los medios predilectos para publicitar el turismo sexual y la pornografía por los tratantes de personas. También, los delincuentes que hacen pornografía con menores suelen captar a niños y niñas a través de los sitios Web que tienen chat.
Frente a este fenómeno, el Ministerio de Comunicaciones ha lanzado el programa Internet sano, que busca estimular la guía y el control por parte de padres y madres de familia del uso de los menores a esa red que limita el acceso a sitios con pornografía, pero que descuida los mecanismos en que los delincuentes se ganan la confianza de sus hijos e hijas.
Bogotá, abril (SEMlac).- Con el taller de formación en el uso de herramientas de Internet para 30 colombianas de organizaciones que trabajan contra la violencia hacia las mujeres y niñas, realizado en esta capital del 18 al 21 de marzo, avanza el proyecto de Objetivos de Desarrollo del Milenio No 3 (ODM).
Ese programa, que busca impulsar el cumplimiento del ODM de "promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer" en Argentina, Brasil, Colombia y México, está a cargo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC).
El énfasis está en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas.
Entre las estrategias se encuentran los informes nacionales sobre la interrelación de TIC y violencia contra las mujeres y los talleres de Intercambio Tecnológico, de los cuales el tercero se realizó en Bogotá, y los dos primeros en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) y Cuernavaca (México), respectivamente.
El socio de APC en Colombia es Colnodo, pero dado que esta entidad no trabaja el tema de violencia contra la mujer, delegó la elaboración del informe sobre la situación en este país a la Corporación de Investigación y Acción Social y Económica (CIASE).
El acceso a Internet en Colombia, como en el resto de la región, ha crecido notoriamente en la última década. De hecho, su uso pasó de menos del cinco por ciento registrado en el año 2000 a 38 por ciento en 2008, según datos oficiales citados en el informe de CIASE.
En cuanto a la telefonía celular, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística indicó que en 2009 el 83,8 por ciento de los hogares colombianos tenía acceso a telefonía celular.
"Llama la atención que, entre la población joven y la adulta, el porcentaje de mujeres que usa Internet es mayor al de hombres", dice el estudio de CIASE.
"Esto se debe en parte a que las mujeres somos más que los hombres y a que las colombianas hemos hecho grandes avances en el acceso a la educación", afirmó a SEMlac Lida Núñez, coautora del informe. Sin embargo, habría que realizar un estudio a profundidad para establecer las causas por las cuales las mujeres registran mayores porcentajes de acceso a Internet.
Menos favorable es el balance sobre el uso de las TIC para combatir la violencia hacia las mujeres, ya que las herramientas virtuales se limitan prácticamente a la difusión de informes, videos o programas radiales, tanto en el sector público como el privado.
Dos excepciones destacadas en la investigación colombiana son el sitio Web de la Fundación Esperanza, ONG que lucha contra la trata de personas, el cual tiene un chat para responder a las inquietudes de la ciudadanía, y el de la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá, que utiliza este medio para facilitar el acceso de las mujeres a las Comisarías de Familia y realizar consultas en línea.
Lucy Niño, la coautora del informe, subraya que las TIC también son utilizadas en Colombia para promover la violencia contra las mujeres. De hecho, las páginas de Internet son los medios predilectos para publicitar el turismo sexual y la pornografía por los tratantes de personas. También, los delincuentes que hacen pornografía con menores suelen captar a niños y niñas a través de los sitios Web que tienen chat.
Frente a este fenómeno, el Ministerio de Comunicaciones ha lanzado el programa Internet sano, que busca estimular la guía y el control por parte de padres y madres de familia del uso de los menores a esa red que limita el acceso a sitios con pornografía, pero que descuida los mecanismos en que los delincuentes se ganan la confianza de sus hijos e hijas.
República Dominicana: Se multiplican los crímenes de violencia contra la mujer
Por Mirta Rodríguez Calderón
Santo Domingo, abril (Especial de SEMlac).- La irrupción en el panorama nacional dominicano de un potencial asesino en serie, que habría ultimado en los últimos 10 días a cuatro mujeres, presumiblemente trabajadoras sexuales, agrega perversidad y dramatismo al problema de la violencia contra las mujeres en este país donde, pese a esfuerzos innegables, el crimen contra ellas no cesa.
En una población de algo más de ocho y medio millones de habitantes, cada 36 horas una mujer ha sido baleada, acuchillada o ha perecido golpeada solamente en el mes de enero.
Otras han aparecido muertas, con su cabeza machacada, cual parece ser el modus operandi del asesino de Villa Mella y Boca Chica, dos poblaciones muy cercanas a la capital dominicana, a menos de una hora del centro, hacia el este, la primera urbana y la otra de playa turística.
Aunque detalles morbosos no agregan mayores elementos, hasta ahora las cuatro víctimas halladas han sido lanzadas en parajes deshabitados, semidesnudas y con evidencias de violación, según el dictamen forense, lo que contribuye al clima de intranquilidad donde, no obstante, hay múltiples matices.
La joven magistrada Roxanna Reyes, procuradora general adjunta para Asuntos de la Mujer, asegura a SEMlac que una disminución del 35 por ciento de los feminicidios íntimos y que un número importante de las denuncias de las mujeres en el presente sean por violencia psicológica y verbal, habla de los avances que se van logrando. "Las mujeres no esperan a que les den, cuando observan que eso viene, van y denuncian", precisa.
La jurista, quien lidera el tema desde hace casi cuatro años en el Ministerio Público, mencionó la expresión "feminicidios íntimos", término muy debatido porque enmascara la real dimensión del problema, si se considera que mujer muerta es mujer asesinada, sea en una riña callejera o en el interior del hogar.
En esa lógica, los asesinatos así clasificados habrían sido 92 el año pasado y los generales 199, mientras que sólo en enero los primeros fueron 12 y los generales 18.
La doctora Reyes Acosta resaltó, sin embargo, "la trascendencia jurídica de que la noción feminicidio esté aceptada en la terminología pública y en los medios de difusión", pese a no estar contenida en Códigos y leyes de país.
"Sabemos bien cuánto le cuesta a una mujer ir a denunciar, pero cada una que lo hace está consiguiendo alejar muchísimo la posibilidad de que ese hombre que la amenaza, que le grita u ofende, llegue a asesinarla", agregó.
Según la clasificación establecida por la Procuraduría General de la República, los feminicidios generales son la sumatoria de los feminicidios íntimos y los no íntimos, considerados entre estos los asesinatos cometidos por hombres o mujeres con quienes la víctima no tenía ninguna relación pasional. En esta categoría caen robos, riñas, violaciones sexuales y hechos ocurridos de manera accidental.
Para la Procuradora, uno de los problemas que afronta en su trabajo es la falta de recursos: "las limitaciones en el presupuesto hacen que, por más que yo quiera, no pueda ser más ejecutiva. No puedo exigirles a los Fiscales si no tengo herramientas que darles, ni cómo cuidarlos y cuidarlas, porque se necesita pensar también en los riesgos del Ministerio Público", comenta.
Reyes tiene, por demás, otras insatisfacciones: "el Ministerio de Salud Pública tiene que acabar de entender que la violencia es un problema de salud. Hay un protocolo que no se aplica. Si médicos y psicólogos no hacen su parte, las víctimas resultan revictimizadas. Y también al Ministerio de la Mujer le toca hacer más", agrega.
El personal de salud no observa ni aplica adecuadamente las Normas para el Tratamiento de la Violencia. La mayoría de los casos que llegan a sus manos no son reportados ni reciben seguimiento, pese al trauma y las consecuencias que suponen tales actos para la salud de las mujeres.
Una frustración frecuente entre quienes intentan frenar la violencia en República Dominicana se relaciona con la actuación de los y las juezas que, no pocas veces, parecen proteger a feminicidas y abusadores al propiciarles impunidad con tecnicismos legales.
La Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer no suscribe ese punto de vista, aunque reconoce que hay razones en la gente para sustentarlo. Ella cree que "estamos avanzando como nunca" y elogia la labor de la presidenta de la Comisión de la Mujer del Poder Judicial, Eglis Smurdoc, con quien ha conseguido coordinaciones positivas para la causa que defienden.
"Poco puede hacer el Ministerio Público cuando se realizan todos los esfuerzos preparando un caso y luego -so pretexto de la imparcialidad- los jueces los desestiman y no actúan consecuentemente, de acuerdo con la Ley. Creo que se ha ido logrando una mayor sensibilización y se va reconociendo que un caso de violencia contra la mujer o un feminicidio no puede ser visto ni juzgado como una bronca callejera o como el robo de una cartera…", argumenta.
República Dominicana tiene desde 1997 una Ley contra la Violencia Intrafamiliar que no satisface completamente a quienes entienden el problema, pero ofrece pautas para sanciones ejemplarizantes. Esas, sin embargo, suelen faltar en la mayoría de los juicios.
Las denuncias no bastan
Sólo en la capital, Santo Domingo, con una población total de 913.540 habitantes, las denuncias de este tipo de abusos llegaron a 6.475 el pasado año. Aunque no se han informado hasta ahora los datos de 2010, las evidencias hacen presumir que será superada.
Más allá de las estadísticas, los pasos para que una mujer consiga una orden de protección -incluida que ella misma haga la notificación al agresor- son tan tortuosos que no pocas desisten antes de hacer la denuncia.
Así opina la abogada feminista Susi Pola, quien participó los días 15 y 16 de marzo en un encuentro en El Salvador con la Relatora de Naciones Unidas para la Violencia contra la mujer. Allí presentó un tema, justamente, sobre feminicidios, sobre lo cual habló en diálogo con SEMlac.
Al conocer de manera directa de las situaciones que viven las mujeres de otros países de Mesoamérica y el Caribe, ¿cómo valoraría las realidades dominicanas?
En lo que respecta a la violencia contra la mujer, estamos muy mal. Cuesta trabajo creer que un país como el nuestro, donde hay una legislación penal específica desde hace más de 12 años; donde el sistema de atención desde la justicia tiene una estructura mínima; donde la mayoría de los feminicidios por violencia contra la mujer son íntimos; y donde casi el total de esos crímenes están registrados en la justicia, tengamos índices altos de impunidad y los asesinatos de mujeres vayan en incremento.
Hay que trabajar en la capacitación de los y las servidores y servidoras, con el registro y las estadísticas; pero, sobre todo, hay que asegurar una buena asesoría de género, por personas preparadas. Es imprescindible que la administración del Estado transversalice sus programas, proyectos y también las evaluaciones con enfoques de género.
Pese a que pareciera haber más feminicidios por la recurrencia con que se reflejan en la prensa, algunos criterios autorizados afirman que no, que la disminución es notable. ¿Usted cómo lo ve?
No, no es una impresión, es verdad que van en aumento. Basta con analizar los datos. Y eso que son los datos oficiales, ¡de un sistema de registros que aún es ciego al género!
Es importante que todas las personas que trabajan con las estadísticas de muerte violenta se capaciten para transversalizar los datos y para poder utilizar los instrumentos creados, cuyos indicadores para nada sirven porque nadie los anota cuando recoge a las víctimas. Debe haber un acuerdo entre las instituciones vinculadas con el proceso y, en este sentido, en República Dominicana falta el aporte de Salud Pública, que no acaba de enterarse que la violencia contra la mujer es un problema grave de salud.
Nombrar el problema
En algunos foros expertos se discute si, conceptualmente, deben considerarse esta violencia y abusos como "violencia de genero", o si, por el contrario, tal calificación esfumina el hecho y lo mete en un saco que no se corresponde con la gravedad del crimen, por lo cual se reclama el uso del término violencia contra la mujer.
Para la académica Lourdes Contreras, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC, "en este, como en cualquier otro tema, el uso de los conceptos remite a líneas de pensamiento, enfoques e ideología", asegura a SEMlac.
En su opinión, al no diferenciar los términos de violencia basada en género y violencia contra las mujeres, tiende a darse cierta confusión, derivada de "poner en un mismo plano los conceptos género-mujer, que evade la esencia de que el concepto género remite a la relación social entre hombres y mujeres, que jerarquiza lo masculino", agrega.
"Por otro lado, en referencia a la violencia contra las mujeres, hay un posicionamiento político sobre el poder entre hombres y mujeres, que de alguna manera ubica la procedencia de las formas sistemáticas de dominación patriarcal y permite acercarse a las raíces del problema", comenta a SEMlac.
La profesora, reconocida feminista y militante de izquierda, cree que hay que hablar de mujeres. "De esa misma manera vale marcar la brecha entre el uso del término violencia contra la mujer o contra las mujeres, ya que cuando se explicita 'las mujeres' se trata de evidenciar las desigualdades de otra naturaleza que confluyen en su condición y posición, al observarse la cuestión de clases sociales, origen étnico o nacional, entre otros factores que también son de mucha importancia".
Es por ello que Contreras se inclina al uso del término violencia contra las mujeres, "trascendiendo al tradicional enfoque de familia", pero además "desde la consideración de que la transformación, el cambio cultural, imponen el trabajo de prevención que permita entender por qué y cómo hay que trabajar con los hombres".
Santo Domingo, abril (Especial de SEMlac).- La irrupción en el panorama nacional dominicano de un potencial asesino en serie, que habría ultimado en los últimos 10 días a cuatro mujeres, presumiblemente trabajadoras sexuales, agrega perversidad y dramatismo al problema de la violencia contra las mujeres en este país donde, pese a esfuerzos innegables, el crimen contra ellas no cesa.
En una población de algo más de ocho y medio millones de habitantes, cada 36 horas una mujer ha sido baleada, acuchillada o ha perecido golpeada solamente en el mes de enero.
Otras han aparecido muertas, con su cabeza machacada, cual parece ser el modus operandi del asesino de Villa Mella y Boca Chica, dos poblaciones muy cercanas a la capital dominicana, a menos de una hora del centro, hacia el este, la primera urbana y la otra de playa turística.
Aunque detalles morbosos no agregan mayores elementos, hasta ahora las cuatro víctimas halladas han sido lanzadas en parajes deshabitados, semidesnudas y con evidencias de violación, según el dictamen forense, lo que contribuye al clima de intranquilidad donde, no obstante, hay múltiples matices.
La joven magistrada Roxanna Reyes, procuradora general adjunta para Asuntos de la Mujer, asegura a SEMlac que una disminución del 35 por ciento de los feminicidios íntimos y que un número importante de las denuncias de las mujeres en el presente sean por violencia psicológica y verbal, habla de los avances que se van logrando. "Las mujeres no esperan a que les den, cuando observan que eso viene, van y denuncian", precisa.
La jurista, quien lidera el tema desde hace casi cuatro años en el Ministerio Público, mencionó la expresión "feminicidios íntimos", término muy debatido porque enmascara la real dimensión del problema, si se considera que mujer muerta es mujer asesinada, sea en una riña callejera o en el interior del hogar.
En esa lógica, los asesinatos así clasificados habrían sido 92 el año pasado y los generales 199, mientras que sólo en enero los primeros fueron 12 y los generales 18.
La doctora Reyes Acosta resaltó, sin embargo, "la trascendencia jurídica de que la noción feminicidio esté aceptada en la terminología pública y en los medios de difusión", pese a no estar contenida en Códigos y leyes de país.
"Sabemos bien cuánto le cuesta a una mujer ir a denunciar, pero cada una que lo hace está consiguiendo alejar muchísimo la posibilidad de que ese hombre que la amenaza, que le grita u ofende, llegue a asesinarla", agregó.
Según la clasificación establecida por la Procuraduría General de la República, los feminicidios generales son la sumatoria de los feminicidios íntimos y los no íntimos, considerados entre estos los asesinatos cometidos por hombres o mujeres con quienes la víctima no tenía ninguna relación pasional. En esta categoría caen robos, riñas, violaciones sexuales y hechos ocurridos de manera accidental.
Para la Procuradora, uno de los problemas que afronta en su trabajo es la falta de recursos: "las limitaciones en el presupuesto hacen que, por más que yo quiera, no pueda ser más ejecutiva. No puedo exigirles a los Fiscales si no tengo herramientas que darles, ni cómo cuidarlos y cuidarlas, porque se necesita pensar también en los riesgos del Ministerio Público", comenta.
Reyes tiene, por demás, otras insatisfacciones: "el Ministerio de Salud Pública tiene que acabar de entender que la violencia es un problema de salud. Hay un protocolo que no se aplica. Si médicos y psicólogos no hacen su parte, las víctimas resultan revictimizadas. Y también al Ministerio de la Mujer le toca hacer más", agrega.
El personal de salud no observa ni aplica adecuadamente las Normas para el Tratamiento de la Violencia. La mayoría de los casos que llegan a sus manos no son reportados ni reciben seguimiento, pese al trauma y las consecuencias que suponen tales actos para la salud de las mujeres.
Una frustración frecuente entre quienes intentan frenar la violencia en República Dominicana se relaciona con la actuación de los y las juezas que, no pocas veces, parecen proteger a feminicidas y abusadores al propiciarles impunidad con tecnicismos legales.
La Procuradora General Adjunta para Asuntos de la Mujer no suscribe ese punto de vista, aunque reconoce que hay razones en la gente para sustentarlo. Ella cree que "estamos avanzando como nunca" y elogia la labor de la presidenta de la Comisión de la Mujer del Poder Judicial, Eglis Smurdoc, con quien ha conseguido coordinaciones positivas para la causa que defienden.
"Poco puede hacer el Ministerio Público cuando se realizan todos los esfuerzos preparando un caso y luego -so pretexto de la imparcialidad- los jueces los desestiman y no actúan consecuentemente, de acuerdo con la Ley. Creo que se ha ido logrando una mayor sensibilización y se va reconociendo que un caso de violencia contra la mujer o un feminicidio no puede ser visto ni juzgado como una bronca callejera o como el robo de una cartera…", argumenta.
República Dominicana tiene desde 1997 una Ley contra la Violencia Intrafamiliar que no satisface completamente a quienes entienden el problema, pero ofrece pautas para sanciones ejemplarizantes. Esas, sin embargo, suelen faltar en la mayoría de los juicios.
Las denuncias no bastan
Sólo en la capital, Santo Domingo, con una población total de 913.540 habitantes, las denuncias de este tipo de abusos llegaron a 6.475 el pasado año. Aunque no se han informado hasta ahora los datos de 2010, las evidencias hacen presumir que será superada.
Más allá de las estadísticas, los pasos para que una mujer consiga una orden de protección -incluida que ella misma haga la notificación al agresor- son tan tortuosos que no pocas desisten antes de hacer la denuncia.
Así opina la abogada feminista Susi Pola, quien participó los días 15 y 16 de marzo en un encuentro en El Salvador con la Relatora de Naciones Unidas para la Violencia contra la mujer. Allí presentó un tema, justamente, sobre feminicidios, sobre lo cual habló en diálogo con SEMlac.
Al conocer de manera directa de las situaciones que viven las mujeres de otros países de Mesoamérica y el Caribe, ¿cómo valoraría las realidades dominicanas?
En lo que respecta a la violencia contra la mujer, estamos muy mal. Cuesta trabajo creer que un país como el nuestro, donde hay una legislación penal específica desde hace más de 12 años; donde el sistema de atención desde la justicia tiene una estructura mínima; donde la mayoría de los feminicidios por violencia contra la mujer son íntimos; y donde casi el total de esos crímenes están registrados en la justicia, tengamos índices altos de impunidad y los asesinatos de mujeres vayan en incremento.
Hay que trabajar en la capacitación de los y las servidores y servidoras, con el registro y las estadísticas; pero, sobre todo, hay que asegurar una buena asesoría de género, por personas preparadas. Es imprescindible que la administración del Estado transversalice sus programas, proyectos y también las evaluaciones con enfoques de género.
Pese a que pareciera haber más feminicidios por la recurrencia con que se reflejan en la prensa, algunos criterios autorizados afirman que no, que la disminución es notable. ¿Usted cómo lo ve?
No, no es una impresión, es verdad que van en aumento. Basta con analizar los datos. Y eso que son los datos oficiales, ¡de un sistema de registros que aún es ciego al género!
Es importante que todas las personas que trabajan con las estadísticas de muerte violenta se capaciten para transversalizar los datos y para poder utilizar los instrumentos creados, cuyos indicadores para nada sirven porque nadie los anota cuando recoge a las víctimas. Debe haber un acuerdo entre las instituciones vinculadas con el proceso y, en este sentido, en República Dominicana falta el aporte de Salud Pública, que no acaba de enterarse que la violencia contra la mujer es un problema grave de salud.
Nombrar el problema
En algunos foros expertos se discute si, conceptualmente, deben considerarse esta violencia y abusos como "violencia de genero", o si, por el contrario, tal calificación esfumina el hecho y lo mete en un saco que no se corresponde con la gravedad del crimen, por lo cual se reclama el uso del término violencia contra la mujer.
Para la académica Lourdes Contreras, directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC, "en este, como en cualquier otro tema, el uso de los conceptos remite a líneas de pensamiento, enfoques e ideología", asegura a SEMlac.
En su opinión, al no diferenciar los términos de violencia basada en género y violencia contra las mujeres, tiende a darse cierta confusión, derivada de "poner en un mismo plano los conceptos género-mujer, que evade la esencia de que el concepto género remite a la relación social entre hombres y mujeres, que jerarquiza lo masculino", agrega.
"Por otro lado, en referencia a la violencia contra las mujeres, hay un posicionamiento político sobre el poder entre hombres y mujeres, que de alguna manera ubica la procedencia de las formas sistemáticas de dominación patriarcal y permite acercarse a las raíces del problema", comenta a SEMlac.
La profesora, reconocida feminista y militante de izquierda, cree que hay que hablar de mujeres. "De esa misma manera vale marcar la brecha entre el uso del término violencia contra la mujer o contra las mujeres, ya que cuando se explicita 'las mujeres' se trata de evidenciar las desigualdades de otra naturaleza que confluyen en su condición y posición, al observarse la cuestión de clases sociales, origen étnico o nacional, entre otros factores que también son de mucha importancia".
Es por ello que Contreras se inclina al uso del término violencia contra las mujeres, "trascendiendo al tradicional enfoque de familia", pero además "desde la consideración de que la transformación, el cambio cultural, imponen el trabajo de prevención que permita entender por qué y cómo hay que trabajar con los hombres".
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