México, septiembre (SEMlac).- El aborto clandestino en México sigue siendo una realidad lacerante: en seis años 28 mujeres fueron procesadas por esa razón, de más de 500 denuncias sólo en nueve de las 32 entidades del país y el 13 por ciento de las muertes maternas (unas 1,500) fue por esa causa. Sin embargo, cada minuto una mujer interrumpe su embarazo en esta nación.
Las secuelas del aborto en estas condiciones afectan la salud física y emocional de miles de mujeres, sin considerar el costo en atención, días laborables e injusticia social.
A partir del 29 de agosto se abre una posibilidad para que en México el aborto hasta las 12 semanas sea legal y posible, explicó a SEMlac el abogado Pedro Morales, pues tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se ha creado -dijo- una jurisprudencia que técnicamente obligaría a legalizar esta práctica a las otras entidades, que hoy lo prohíben y consideran como delito en sus distintos códigos penales.
Esta sentencia, afirmó por su parte la feminista Marta Lamas, es un avance fundamental para los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas. Marta, directora de la revista Debate Feminista y fundadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), es la más visible y tenaz luchadora por la despenalización del aborto en México.
En abril de 2006 la Asamblea de Representantes de la capital de la República modificó el Código Penal y la Ley de Salud locales para terminar con la ilegalidad del aborto, pero unos meses después la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Procuraduría General de la República solicitaron a la SCJN una declaratoria de inconstitucionalidad.
Sin embargo, la Corte declaró constitucionales las modificaciones en el Distrito Federal y ocho de los 11 ministros votaron por mantener la ley modificada. Los conservadores perdieron.
Según la Federación Internacional de Planificación de la Familia, 5.000 mujeres mueren al año por complicaciones relacionadas con abortos inseguros, cifra que corresponde al 21 por ciento de las muertes maternas a nivel mundial. En América Latina, donde cada año se realizan tres millones 800.000 abortos en condiciones de riesgo, esta práctica está legalizada solamente en Cuba, Puerto Rico y Guyana.
En una entrevista colectiva para SEMlac, María Consuelo Mejía, presidenta de Católicas por el Derecho a Decidir; María Luisa Sánchez Fuentes, directora de GIRE, Marta Lamas y el abogado Pedro Morales, asesor de estas organizaciones, coincidieron en que la decisión de la Corte es un reconocimiento a los derechos de las mujeres, aunque consideraron que el debate va a continuar, debido al activismo de la Iglesia católica.
Encuesta favorableMejía explicó, sin embargo, que de acuerdo con una encuesta realizada en abril de 2008 por la empresa Ipsos-Bimsa, a solicitud de la ONG Population Council, el 63 por ciento de los habitantes de la ciudad de México estuvo de acuerdo con las modificaciones legales.
El 66 por ciento opinó que la nueva ley es un avance para la sociedad mexicana, igual porcentaje consideró que se evita así que las mujeres recurran a abortos clandestinos e inseguros, el 77 por ciento afirmó que esa normativa beneficia de manera especial a las más pobres y el 69 está de acuerdo en que se extendiera a todos los estados de la República Mexicana.
La encuesta buscó conocer las opiniones y perspectivas de residentes del DF acerca de esta legislación y demostró importantes cambios de opinión y conocimiento, comparados con los resultados de sondeos similares, realizados en mayo de 2007.
La decisión de la SCJN fue recibida con júbilo por numerosos grupos de mujeres activistas, intelectuales y opinión pública, quienes siguieron puntualmente las audiencias públicas, donde se manifestaron los argumentos a favor y en contra de la interrupción legal del embarazo.
Estos dos factores, uno legal y el otro de percepción, hacen suponer que puede avanzar la legislación en otras entidades, dijo Morales. GIRE solicitó el año pasado al Instituto Federal de Acceso a la Información datos relativos a las mujeres que habrían sido procesadas por aborto, entre 2000 y 2007.
Sólo nueve gobiernos estatales respondieron.
Para este grupo la punibilidad era y es históricamente mínima, pero esa consulta mostró que en los estados fronterizos del norte es donde se han denunciado mayor número de mujeres, e incluso sentenciado, como son los casos de Baja California, Sonora y Nuevo León.
Igualmente confirmó que ello sucede en zonas donde gobierna el partido de la derecha, como Baja California, Guanajuato y Aguascalientes; y en estados muy conservadores donde gobierna el antiguo partido/estado, como Sonora y Coahuila, y sólo hay mujeres procesadas en un estado pobre como Guerrero, hoy gobernado por el partido social demócrata.
La directora de GIRE y la representante de Católicas por el Derecho a Decidir afirman, sin demasiado optimismo, que al avance histórico y sustantivo en la Capital se contrapone una campaña muy agresiva y conservadora iniciada el mismo día del acuerdo de la Asamblea (2007), recrudecida ahora con la decisión de la Corte.
Por eso, "habrá de mantenerse sin descanso la lucha por el derecho a la interrupción legal del embarazo", aseguran.
La Secretaría de Salud en el Distrito Federal confirma que, luego de un año y cinco meses desde que se cambió la ley, solamente 12.000 mujeres han recurrido a la interrupción legal del embarazo en sus 14 hospitales. Los nosocomios federales se han negado a cumplir con la ley en la capital.
En el mismo lapso, se legalizó, para los médicos, la objeción de conciencia y se desarrolló una política de atención y consejería para las demandantes de la interrupción legal del embarazo. En el Distrito Federal además sus instituciones han desplegado una campaña informativa y se ha distribuido una guía de acceso y consentimiento informado elaborada por GIRE.
Situación nacional
Actualmente en los códigos penales del país existen diversas excepciones al delito de aborto, por razones de violación sexual, grave daño a la salud de la madre, imprudencia de la mujer, malformaciones congénitas, inseminación artificial o por razones económicas.
A pesar de ello se mantiene como una dificultad global la inexistencia de reglamentos para hacer efectivo tal derecho, lo que ha ocasionado injusticias diversas. Además, la información disponible acerca del aborto inducido muestra que es difícil establecer con precisión el total realizado en condiciones inseguras. De acuerdo con el GIRE, las cifras varían dependiendo de la fuente.
El Consejo Nacional de Población registra la cantidad más baja de abortos inducidos en el país y el Instituto Alan Guttmacher, un número mucho mayor para la década de los noventa.
Esta entidad afirma que "existe evidencia de un subregistro de la mortalidad materna y de una incorrecta asignación de ciertas causas de defunción, en particular del aborto", y que ésta es la tercera causa de defunción materna en México, así como que se trata del 13 por ciento de todas las muertes maternas, cifra que sostiene la Organización Mundial de la Salud.
Algunos datos
En México se registran cerca de un millón 700.000 abortos al año, tanto espontáneos como provocados.
Del total de interrupciones del embarazo, aproximadamente el 50 por ciento son espontáneos y el otro 50 provocados.
Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud,(OMS) por cada 100.000 abortos ilegales en el mundo, se registran 1.000 muertes.
Si tomamos en cuenta estas cifras, en México habría aproximadamente 850.000 abortos ilegales, lo que de acuerdo con la OMS, provocaría la muerte de 8.500 mujeres cada año.(fin/semlac
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