Breves Especiales

BREVES DEL 14 DE DICIEMBRE 2010

Pongámonos en los zapatos de los Refugiados, campaña de ACNUR. Primer Atlas Regional sobre el medio ambiente en América Latina. Campaña contra delitos sexuales y la trata de mujeres en Ecuador. Convocatoria para Maestría virtual en Género en Argentina.

Redactó Gabriela Mendoza Vázquez

Pongámonos en los zapatos de los Refugiados, campaña de ACNUR

Bogotá.- Para promover la convivencia y tolerancia de las personas hacia los refugiados y desplazados internos, mañana 15 de diciembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), lanzará la campaña "Pongámonos en los Zapatos de los Refugiados y Desplazados, demos el primer paso para entender su situación"

El portal del organismo, indica que la campaña será dada a conocer en la plazoleta del World Trade Center de Bogotá, Colombia a las 12:00 horas. En el acto Andrea Echeverri y Sebastián Yepes ofrecerán un pequeño concierto y se montará una exposición de zapatos.

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Primer Atlas Regional sobre el medio ambiente en América Latina

Washington.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de su programa para el Medio Ambiente (PNUMA), dio a conocer hoy, el primer Atlas regional sobre el estado del medio ambiente en América Latina y el Caribe, puntualiza el portal del organismo.

De acuerdo con la oficial de PNUMA, Silvia Giada, el Atlas será una herramienta de acceso libre en internet, que buscará reflexionar sobre las acciones futuras y las políticas públicas necesarias para implementar un desarrollo más sostenible en la región.

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Campaña contra delitos sexuales y la trata de mujeres en Ecuador

Ecuador.- Grupos y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres de la provincia de Manabí en Ecuador, iniciaron una campaña contra delitos sexuales y la trata de mujeres, a fin de erradicarlos en la entidad, informó el Colectivo Pro Derechos Humanos.

Las organizaciones, indicaron que la provincia de Manabí reporta un alto índice de violencia y delitos sexuales hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres, con lo que la entidad se ubica en el tercer lugar con esas problemáticas en el Ecuador. La campaña está dirigida a los sectores urbanos y rurales de la provincia.

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Convocatoria para Maestría virtual en Género en Argentina

Argentina.- La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Argentina y el Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas (PRIGEPP), convocan a la inscripción para su ciclo 2011, de la Maestría virtual en Género, Sociedad y Políticas.

La maestría abarca nuevos recursos conceptuales y metodológicos para interpretar y transformar, desde las políticas de igualdad de género, los escenarios nacionales, regionales y globales. Informes e inscripciones en: prigepp@flacso.org.ar

Violencia: El amor puede salirte caro

Por Sara Lovera



México, diciembre (SEMlac).- Los niveles de violencia derivados de la muy controvertida política de seguridad nacional, en sus múltiples dimensiones, están impactando de una manera alarmante en la vida de las mujeres en México.

Las asesinadas en las carreteras por los enfrentamientos suman ya más de 500. Otras 630 cayeron en la cruenta situación de ingobernabilidad sólo en Ciudad Juárez, Chihuahua, el lugar emblemático donde se corrió la cortina del feminicidio.

Una derivación de este panorama es que, en los últimos 14 años, la población penitenciaria femenina aumentó en 193 por ciento, al pasar de 3.792 reclusas en 1996 a 11.099 en 2009.

La campaña denominada "El amor puede salirte Caro" (las letras de amor escritas en color rojo), informa que, de todas las apresadas, 317 son mujeres indígenas, la mayoría presumiblemente inocentes, según se confirma cuando se investiga y profundiza.

Investigaciones realizadas para la campaña aseguran que las mujeres viven una realidad compleja, al ser blanco fácil para la comisión de delitos. Muchos hombres, aprovechándose de los lazos afectivos, utilizan a hermanas, novias, esposas, parejas o madres para obligarlas o incitarlas a cometer algún acto criminal.

Los hombres recurren a la amenaza de abandonarlas o al chantaje de que ellos pueden vivir un peligro si ellas no colaboran en el transporte de droga o a introducirla al penal. En ocasiones simplemente las engañan, las usan de correo, les piden "que lleven un paquete o encargo sin saber que el contenido tiene algún tipo de droga".

La campaña busca prevenir a las mujeres, pedir que se informen, que conozcan las consecuencias legales ocasionadas por la venta, transporte y suministro de droga; y, aunque no logra llegar a los medios audiovisuales (como la televisión, por ejemplo), menudean carteles e información de mano, colocados y distribuidos en puertos, aeropuertos, estaciones de autobuses y otros sitios donde las mujeres acuden para moverse de un territorio a otro.

Los últimos informes de la Secretaría de Seguridad Pública reportaron que la población penitenciaria femenina a marzo de 2010 era de casi 11.000 mujeres, de ellas la mitad está en proceso y la otra mitad, sentenciada.

Los casos de atropello o injusticia son muchos. Tantos que, recientemente, los organismos de Derechos Humanos han liberado a tres mujeres indígenas, acusadas de secuestro, delito que en México es castigado con una pena muy alta.

Las investigaciones realizadas con registro de testimonios en video y largas averiguaciones de casos indican que un alto porcentaje de estas mujeres no sabían qué trasportaban y cuáles eran las consecuencias.

El 70 por ciento de las apresadas lo está por haber incurrido en materia de narcóticos, y están sentenciadas a largos años de prisión. Otras suman 30 por ciento y están acusadas y detenidas por robo; el tres por ciento por homicidio; hasta el nueve por ciento por portar armas de fuego y cinco por ciento por despojo (fraude) y lesiones. Por la suma de delitos acumulados, hay acusadas con más de uno.

El fenómeno creciente de esta incursión femenina, según la encuesta Mujeres y Hombres en México, revela que ellas se involucran más en algunos sitios de gran trasiego de drogas y de zonas identificadas de enfrentamiento entre cárteles y fuerzas de seguridad, como el Estado de México, que tiene el segundo lugar con 1.066 mujeres encarceladas.

En la capital del país hay 1.932; en Baja California (zona fronteriza con Estados Unidos) 785 y en Jalisco, antigua capital del narcotráfico, 702 mujeres.

Los datos del Instituto Nacional de las Mujeres también indican que desde hace una década (cuando llegó al poder el primer gobierno de derecha) se hizo visible la participación de ellas en los delitos de narcóticos, por posesión, venta o transporte.

Pero advierte que ha quedado claro que la mayoría son mujeres enganchadas por necesidad económica, pero de forma exponencial por dependencia afectiva, porque son amas de casa, cónyuges, novias o pareja. "Se ligaron a las drogas por ser esposas o parejas de traficantes".

La presidenta del INMUJERES, Rocío García Gaitán, explicó a SEMlac que puede afirmarse que ellas forman parte de un panorama de violencia de género poco estudiado, ya que "actúan por amor", ese amor o entrega dependiente, ese que se machaca como fundamental: el amor a sus hijos, a sus maridos, esa idea falsa de compromiso familiar, ese "respeto" a sus padres, que se subordina.

Aseguró que se pudo probar, durante el estudio para la campaña, que generalmente existe un hombre que las involucra y que ello está ligado a la condición y posición de las mujeres en la sociedad.

La investigación refiere cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, las cuales muestran que las procesadas y sentenciadas tienen entre 20 y 44 años (etapa reproductiva) en general, pero el 63,3 por ciento tienen entre 20 y 39 años, casi igual de jóvenes que los hombres sentenciados por las mismas causas delincuenciales. Ellos representan el 70,6 por ciento.

De acuerdo con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, de la Cámara de Diputados (Congreso Federal), la mayoría de las mujeres privadas de su libertad, lo están por una nula o mala defensa jurídica de sus casos, lo que profundiza la evidencia de su condición subordinada, sin recursos económicos para los gastos de su defensa y por carecer de redes de apoyo que las ayuden.

Existen evidencias de que son abandonadas a su suerte en los reclusorios, las familias las dejan solas; las parejas las olvidan, el sistema penitenciario es discriminatorio y la sociedad las desprecia.

Explican en este Centro que las mujeres indígenas se encuentran en peor situación. La gran mayoría de ellas no saben por qué se las definió como delincuentes, no hablan o no entienden bien el español y no se les asigna intérprete adecuado, al que tienen derecho.

Otras internadas en los centros penitenciarios informaron que nadie las visita, por lo que ni preguntan si pueden obtener el beneficio de la libertad anticipada por buena conducta, ni sobre sus expedientes, ni asuntos de sustitución de la pena que podría ayudarles a salir más rápidamente o ser liberadas por falta de pruebas. Su reclusión va de cinco a 19 años.

La encuesta con las mujeres en la cárcel, que hizo este Centro para el Adelanto de las Mujeres, reveló que éstas apoyaban a su esposo en las ventas, encubrían a sus hijos o introducían drogas a los centros penitenciarios a solicitud de sus parejas.

Las indígenas manifestaron que lo hicieron también por pobreza. Se da el caso de que algunas transportaron drogas por unos cuantos pesos (entre uno y dos dólares). Muchas también se enrolan en la actividad delincuencial por el espejismo del consumo o la presión social de la identidad femenina como la belleza, los vestidos novedosos o la adquisición de joyas.

En México existen 429 centros de Readaptación Social (cárceles), de los cuales sólo 10 son femeniles y 237 mixtos, por lo que en reclusión las mujeres viven en condiciones opresivas, en lugares improvisados dentro de las cárceles, como bodegas o galerones, expuestas a toda clase de abusos sexuales por parte de otros reclusos o de las autoridades carcelarias, ya que hombres y mujeres apenas están separados por rejas endebles.

Elena Azaola, conocida investigadora de El Colegio de México, que ha publicado varios estudios de campo, afirma que las reclusas sufren una doble discriminación, que es frecuente que las mujeres indígenas sean juzgadas conforme a normas que no conocen y en una lengua que no es la suya; la mayoría recibe tortura, abusos o malos tratos por parte de los policías que las detienen.

Recogió testimonio de amenazas de jueces y familiares y pudo establecer que las reclusas son despojadas de sus propiedades y otros bienes. Las abandonadas por familiares y amistades están en cárceles muy alejadas de su lugar de origen, en la ruta de la droga.

Un examen más fino de su condición en prisión reveló que, con frecuencia, no son atendidas en sus necesidades y demandas y no reciben ayuda para localizar a sus familiares.

Por ello la campaña "El Amor puede salirte Caro" pretende hacer conciencia sobre esa idea de amor equivocada que acaba sometiéndolas y puede coadyuvar a que muchas mujeres tomen conciencia.

Aunque, el Centro de la Cámara de Diputados sostiene que esta situación no podrá cambiar mientras no exista una política integral de igualdad, un sistema donde la justicia funcione, y políticas de empoderamiento de la población femenina mexicana.

México: Mujeres viven estado de excepción de derechos

Por Sara Lovera y Miriam Ruiz


México, diciembre (SEMlac).- Enclavado en un lugar desconocido para las 20 millones de personas que viven o transitan por la mega urbe llamada ciudad de México, se encuentra el Refugio para Mujeres que viven Violencia Familiar y sus Hijas e Hijos, donde cada tanto se escuchan historias de violencia de género que hielan la sangre y retan cualquier construcción legal o de política pública.

En México, sede del 9º Seminario Internacional Políticas Públicas y Programas en casos de Violencia Familiar de Alto Riesgo, "miles de mujeres viven en un estado de excepción de derechos", afirma Margarita Guillé Tamayo. Y "los temas de mujeres no son temas de mujeres, son temas de Estado", asegura.

Ella es experta suplente del Estado Mexicano ante el Comité de Expertas en el Mecanismo de Seguimiento a la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

El Seminario se realizó los días 29 y 30 de noviembre de 2010, en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con participación de especialistas de Chile, Ecuador, España, Estados Unidos y México.

No es sólo un sencillo "tema de mujeres" la encrucijada que, por ejemplo, enfrenta un equipo de funcionarias e instituciones mexicanas al conocer la historia de "Rosa", quien con sus hijas e hijos huyó de una violencia extrema por más de una década, sólo para encarar que su hija pequeña había sido violada durante varios años por el mismo agresor, cónyuge y padre, respectivamente.

En el país existen 66 refugios para proteger a las sobrevivientes de violencia familiar de alto riesgo, de los cuales 44 son de la sociedad civil y 22 de gobierno, donde se reciben mujeres con un promedio de tres hijos, de acuerdo con la directora de la Red Nacional de Refugios, Rosa María Salazar Peralta.

Ella conoce demasiado bien la necesidad de hacer cumplir la ley, de salvaguardar la integridad de las sobrevivientes y sus familiares, así como de abrir nuevos caminos, si las instituciones educativas y de desarrollo entienden tan complejas necesidades.

"La violencia hacia las mujeres cuestiona la calidad democrática" de México, dijo luego de recordar que cada año se cometen 1.205 homicidios contra mujeres y mueren 16 mujeres cada día, por las secuelas de la violencia en este país.

En las narraciones que escucha el personal de estos centros a lo largo del continente, sean unidades de atención a la violencia familiar, de carácter ambulatorio, o refugios, aparecen frases como estas: "…le obligaba a comer sus heces…", "…tenía que dormir semidesnuda en el patio…", "…era forzada a que sus hijos miraran el acto sexual…", "…le rocío gasolina…", "…casi logró ahorcarla…", violación repetida por años.

Y aún así, las especialistas en violencia hacia las mujeres lamentan, con voz cansada pero todavía indignada, que el problema no se considera una prioridad de Estado.

Frente a esta complejidad, desde hace nueve años el gobierno de la ciudad de México, a través del Consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, y la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social del Distrito Federal, organiza un seminario internacional sobre violencia, que este año retomó las políticas públicas en torno a la violencia familiar de alto riesgo y las casas de acogida.

Durante la reunión se recordó que en los 2.500 refugios que pertenecen a la Red Nacional contra la Violencia Doméstica en Estados Unidos o los tres de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, pasando por los 66 centros en México, se salvan vidas a diario, pese a las múltiples carencias, que van desde un eco insuficiente con las instituciones de policía, jueces y otras agencias estatales al escaso personal, voluntario o con sueldos inadecuados.

Ecuador comparte esta problemática. Marion Burger, de la Casa María Amor de Cuenca, considera que en el país andino no sólo la inestabilidad económica repercute en el ánimo del personal, sino la relación cotidiana que les deja la atención de las víctimas, lo que mina su estado emocional, aspecto que no se ha destacado como importante en la problemática de la violencia de género.

En el último panel de la reunión de especialistas, Rosa María Salazar Peralta presentó propuestas para hacer más eficiente la labor de estos refugios, tales como garantizar su financiamiento anual, lograr que se otorgue incapacidad en el trabajo a las mujeres que lo requieran por el tiempo que estén en el refugio y que cuenten con seguridad social y guarderías adecuadas para su jornada laboral.

Las niñas y niños en el albergue deben tener flexibilidad en los programas escolares, poder darse de alta y baja en escuelas, cambiar de escuela y tener confidencialidad mientras están en el albergue.

La directora del Refugio para Mujeres que viven Violencia Familiar y sus Hijas e Hijos, Paola Ferreyra Corona, llamó a la urgente atención que requiere este grupo que llega a este centro de la capital mexicana: 35 por ciento de la población atendida son mujeres y un total de 65 por ciento son sus hijas e hijos.

Rosa Salazar, fundadora ella misma de un refugio en Coahuila, estado en el norte mexicano, instó a que se establezcan convenios de capacitación y estímulos fiscales con empresas que ofrezcan empleo a las mujeres que egresan de los refugios y que se creen casas de transición en donde las usuarias y sus hijos e hijas vivan dos años, sólo se paguen los servicios públicos y tengan vigilancia permanente de seguridad pública, seguidas por crédito para vivienda.

Asimismo, considera indispensable que se cree un grupo especializado de seguridad pública para mover a las usuarias a refugios en diferentes ciudades cuando el caso lo requiera y un presupuesto específico para esos traslados, ya que pueden requerir viajar de un lado a otro del país.

Es necesario, agregó, "homologar las leyes de los estados con convenios internacionales" y capacitar -no solamente sensibilizar- a juzgadores e impartidores de justicia. Pidió que se garantice la guardia y custodia a la madre una vez que entra al refugio y que se cumplan las ordenes de protección.

Coincidente, el abogado Eduardo Murillo, representante de la organización mexicana Recreando A.C., lamenta que las mexicanas regresen con el agresor por temor a la falta de recursos económicos y a perder a los hijos.

Tras reconocer el valor que tienen los refugios para mujeres receptoras de violencia, no está conforme que sean lugares donde las que viven violencia son desarraigadas de su entorno familiar, social y laboral. Sería necesario "que la ley se cumpla y no se sancione a las que viven violencia, sino a los agresores."

Su experiencia, detalló, viene de la dificultad de lograr que en los juzgados se proteja la custodia de los hijos e hijas, e incluso la obligatoriedad de la pensión alimenticia.

La doctora Carmen López Rodríguez, de la Comisión para la Atención Integral de Malos tratos a Mujeres, de Madrid, España, sostiene que uno de los principales problemas es la falta de sensibilización de los cuerpos policíacos, jueces e incluso del mismo personal que atiende los refugios o los llamados puntos de encuentro -aquellos donde los padres agresores que han sido separados del hogar familiar puedan ver a sus hijos-, quienes carecen de conocimientos en perspectiva de género. En muchos casos el personal, compuesto por mujeres, se deja envolver por el agresor, dijo.



Seguridad, un tema pendiente

Uno de los temas de mayor debate actual es el secreto de los refugios para sobrevivientes de violencia familiar. En el caso de México o Chile, a la fecha, los refugios suelen mantenerse en locaciones desconocidas para el público en general.

La directora de la Red Nacional contra la Violencia Doméstica en Estados Unidos, Sue Else, explicó que actualmente en la Red que preside se opta por tener estos sitios de protección en lugares muy públicos. "La seguridad de un refugio se mide por la seguridad de la comunidad".

Desde su experiencia, encontraron que los albergues, a final de cuentas, eran conocidos por toda la comunidad de boca en boca, lo que daba "un falso sentido de seguridad". Actualmente, se apoyan en situarse en lugares muy públicos y en tecnología como cámaras y una relación cercana con la policía para proteger a las usuarias.

Según explicó durante el foro, una condición fue que las leyes de su país contra la violencia hacia las mujeres, al etiquetar recursos para las policías, abrieron una posibilidad de acercamiento con las fuerzas de seguridad pública. Esto no ocurre en otros países de nuestra región.



Y sin embargo… se mueve

Las activistas alrededor del globo que se suman a la campaña 16 Días de Activismo en contra de la Violencia hacia las Mujeres han asumido que una injusticia milenaria no se elimina en un día. Y frente a los retos, siempre hay pasos hacia adelante.

En la Ciudad de México, en 2009, fueron atendidas por violencia familiar de alto riesgo 427 personas y este 25 de noviembre de 2010, 728 sobrevivientes de violencia familiar recibieron el Seguro contra la Violencia.

Este les otorga un estipendio mensual de 1.500 pesos (aproximadamente US$ 125) durante un año para posibilitar el inicio de un nuevo camino, y se les acompaña con asesoría legal y terapéutica, informó María Elena Ortega Hernández, encargada de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social del Distrito Federal.

En Estados Unidos, pese a que todavía tres mujeres mueren por violencia familiar cada día, Sue Else informó que las medidas cautelares o restrictivas para los agresores se respetan, aun cuando las receptoras de violencia se muden de estado. "Sería muy bueno que ocurriera lo mismo entre México y Estados Unidos", propuso.

Por su parte, Soledad Andrea Acevedo Arenas, representante de la Red Chilena contra la Violencia Doméstica, consideró que esta Red apuesta a "luchar por la transformación de un sistema y no sólo a luchar por impulsar nuevas políticas públicas" y agregó: "creemos que los cambios no vienen desde el estado, sino de la sociedad en su conjunto."