Investigarán senadores violaciones a DH de Alberta y Teresa

Revisará SCJN recurso de apelación promovido por las mujeres otomíes

Por Gladis Torres Ruiz

México, DF, 17 mar 10 (CIMAC).- El Senado de la
República, el Congreso de Querétaro y el Gobierno
estatal, solicitaron la intervención del
Ejecutivo y de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) para que analicen con sensibilidad
el caso de las indígenas otomíes Alberta
Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, presas
por el presunto “secuestro” de seis elementos de
la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

Alberta y Teresa están presas desde hace 3 años,
el 21 de febrero de este año fueron sentenciadas
a 21 años de prisión, 91 mil pesos de multa y 70
mil pesos por concepto de “reparación del daño”.

Durante la sesión de ayer, el Senado de la
República aprobó un punto de acuerdo que tiene
como objetivo crear un Grupo Plural de Trabajo
que investigue las “posibles violaciones de
derechos humanos” contra Alberta y Teresa.

El punto de acuerdo presentado por la senadora
Socorro García Quiroz y Manlio Fabio Beltrones
del Partido Revolucionario Institucional (PRI),
pide la intervención de Felipe Calderón y del
Poder Judicial de la Federación para revisar la
situación de las indígenas otomíes.

El pasado lunes, el gobernador del estado José
Calzada Rovirosa, solicitó a la Cámara Alta
coadyuvar en la solución del caso a través de la
creación de una Comisión Especial, así como al
ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, presidente
de la SCJN, para que dicha instancia realice los
estudios jurídicos pertinentes para el esclarecimiento del caso.

También exhortó al Ejecutivo Federal para que a
través de la Procuraduría General de la República
(PGR), en coordinación con el Poder Judicial,
revise la situación jurídica de las indígenas.

La propuesta se turnó a la Junta de Coordinación
Política del Senado para su procesamiento
legislativo, con el respaldo del Pleno para que
sea abordado como de urgente y obvia resolución.

El senador Manlio Fabio Beltrones, realizó un
recuento de las irregularidades del caso de las
dos indígenas y recordó que desde julio de 2009,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)
dirigió una recomendación a la PGR en la que
denuncia la irregular integración de la averiguación previa.

“A pesar de ello los servidores públicos de la
PGR, violaron los derechos de la legalidad, a la
seguridad jurídica y a la procuración de justicia
de Alberta, Teresa y Jacinta Francisca Marcial,
esta última ya liberada en septiembre de 2009”.

A su vez, la SCJN, a petición del ministro Juan
Silva Meza, la ministra y los ministros de la
Primera Sala decidieron hacerse cargo del recurso
de apelación promovido por la defensa de Alberta
y Teresa, con lo que la revisión de la sentencia
quedará a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero.