ABORTO CLANDESTINO

Causa de muerte materna

Lourdes Godínez Leal/CIMAC

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Distrito Federal (SSDF), el aborto constituye la tercera causa de muerte materna en esta entidad, las pocas cifras con las que se cuenta hablan de aproximadamente cien muertes al año por esta causa en los hospitales, en el periodo de 1993 a 2006.
Por ser un tema polémico y ante el tabú y estigma que representa para las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, hasta abril de 2007 --antes de aplicarse las reformas a la Ley de Salud del Distrito Federal que permiten a las mujeres interrumpir un embarazo hasta las 12 semanas de gestación-- era difícil tener un registro fidedigno de las mujeres que han muerto por esta causa.
A un año de la legalización de la interrupción del embarazo (ILE) se sabe por la SS capitalina, que la mayor demanda de la ILE se concentra en los grupos de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad, donde el 70 por ciento tiene estudios de educación secundaria, preparatoria y superior, y el 50 por ciento son solteras.
La mayor parte de las ILE que se han realizado son en promedio a las 9 semanas de embarazo y se están concentrando en los hospitales de Ticomán y Cuautepec, en la delegación Gustavo A. Madero; Belisario Domínguez y General de Iztapalapa en esta delegación, y en Inguarán y Balbuena, delegación Venustiano Carranza, tres delegaciones consideradas como de alta marginación en el DF.
Hoy, a un año de aprobada la ILE en abril de 2007, la medida enfrenta un proceso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR).
No obstante, en estos 12 meses las mujeres conocen y han hecho suya la nueva legislación, saben a dónde acudir a pedir consejería y muchas de ellas, pese a su deseo de realizarse una ILE, han desistido luego de la información ofrecida por la SS capitalina, organismo que ha reiterado que en el 30 por ciento de los casos las mujeres continuaron con su embarazo.
Pese a la discusión sobre su constitucionalidad, el Gobierno del DF a través de la SS, anunció esta semana su pretensión de que este derecho se extienda además de la red hospitalaria capitalina (14 hospitales) a sus clínicas y Centros de salud que cuenten con la infraestructura y los recursos humanos debidamente capacitados para realizar los procedimientos.
En un evento para conmemorar un año de la legislación, el secretario de Salud del DF, Manuel Mondragón y Kalb, principal aliado del movimiento de mujeres, de las reformas y de la aplicación de la ILE, se congratuló de los resultados de la ley.
Destacó que la consejería se ha cubierto al 100 por ciento en los 14 hospitales capitalinos: de las 11 mil 500 mujeres que han llegado a solicitar la ILE desde que se aprobó la legislación hasta la fecha, únicamente 7 mil 776 han decidido interrumpir el embarazo, dijo.
“El cien por ciento de las mujeres salen informadas para evitar embarazos no deseados y el 65 por ciento con un dispositivo intrauterino u otro método anticonceptivo”, detalló el funcionario.
El grupo de adolescentes fue considerado por Mondragón y Kalb, de alto riesgo en cuanto a cuestiones gineco obstetras, por lo que también anunció que los hospitales de Inguarán y Nicolás M. Cedillo en la Ciudad de México, ofrecerán servicios especializados específicamente para adolescentes.

AUDIENCIAS EN LA SCJN
Ante la demanda de inconstitucionalidad de las reformas realizadas en el DF en materia de aborto promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la República (PGR), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que por ser un tema de interés nacional y previo a la discusión que sostendrá sobre el tema realizaría audiencias públicas para escuchar las posturas de quienes están a favor y en contra de la legislación.
Se programaron seis audiencias para este fin que iniciaron el pasado 11 de abril con la presencia funcionarios de los organismos promoventes de la inconstitucionalidad de la ley, que centraron su participación en la defensa de la vida desde el momento de la concepción.
En esta primera audiencia, tanto José Luis Soberanes Fernández como Eduardo Medina Mora, de la CNDH y PGR respectivamente, insistieron --como lo han hecho desde que presentaron el recurso de inconstitucionalidad-- en la “invasión” de competencias al señalar que la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) no está facultada para legislar en materia de salud, así como en la violación de los artículos 1º, 3º, 4º, 13, 14, 17 y 123 constitucionales.
Mientras que en la segunda audiencia, realizada el viernes 25 de abril, se dieron cita quienes apoyan la nueva legislación. Leticia Bonifaz, en representación del Gobierno del Distrito Federal, y el diputado local Víctor Hugo Círigo por la ALDF, así como reconocidas feministas, centraron sus argumentos en la efectividad de la ley.
Con datos precisos de cuántas mujeres han hecho valer su derecho y de cuántas vidas se han salvado al evitar muertes por abortos mal practicados, feministas y representantes gubernamentales y diputados, sostuvieron que la Corte debe pronunciarse por el derecho de las mujeres a decidir.
No obstante, el secretario de Desarrollo Social del GDF, Martí Batres Guadarrama, admitió en un evento para celebrar un año de la ley, que hay preocupación sobre el debate que se dará en la SCJN y por el fallo que ésta dé, sobre todo “después de sus últimas actuaciones, donde sus decisiones no han sido justas”. Por lo que exhortó a las y los ministros a no tomar decisiones en contra de la vida de las mujeres y que pongan a miles de ellas al borde de la muerte.
La ILE es, dijo Batres Guadarrama, un asunto de equidad porque las mujeres pobres son las que más mueren a causa de abortos clandestinos, ya que con o sin ley las mujeres, incluso las de estratos económicos altos, han recurrido a abortos. La diferencia, dijo, es que estas últimas pueden pagar un buen hospital en el extranjero e interrumpen sus embarazos de forma segura.
El asambleísta local por el partido de la Revolución Democrática Víctor Hugo Círigo, denunció esta semana en conferencia de prensa, la existencia de una estrategia nacional para presionar a la Corte por parte de los grupos conservadores y de derecha, quienes sostuvo, han tenido encuentros con gente del Episcopado mexicano para frenar este derecho de las mujeres.
La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, Marisela Contreras Julián, coincidió con Círigo en que la derecha trata a toda costa de imponer su ideología conservadora “bajo una visión que retrocede en lugar de avanzar en materia de respeto y protección de los derechos humanos”.

MAYOR ACEPTACIÓN DE LA CIUDADANÍA
Una encuesta realizada por Ipos-Bimsa del 5 al 14 de abril de este año a solicitud de la organización civil especializada en derechos sexuales y reproductivos Population Council sección México, dada a conocer esta semana durante uno de los eventos convocados para conmemorar el primer aniversario de la ILE, señala que el 63 por ciento de la población capitalina acepta la ley.
De acuerdo a los resultados, hubo un incremento de casi el 20 por ciento en la aprobación de la ley en comparación con 2007, cuando se hizo la primera encuesta, a un mes de la aprobación de las reformas: de 46 por ciento en 2007, pasó a 63 por ciento en 2008.
Se ha convertido, además, en una ley muy conocida. Los medios de comunicación han jugado un papel importante en su difusión toda vez que, según detalla la misma encuesta, el 82 por ciento de las y los capitalinos que dijeron conocer la ley se enteraron en el 77 por ciento de los casos a través de la televisión y en un 9 por ciento por radio.
El 87 por ciento de quienes participaron en la encuesta (tanto hombres como mujeres) está a favor de la prevención de embarazos no deseados y el fortalecimiento de la educación sexual, mientras que 85 de cada cien dijo estar a favor de programas de salud reproductiva, métodos anticonceptivos de emergencia y uso del condón.
Más del cincuenta por ciento de las personas ha considerado esta ley como de “avanzada” y que evita las mujeres recurran a abortos clandestinos, mientras que 77 de cada cien, considera que esta ley beneficia principalmente a las mujeres pobres.
Destaca también que el 69 por ciento está de acuerdo en que la ley que permite la ILE se extienda a otras entidades federativas y el mismo porcentaje consideró que las mujeres provenientes de otras entidades federativas de la República mexicana pueden acudir al DF a solicitar este derecho.
El 46 por ciento cree que la mujer es quien deberá tomar la decisión final de interrumpir un embarazo no deseado y 34 por ciento opinó que debe ser una decisión de pareja (mujer y hombre).

MÁS ANTICONCEPTIVOS, MENOS ABORTO
La organización civil IPAS México, especializada en derechos sexuales y reproductivos, ha señalado en sus “Apuntes para el debate sobre aborto”, que cuando se realiza en condiciones legales y con personal capacitado es un procedimiento muy seguro, con una tasa de mortalidad cientos de veces inferior a cualquier evento obstétrico.
Contrario a lo señalado en continuas ocasiones por organizaciones de derecha sobre los efectos del aborto (practicado en condiciones seguras y legales), IPAS manifiesta que la ILE no afecta la fertilidad futura; no se asocia con el riesgo de desarrollar cáncer de mama y no hay evidencia de una relación causa-efecto entre el aborto inducido y una pobre salud mental.
IPAS considera que el aborto “nunca podrá eliminarse por completo” debido a varias razones, como las violaciones sexuales, las relaciones sexuales no protegidas, por fallas en los métodos anticonceptivos y por razones personales.
No obstante, una medida para disminuir el número de embarazos no deseados, de acuerdo a esta organización, es utilizando un mayor número de anticonceptivos, pues existe una relación directa entre los ideales reproductivos, es decir, el número de hijas e hijos que una mujer desea tener, la cobertura y el aborto inducido.
Diversos estudios han considerado que se requiere aumentar un 10 por ciento la cobertura anticonceptiva en una población para prevenir 1.6 abortos inducidos por cada mujer.

La organización civil ha destacado que en México menos de 40 de cada 100 adolescentes unidas usa anticonceptivos; lo mismo que 57 mujeres de cada 100 sin escolaridad y 52 de cada 100 mujeres de lengua indígena.

NUMERALIA
De acuerdo con datos de IPAS México: a 2003, entre 4 y 6 de cada 10 mujeres dijeron haber sido violadas alguna vez en su vida, el 65 por ciento entre los 10 y 20 años, al inicio de su etapa reproductiva.
Se estima que al año suceden 120 mil violaciones en el país. Y la probabilidad de un embarazo es de 8 a 10 por ciento por cada acto sexual no protegido.
Únicamente el 10 por ciento de mujeres violadas denuncia y la gran minoría lo hace después de las primeras horas, lo que le permitiría acceder a la anticoncepción de emergencia y evitar un embarazo.