Violencia: El amor puede salirte caro

Por Sara Lovera



México, diciembre (SEMlac).- Los niveles de violencia derivados de la muy controvertida política de seguridad nacional, en sus múltiples dimensiones, están impactando de una manera alarmante en la vida de las mujeres en México.

Las asesinadas en las carreteras por los enfrentamientos suman ya más de 500. Otras 630 cayeron en la cruenta situación de ingobernabilidad sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el lugar emblemático donde se corrió la cortina del feminicidio.

Una derivación de este panorama es que, en los últimos 14 años, la población penitenciaria femenina aumentó en 193 por ciento, al pasar de 3.792 reclusas en 1996 a 11.099 en 2009.

La campaña denominada "El amor puede salirte Caro" (las letras de amor escritas en color rojo), informa que, de todas las apresadas, 317 son mujeres indígenas, la mayoría presumiblemente inocentes, según se confirma cuando se investiga y profundiza.

Investigaciones realizadas para la campaña aseguran que las mujeres viven una realidad compleja, al ser blanco fácil para la comisión de delitos. Muchos hombres, aprovechándose de los lazos afectivos, utilizan a hermanas, novias, esposas, parejas o madres para obligarlas o incitarlas a cometer algún acto criminal.

Los hombres recurren a la amenaza de abandonarlas o al chantaje de que ellos pueden vivir un peligro si ellas no colaboran en el transporte de droga o a introducirla al penal. En ocasiones simplemente las engañan, las usan de correo, les piden "que lleven un paquete o encargo sin saber que el contenido tiene algún tipo de droga".

La campaña busca prevenir a las mujeres, pedir que se informen, que conozcan las consecuencias legales ocasionadas por la venta, transporte y suministro de droga; y, aunque no logra llegar a los medios audiovisuales (como la televisión, por ejemplo), menudean carteles e información de mano, colocados y distribuidos en puertos, aeropuertos, estaciones de autobuses y otros sitios donde las mujeres acuden para moverse de un territorio a otro.

Los últimos informes de la Secretaría de Seguridad Pública reportaron que la población penitenciaria femenina a marzo de 2010 era de casi 11.000 mujeres, de ellas la mitad está en proceso y la otra mitad, sentenciada.

Los casos de atropello o injusticia son muchos. Tantos que, recientemente, los organismos de Derechos Humanos han liberado a tres mujeres indígenas, acusadas de secuestro, delito que en México es castigado con una pena muy alta.

Las investigaciones realizadas con registro de testimonios en video y largas averiguaciones de casos indican que un alto porcentaje de estas mujeres no sabían qué trasportaban y cuáles eran las consecuencias.

El 70 por ciento de las apresadas lo está por haber incurrido en materia de narcóticos, y están sentenciadas a largos años de prisión. Otras suman 30 por ciento y están acusadas y detenidas por robo; el tres por ciento por homicidio; hasta el nueve por ciento por portar armas de fuego y cinco por ciento por despojo (fraude) y lesiones. Por la suma de delitos acumulados, hay acusadas con más de uno.

El fenómeno creciente de esta incursión femenina, según la encuesta Mujeres y Hombres en México, revela que ellas se involucran más en algunos sitios de gran trasiego de drogas y de zonas identificadas de enfrentamiento entre cárteles y fuerzas de seguridad, como el Estado de México, que tiene el segundo lugar con 1.066 mujeres encarceladas.

En la capital del país hay 1.932; en Baja California (zona fronteriza con Estados Unidos) 785 y en Jalisco, antigua capital del narcotráfico, 702 mujeres.

Los datos del Instituto Nacional de las Mujeres también indican que desde hace una década (cuando llegó al poder el primer gobierno de derecha) se hizo visible la participación de ellas en los delitos de narcóticos, por posesión, venta o transporte.

Pero advierte que ha quedado claro que la mayoría son mujeres enganchadas por necesidad económica, pero de forma exponencial por dependencia afectiva, porque son amas de casa, cónyuges, novias o pareja. "Se ligaron a las drogas por ser esposas o parejas de traficantes".

La presidenta del INMUJERES, Rocío García Gaitán, explicó a SEMlac que puede afirmarse que ellas forman parte de un panorama de violencia de género poco estudiado, ya que "actúan por amor", ese amor o entrega dependiente, ese que se machaca como fundamental: el amor a sus hijos, a sus maridos, esa idea falsa de compromiso familiar, ese "respeto" a sus padres, que se subordina.

Aseguró que se pudo probar, durante el estudio para la campaña, que generalmente existe un hombre que las involucra y que ello está ligado a la condición y posición de las mujeres en la sociedad.

La investigación refiere cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las cuales muestran que las procesadas y sentenciadas tienen entre 20 y 44 años (etapa reproductiva) en general, pero el 63,3 por ciento tienen entre 20 y 39 años, casi igual de jóvenes que los hombres sentenciados por las mismas causas delincuenciales. Ellos representan el 70,6 por ciento.

De acuerdo con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, de la Cámara de Diputados (Congreso Federal), la mayoría de las mujeres privadas de su libertad, lo están por una nula o mala defensa jurídica de sus casos, lo que profundiza la evidencia de su condición subordinada, sin recursos económicos para los gastos de su defensa y por carecer de redes de apoyo que las ayuden.

Existen evidencias de que son abandonadas a su suerte en los reclusorios, las familias las dejan solas; las parejas las olvidan, el sistema penitenciario es discriminatorio y la sociedad las desprecia.

Explican en este Centro que las mujeres indígenas se encuentran en peor situación. La gran mayoría de ellas no saben por qué se las definió como delincuentes, no hablan o no entienden bien el español y no se les asigna intérprete adecuado, al que tienen derecho.

Otras internadas en los centros penitenciarios informaron que nadie las visita, por lo que ni preguntan si pueden obtener el beneficio de la libertad anticipada por buena conducta, ni sobre sus expedientes, ni asuntos de sustitución de la pena que podría ayudarles a salir más rápidamente o ser liberadas por falta de pruebas. Su reclusión va de cinco a 19 años.

La encuesta con las mujeres en la cárcel, que hizo este Centro para el Adelanto de las Mujeres, reveló que éstas apoyaban a su esposo en las ventas, encubrían a sus hijos o introducían drogas a los centros penitenciarios a solicitud de sus parejas.

Las indígenas manifestaron que lo hicieron también por pobreza. Se da el caso de que algunas transportaron drogas por unos cuantos pesos (entre uno y dos dólares). Muchas también se enrolan en la actividad delincuencial por el espejismo del consumo o la presión social de la identidad femenina como la belleza, los vestidos novedosos o la adquisición de joyas.

En México existen 429 centros de Readaptación Social (cárceles), de los cuales sólo 10 son femeniles y 237 mixtos, por lo que en reclusión las mujeres viven en condiciones opresivas, en lugares improvisados dentro de las cárceles, como bodegas o galerones, expuestas a toda clase de abusos sexuales por parte de otros reclusos o de las autoridades carcelarias, ya que hombres y mujeres apenas están separados por rejas endebles.

Elena Azaola, conocida investigadora de El Colegio de México, que ha publicado varios estudios de campo, afirma que las reclusas sufren una doble discriminación, que es frecuente que las mujeres indígenas sean juzgadas conforme a normas que no conocen y en una lengua que no es la suya; la mayoría recibe tortura, abusos o malos tratos por parte de los policías que las detienen.

Recogió testimonio de amenazas de jueces y familiares y pudo establecer que las reclusas son despojadas de sus propiedades y otros bienes. Las abandonadas por familiares y amistades están en cárceles muy alejadas de su lugar de origen, en la ruta de la droga.

Un examen más fino de su condición en prisión reveló que, con frecuencia, no son atendidas en sus necesidades y demandas y no reciben ayuda para localizar a sus familiares.

Por ello la campaña "El Amor puede salirte Caro" pretende hacer conciencia sobre esa idea de amor equivocada que acaba sometiéndolas y puede coadyuvar a que muchas mujeres tomen conciencia.

Aunque, el Centro de la Cámara de Diputados sostiene que esta situación no podrá cambiar mientras no exista una política integral de igualdad, un sistema donde la justicia funcione, y políticas de empoderamiento de la población femenina mexicana.