La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), Rocío García Gaytán, llamó a las magistradas y juezas del país a sumar esfuerzos para encontrar en la impartición de justicia la principal y última instancia garante de los derechos de las personas y, sobre todo, de las mujeres.
Al inaugurar el Primer Encuentro Nacional e Internacional de Magistradas y Juezas, la funcionaria federal subrayó que la complejidad de los conflictos jurídicos y su solución requieren de algo más que voluntad política, tratados internacionales, leyes modernas y lógica jurídica.
“Requieren creatividad para integrar, componer y evaluar todos los elementos que se tienen a la mano sobre un conflicto particular; requieren acciones rápidas, decididas y certeras de todo el aparato de justicia y particularmente las mujeres demandan, además de lo anterior, que quienes imparten justicia tengan una mente abierta con criterio objetivo y libre de prejuicios”, manifestó.
La titular del INMUJERES aseguró que el Encuentro puede ser espacio donde se forjen iniciativas como la de crear un observatorio de justicia y género o la de crear una Red Nacional de Magistradas y Juezas en el país, con la finalidad de crear un mecanismo de comunicación e intercambio de información entre las impartidotas de justicia.
García Gaytán externo a las juezas y magistradas que pueden ver en el Instituto Nacional de las Mujeres el aliado que las apoyará en la construcción de acciones que fomenten la consolidación de una nación, en donde la discriminación, la desigualdad y la violencia sean cosas del pasado.
En nuestras sociedades, dijo, todavía existen relaciones de poder que impiden a las mujeres una vida plena en las esferas pública y privada, como se demuestra en la disparidad en el acceso a puestos de toma de decisión; en las barreras ideológicas y estructurales que les imposibilitan su acceso a una participación política y, en el caso particular de la impartición de justicia, el derecho a la propiedad de las mujeres es, posiblemente, uno de los derechos que menos se ha cuestionado y evaluado, pues pareciera que no existe problema alguno.
Afirmó que a nivel mundial hay un llamado a todas las sociedades, y en particular a los organismos encargados de impartir justicia, para que garanticen que las mujeres accedan a una justicia pronta y expedita, por lo que la formación, capacitación y especialización de ministros, ministras, jueces, juezas, secretarios y secretarias de acuerdos y en general toda persona involucrada con la impartición de justicia será imprescindible.
Finalmente, dejó dos cuestionamientos a las magistrados y juezas: ¿Será chantaje que una pareja o un hijo le pida a una mujer que introduzca droga al reclusorio porque si no lo matan, la mujer acceda a introducir 10 o 15 gramos de droga y le den una pena de 10 a 15 años de prisión? Y ¿es igual la pena a una mujer que transporta droga por primera vez a la de una que lo hace por quinta vez?
Por su parte, la licenciada Margarita Zavala señaló que es importante que las reformas legislativas incluyan una perspectiva de género para erradicar la discriminación hacia las mujeres.
Sostuvo que la discriminación no le conviene a nadie, pero en los ámbitos penal, civil, laboral y electoral hay un gran atraso en la equidad de género y en el acceso de las mujeres.
Indicó que el Poder Judicial es en donde más se han integrado las mujeres, “sospecho a veces que es porque no está muy bien pagado y porque tiene mucho quehacer”.
En este país, subrayó, el Presidente de la República está realmente comprometido y convencido con el tema de las mujeres y sabe muy bien que el desarrollo de los pueblos pasa por el desarrollo de las mujeres y que la justicia de los pueblos pasa también por la justicia de las mujeres.
En tanto, la magistrada Elvia Rosa Díaz de León D´Hers, consejera de la Judicatura Federal, expuso que la equidad de género implica la eliminación de estereotipos, funciones predeterminadas por el sexo de las personas, tradiciones inequitativas y otros factores de desigualdad que se construyen en las sociedades y que son modificables.
Por ello, apuntó, puede considerarse importante distinguir entre discriminación y segregación en el diseño de programas, principalmente para el ejercicio de las acciones afirmativas, entendidas éstas como las que intensifican o dan preponderancia a estrategias y guías concretas, con el propósito de nivelar las condiciones y las oportunidades entre hombres y mujeres, con prioridad en aquellos sectores en que la desigualdad es absolutamente notoria y causa de graves consecuencias.
Insistió en que como resultado de las acciones afirmativas, la población femenina no está siendo dotada graciosamente de privilegios y puntualizó que la finalidad es el trato igualitario. “La igualdad es un derecho fundamental, inherente a ambos sexos por su condición de seres humanos”.
Precisó que la maternidad, por ejemplo, que ha sido uno de los factores más recurrentes de discriminación laboral, revela la falta de consideración sobre su finalidad. Negar su condición especial equivale a negar la función social de perpetuar la especie, de la que son responsables mujeres y hombres.
La consejera de la Judicatura Federal destacó que las políticas públicas son el instrumento más poderoso e influyente en el proceso de equidad de género. Si el gobierno, como organización suprema del Estado, reconoce y protege el derecho a la igualdad e incorpora en sus políticas públicas las acciones convenientes y efectivas para ello, la sociedad en general habrá de tomar conciencia y apegarse a los lineamientos que rigen la vida social, económica y política de la nación.
En su oportunidad, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Senado de la República, Blanca Judith Díaz Delgado, enfatizó que no sólo se necesitan leyes, sino que éstas sean una respuesta real a los problemas que viven de manera cotidiana las mujeres mexicanas, pero se requiere la retroalimentación de magistradas y jueces porque son quienes imparten justicia con las herramientas que las legisladoras aportan.
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