México: Mujeres viven estado de excepción de derechos

Por Sara Lovera y Miriam Ruiz


México, diciembre (SEMlac).- Enclavado en un lugar desconocido para las 20 millones de personas que viven o transitan por la mega urbe llamada ciudad de México, se encuentra el Refugio para Mujeres que viven Violencia Familiar y sus Hijas e Hijos, donde cada tanto se escuchan historias de violencia de género que hielan la sangre y retan cualquier construcción legal o de política pública.

En México, sede del 9º Seminario Internacional Políticas Públicas y Programas en casos de Violencia Familiar de Alto Riesgo, "miles de mujeres viven en un estado de excepción de derechos", afirma Margarita Guillé Tamayo. Y "los temas de mujeres no son temas de mujeres, son temas de Estado", asegura.

Ella es experta suplente del Estado Mexicano ante el Comité de Expertas en el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El Seminario se realizó los días 29 y 30 de noviembre de 2010, en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con participación de especialistas de Chile, Ecuador, España, Estados Unidos y México.

No es sólo un sencillo "tema de mujeres" la encrucijada que, por ejemplo, enfrenta un equipo de funcionarias e instituciones mexicanas al conocer la historia de "Rosa", quien con sus hijas e hijos huyó de una violencia extrema por más de una década, sólo para encarar que su hija pequeña había sido violada durante varios años por el mismo agresor, cónyuge y padre, respectivamente.

En el país existen 66 refugios para proteger a las sobrevivientes de violencia familiar de alto riesgo, de los cuales 44 son de la sociedad civil y 22 de gobierno, donde se reciben mujeres con un promedio de tres hijos, de acuerdo con la directora de la Red Nacional de Refugios, Rosa María Salazar Peralta.

Ella conoce demasiado bien la necesidad de hacer cumplir la ley, de salvaguardar la integridad de las sobrevivientes y sus familiares, así como de abrir nuevos caminos, si las instituciones educativas y de desarrollo entienden tan complejas necesidades.

"La violencia hacia las mujeres cuestiona la calidad democrática" de México, dijo luego de recordar que cada año se cometen 1.205 homicidios contra mujeres y mueren 16 mujeres cada día, por las secuelas de la violencia en este país.

En las narraciones que escucha el personal de estos centros a lo largo del continente, sean unidades de atención a la violencia familiar, de carácter ambulatorio, o refugios, aparecen frases como estas: "…le obligaba a comer sus heces…", "…tenía que dormir semidesnuda en el patio…", "…era forzada a que sus hijos miraran el acto sexual…", "…le rocío gasolina…", "…casi logró ahorcarla…", violación repetida por años.

Y aún así, las especialistas en violencia hacia las mujeres lamentan, con voz cansada pero todavía indignada, que el problema no se considera una prioridad de Estado.

Frente a esta complejidad, desde hace nueve años el gobierno de la ciudad de México, a través del Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, y la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social del Distrito Federal, organiza un seminario internacional sobre violencia, que este año retomó las políticas públicas en torno a la violencia familiar de alto riesgo y las casas de acogida.

Durante la reunión se recordó que en los 2.500 refugios que pertenecen a la Red Nacional contra la Violencia Doméstica en Estados Unidos o los tres de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, pasando por los 66 centros en México, se salvan vidas a diario, pese a las múltiples carencias, que van desde un eco insuficiente con las instituciones de policía, jueces y otras agencias estatales al escaso personal, voluntario o con sueldos inadecuados.

Ecuador comparte esta problemática. Marion Burger, de la Casa María Amor de Cuenca, considera que en el país andino no sólo la inestabilidad económica repercute en el ánimo del personal, sino la relación cotidiana que les deja la atención de las víctimas, lo que mina su estado emocional, aspecto que no se ha destacado como importante en la problemática de la violencia de género.

En el último panel de la reunión de especialistas, Rosa María Salazar Peralta presentó propuestas para hacer más eficiente la labor de estos refugios, tales como garantizar su financiamiento anual, lograr que se otorgue incapacidad en el trabajo a las mujeres que lo requieran por el tiempo que estén en el refugio y que cuenten con seguridad social y guarderías adecuadas para su jornada laboral.

Las niñas y niños en el albergue deben tener flexibilidad en los programas escolares, poder darse de alta y baja en escuelas, cambiar de escuela y tener confidencialidad mientras están en el albergue.

La directora del Refugio para Mujeres que viven Violencia Familiar y sus Hijas e Hijos, Paola Ferreyra Corona, llamó a la urgente atención que requiere este grupo que llega a este centro de la capital mexicana: 35 por ciento de la población atendida son mujeres y un total de 65 por ciento son sus hijas e hijos.

Rosa Salazar, fundadora ella misma de un refugio en Coahuila, estado en el norte mexicano, instó a que se establezcan convenios de capacitación y estímulos fiscales con empresas que ofrezcan empleo a las mujeres que egresan de los refugios y que se creen casas de transición en donde las usuarias y sus hijos e hijas vivan dos años, sólo se paguen los servicios públicos y tengan vigilancia permanente de seguridad pública, seguidas por crédito para vivienda.

Asimismo, considera indispensable que se cree un grupo especializado de seguridad pública para mover a las usuarias a refugios en diferentes ciudades cuando el caso lo requiera y un presupuesto específico para esos traslados, ya que pueden requerir viajar de un lado a otro del país.

Es necesario, agregó, "homologar las leyes de los estados con convenios internacionales" y capacitar -no solamente sensibilizar- a juzgadores e impartidores de justicia. Pidió que se garantice la guardia y custodia a la madre una vez que entra al refugio y que se cumplan las ordenes de protección.

Coincidente, el abogado Eduardo Murillo, representante de la organización mexicana Recreando A.C., lamenta que las mexicanas regresen con el agresor por temor a la falta de recursos económicos y a perder a los hijos.

Tras reconocer el valor que tienen los refugios para mujeres receptoras de violencia, no está conforme que sean lugares donde las que viven violencia son desarraigadas de su entorno familiar, social y laboral. Sería necesario "que la ley se cumpla y no se sancione a las que viven violencia, sino a los agresores."

Su experiencia, detalló, viene de la dificultad de lograr que en los juzgados se proteja la custodia de los hijos e hijas, e incluso la obligatoriedad de la pensión alimenticia.

La doctora Carmen López Rodríguez, de la Comisión para la Atención Integral de Malos tratos a Mujeres, de Madrid, España, sostiene que uno de los principales problemas es la falta de sensibilización de los cuerpos policíacos, jueces e incluso del mismo personal que atiende los refugios o los llamados puntos de encuentro -aquellos donde los padres agresores que han sido separados del hogar familiar puedan ver a sus hijos-, quienes carecen de conocimientos en perspectiva de género. En muchos casos el personal, compuesto por mujeres, se deja envolver por el agresor, dijo.



Seguridad, un tema pendiente

Uno de los temas de mayor debate actual es el secreto de los refugios para sobrevivientes de violencia familiar. En el caso de México o Chile, a la fecha, los refugios suelen mantenerse en locaciones desconocidas para el público en general.

La directora de la Red Nacional contra la Violencia Doméstica en Estados Unidos, Sue Else, explicó que actualmente en la Red que preside se opta por tener estos sitios de protección en lugares muy públicos. "La seguridad de un refugio se mide por la seguridad de la comunidad".

Desde su experiencia, encontraron que los albergues, a final de cuentas, eran conocidos por toda la comunidad de boca en boca, lo que daba "un falso sentido de seguridad". Actualmente, se apoyan en situarse en lugares muy públicos y en tecnología como cámaras y una relación cercana con la policía para proteger a las usuarias.

Según explicó durante el foro, una condición fue que las leyes de su país contra la violencia hacia las mujeres, al etiquetar recursos para las policías, abrieron una posibilidad de acercamiento con las fuerzas de seguridad pública. Esto no ocurre en otros países de nuestra región.



Y sin embargo… se mueve

Las activistas alrededor del globo que se suman a la campaña 16 Días de Activismo en contra de la Violencia hacia las Mujeres han asumido que una injusticia milenaria no se elimina en un día. Y frente a los retos, siempre hay pasos hacia adelante.

En la Ciudad de México, en 2009, fueron atendidas por violencia familiar de alto riesgo 427 personas y este 25 de noviembre de 2010, 728 sobrevivientes de violencia familiar recibieron el Seguro contra la Violencia.

Este les otorga un estipendio mensual de 1.500 pesos (aproximadamente US$ 125) durante un año para posibilitar el inicio de un nuevo camino, y se les acompaña con asesoría legal y terapéutica, informó María Elena Ortega Hernández, encargada de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social del Distrito Federal.

En Estados Unidos, pese a que todavía tres mujeres mueren por violencia familiar cada día, Sue Else informó que las medidas cautelares o restrictivas para los agresores se respetan, aun cuando las receptoras de violencia se muden de estado. "Sería muy bueno que ocurriera lo mismo entre México y Estados Unidos", propuso.

Por su parte, Soledad Andrea Acevedo Arenas, representante de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica, consideró que esta Red apuesta a "luchar por la transformación de un sistema y no sólo a luchar por impulsar nuevas políticas públicas" y agregó: "creemos que los cambios no vienen desde el estado, sino de la sociedad en su conjunto."